Vaya directamente al contenido
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Cerrar]

Votación del 28 de febrero


“Extranjeros criminales”: la iniciativa que acalla a los jueces


Por Marc-André Miserez (con la colaboración de Armando Mombelli)


Las celdas en el aeropuerto de Zúrich donde los extranjeros expulsados suelen pasar los últimos días antes de abandonar el país. Hasta 10 000 personas sería expulsadas por año si los suizos aprueban la iniciativa de la UDC. (Keystone)

Las celdas en el aeropuerto de Zúrich donde los extranjeros expulsados suelen pasar los últimos días antes de abandonar el país. Hasta 10 000 personas sería expulsadas por año si los suizos aprueban la iniciativa de la UDC.

(Keystone)

La denominada iniciativa ‘de ejecución’ que propone la UDC (derecha conservadora) pretende imponer a los jueces la expulsión automática de los extranjeros que delinquen, sin analizar caso por caso. Una situación inaceptable para muchos magistrados que han lanzado un llamamiento a votar ‘no’.

Tres páginas y media. El nuevo artículo que la Unión Democrática de Centro (UDC) quiere incluir en la Constitución federal es diez veces más extenso que la media de los demás. La explicación es muy sencilla: Contrariamente a lo que se suele hacer en una Carta Magna, el artículo no expone un principio general, sino que enumera una lista de delitos que determinarán la expulsión del país si el autor no tiene la nacionalidad suiza.  Incluso si ha nacido en el país alpino.

Esto no tiene precedentes: el Código Penal se inscribe directamente en la Constitución, sin que el Parlamento tenga nada que decir. La maniobra no gustó a la cámara alta. En diciembre, el conjunto de los senadores (salvo los cinco de la UDC y el independiente Thomas Minder) firmaron una declaración contra esta iniciativa.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En noviembre de 2010, el pueblo y los cantones aceptan (52,9%) la iniciativa de la UDC denominada ‘A favor de la expulsión de los extranjeros criminales’ que contempla la prohibición de establecerse en Suiza de 5 a 15 años (20 años en caso de reincidencia) a todo extranjero culpable de un delito grave (asesinato, violación, atraco a mano armada, etc.), así como aquel que defrauda a la seguridad social. El Parlamento dispone de cinco años para traducir la iniciativa en ley.

Menos de dos años después, al considerar que las cosas no avanzan y que el Gobierno “pisotea la voluntad popular”, la UDC “toma las riendas” y lanza la denominada ‘iniciativa de ejecución’. El nuevo texto va mucho más lejos que el primero y contempla la expulsión automática incluso en el caso de delitos menores.

En este clima, el Parlamento elabora la legislación de aplicación de la primera iniciativa. En marzo de 2015, las dos cámaras deciden endurecer la legislación actual dejando un margen de apreciación a los tribunales, para respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La UDC monta en cólera, al considerar que Berna “sigue protegiendo a los delincuentes”.

Estas revisiones de la ley no han entrado en vigor. Se espera el veredicto de las urnas sobre la segunda iniciativa antes de aplicarlas, o de tirarlas a la basura en el caso de un ‘sí’ el 28 de febrero.

“Manual de expulsión”

A esta reacción completamente insólita del Senado precedió otra igualmente insólita de las Facultades de Jurisprudencia. A mediados de enero, 160 profesores de Derecho de todo el país firmaron un llamamiento a votar ‘no’ el 28 de febrero. Bajo el título ‘Suiza es un Estado de Derecho’, los signatarios denuncian que la iniciativa pretende “suprimir toda competencia de apreciación de un juez”. La Constitución federal no debe ser “desvirtuada en una especie de manual de expulsión”, sostienen.

“Nuestro llamamiento cuenta con las firmas de gran parte de los profesores de Derecho Público, Administrativo e Internacional de Suiza”, confirma Tobias Jaag, coautor del texto junto con Andreas Auer, fundador y director del Centro de Estudio y Documentación sobre Democracia Directa (c2d).

Según Auer, la iniciativa “pretende excluir todo margen de apreciación del juez. La UDC quiere expulsiones automáticas, a ciegas, que se apliquen independientemente de la extensión de la pena o del caso específico de la persona incriminada. Si uno comete un delito relativamente grave, o dos delitos menos graves, en el plazo de diez años, ¡fuera del país!”

Concretamente, si un extranjero cultivaba plantas de marihuana en su balcón cuando era joven y le pillaron, y nueve años después insulta a un policía durante una riña a la salida de un bar, será considerado como una persona lo suficientemente peligrosa como para que el juez se vea obligado a fallar automáticamente su expulsión.

Martin Schubarth, exjuez federal y profesor de Derecho, ya calificó la iniciativa de expulsión (aceptada en 2010) como “un escándalo”. A su juicio, “la UDC hace trampa” cuando pretende vender la iniciativa ‘de ejecución’ como “la voluntad del pueblo”. “Obviamente, si usted dice ‘echemos a los extranjeros que delinquen’, el pueblo va a decir ‘sí’. Pero si pregunta caso por caso, estoy seguro de que una gran mayoría va a rechazar la expulsión de fulano o mengano por el simple hecho de que carezca de pasaporte suizo”.

Esta posibilidad de analizar cada caso es también lo que defiende Andreas Auer. Esa es la función de un juez. “El pueblo no puede ser juez. El pueblo establece las reglas, pero quienes las aplican pueden ser solo los jueces”, puntualiza el profesor. Y los magistrados deben tener en cuenta un principio establecido en los artículos 5 y 36 de la Constitución, según los cuales la actuación del Estado debe ser “proporcionada al fin perseguido”.

Principio de proporcionalidad

El profesor de Derecho y diputado de la UDC reelegido en octubre pasado, Hans-Ueli Vogt, no comparte esta visión. A su juicio, “el sistema debe funcionar con normas que concretizan el principio de proporcionalidad de manera general. Este principio no se aplica en cada fallo de cada tribunal en cada caso individual”. Vogt cita como ejemplo el asesinato, delito por el que, según el Código Penal, un juez tiene prohibido dictar una pena inferior a los diez años de prisión.

“Tenemos también el caso del automovilista que circula a 140 km/h por la autopista y es captado por un radar de velocidad. Aunque vaya solo en el vehículo, no haya puesto en peligro la vida de nadie y estime que la multa es desproporcionada, tiene que pagarla. Por tanto, en la actualidad ya disponemos de normas obligatorias que limitan el margen de maniobra de los tribunales. Y está bien que así sea, pues no podemos consentir que la subjetividad del juez determine el veredicto”, argumenta Hans-Ueli Vogt.

Dos veces y media más expulsiones

Actualmente, el Código Penal ofrece a un juez la opción de expulsar a un criminal extranjero. Pero rara vez se dicta esta sentencia. No hay estadísticas federales, por lo que se han hecho extrapolaciones a partir de las cifras disponibles en los cantones: algunos cientos de expulsiones por año.

A petición de la Oficina Federal de Justicia, la Oficina Federal de Estadística calculó el número de expulsiones con las que habría que contar con las normas más severas que ha aprobado el Parlamento y los endurecimientos que exige la UDC. Así, en 2014, de haber estado vigente la ley de aplicación, Suiza hubiera podido expulsar a cerca de 4 000 personas. Con la iniciativa ‘de ejecución’, esta cifra se eleva a más de 10 000. Pero son solo cifras aproximativas. Y es que de ser aprobada la iniciativa, nadie puede decir qué van a hacer efectivamente los jueces.

Como todo Estado de derecho, en Suiza rige el principio de la separación de poderes. La justicia, por tanto, debería ser independiente. ¿Cómo lidiarán los jueces entre la expulsión automática y el principio de proporcionalidad? “Se verán confrontados a conflictos de conciencia insoportables”, preconiza Martin Schubarth.

“No está excluido que, pese a todo, el juez decida cumplir con su deber innato, que es evaluar cada caso en detalle tomando en consideración el conjunto de las circunstancias, sobre todo la situación familiar, profesional y personal del imputado”, espera Andreas Auer.

Para Hans-Ueli Vogt, las cosas están más que claras: “Por una cuestión de principio, debemos admitir que una norma más reciente y más concreta prevalece sobre el principio general”. En otras palabras: la iniciativa primará sobre la proporcionalidad que está inscrita en la Constitución, incluso si el jurista de la UDC ha manifestado, a título personal, sus reservas sobre la expulsión de los ‘secondos’, los denominados extranjeros de segunda generación nacidos en Suiza.

Esta idea saca a Martin Schubarth de sus casillas. “Si esta iniciativa es aceptada en las urnas, significará que Suiza dejará de existir como país humanitario”, sentencia el exjuez federal. El magistrado lo ilustra con un caso que le tocó instruir, el de un austriaco nacido en Suiza, completamente integrado en el país, que había matado a su esposa. “Entonces nos negamos a expulsarlo, a pesar de que el Código Penal nos otorga ese derecho. Porque desgraciadamente todos los años varios suizos matan a sus esposas, y nadie considera intolerable que permanezcan en el país. En cambio, cuando se trata de turistas del crimen, que no tienen vínculo alguno con este país y que simplemente vienen a cometer un delito, estoy de acuerdo en que seamos contundentes”.

Impensable en Alemania

Tras la indignación que causaron las agresiones sexuales en Colonia la noche del pasado 31 de diciembre, el Parlamento alemán debatió el 13 de enero la opción de endurecer las leyes que regulan la expulsión de ciudadanos extranjeros. Lo que propone Alemania va menos lejos que las disposiciones vigentes en Suiza con la iniciativa de expulsión y su correspondiente ley de aplicación, y que la ‘iniciativa de ejecución’ quiere endurecer.

Además, la expulsión automática –como está prevista en la iniciativa de la UDC– no existe en la República Federal Alemana ni en ningún otro país de la Unión Europea. Ni siquiera es objeto de debate. En Alemania, es impensable suprimir el análisis de cada caso concreto. El Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe no lo permitiría porque viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

(Fuente: Neue Zürcher Zeitung)


Traducción del francés: Belén Couceiro, swissinfo.ch

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

×