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Votaciones del 9 de febrero de 2020 ¿Se necesita en Suiza al menos un 10% de viviendas de utilidad pública?

edificio en obras

Suiza, país de inquilinos, decidirá el 9 de febrero de 2020 si se incorpora a la Constitución una cuota mínima de viviendas de utilidad pública.  

(Keystone / Gaetan Bally)

Para los partidarios de la iniciativa se trata de una medida “ventajosa para los arrendatarios y no para los especuladores”; en cambio, para sus adversarios es “perjudicial y contraproducente”. La iniciativa “Más viviendas a precios asequibles” será sometida a votación popular el 9 de febrero de 2020.

El contexto

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Suiza es considerada un “país de inquilinos”. A escala nacional, el 59% de los hogares, es decir, en torno a 2,2 millones, vivía, a finales de 2017, en una vivienda alquilada, según datos facilitados por la Oficina Federal de Estadística (OFEEnlace externo). 

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Una cifra que varía mucho según los cantones: del 39% en Valais a un 84% en Basilea-Ciudad. De hecho, en las principales ciudades suizas los precios de las viviendas están por las nubes y solo una pequeña parte de la población puede permitirse el lujo de adquirir una vivienda en propiedad.

El alquiler representa el gasto más elevado en el presupuesto de un hogar suizo medio. Según datos publicados por la OFE, en 2017 el alquiler medio mensual -considerando las viviendas de todos los tamaños- ascendía a 1 329 francos, con variaciones cantonales que van desde los 907 del Jura a los 1 837 de Zug.

Desde comienzos de este milenio los alquileres han aumentado ininterrumpidamente, según indica el índiceEnlace externo relativo publicado por la OFE. El fuerte aumento demográfico, junto con las bajas tasas de interés que han empujado las inversiones hacia la construcción de edificios de alta gama, son las principales causas de que en los grandes centros urbanos se haya producido una escasez de alojamientos de alquiler moderado y haya crecido el fenómeno de la gentrificación.

¿Qué pide la iniciativa?

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En este contexto, en otoño de 2015 se lanzó la iniciativa popular “Más viviendas a precios asequiblesEnlace externo”, que en 13 meses obtuvo las firmas de casi 105 000 personas con derecho a voto. Mediante una modificación del artículo constitucionalEnlace externo sobre la construcción de viviendas y el acceso a la propiedad, la iniciativa solicita en particular que:

  • la Confederación y los cantones colaboren para garantizar que, a escala nacional, al menos el 10% de las viviendas de nueva construcción sean de utilidad pública.
  • los municipios (comunas) y cantones sean autorizados a aplicar un derecho de prelación a su favor sobre terrenos aptos para la construcción de viviendas de utilidad pública.
  • la Confederación y las empresas vinculadas a ella, como por ejemplo los Ferrocarriles Federales o el Correo Suizo, den prioridad a los municipios y cantones en el caso de venta de terrenos propios.
  • las subvenciones públicas, por ejemplo, para saneamientos energéticos, se concedan solo a condición de que las intervenciones subvencionadas no supongan la pérdida de viviendas de alquiler moderado.

¿Quiénes están a favor y con qué argumentos?

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El comité de la iniciativaEnlace externo “Más viviendas a precios asequibles” está compuesto por la Asociación suiza de Inquilinos, la Federación de Cooperativas de Vivienda, el Partido Socialista, los Verdes, la Unión Sindical suiza y otras asociaciones.

Según los promotores de la iniciativa, “la voracidad de los especuladores”, que desean obtener ganancias cada vez mayores, es la causa de los “alquileres demasiado altos”. Un estudioEnlace externo publicado en 2017, y mencionado también en el mensajeEnlace externo del gobierno al Parlamento, muestra que los alquileres netos de las viviendas de utilidad pública son mucho más bajos que los de viviendas similares en alquiler convencional (es decir, con fines de lucro). En 2014 la diferencia media era del 15,4% a escala nacional y del 24% en las grandes ciudades.

En efecto, la construcción de viviendas de utilidad pública, generalmente a cargo de cooperativas pero también de otras entidades o fundaciones, no genera beneficios.

Promoviéndola se persigue uno de los objetivos socialesEnlace externo consagrados en la Constitución Federal: “la Confederación y los cantones trabajarán para conseguir que toda persona pueda encontrar, para sí misma y su familia, una vivienda adecuada en condiciones razonables”, recuerdan sus partidarios, subrayando que hoy día no se está haciendo lo suficiente y que las viviendas de utilidad pública existentes (equivalentes al 5% del mercado inmobiliario suizo) son insuficientes.

¿Quiénes están en contra y con qué argumentos?

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El gobierno y la mayoría del Parlamento se han alineado en contra de la iniciativa. Con excepción de los socialistas y los verdes, el resto de los principales partidos representados en las cámaras federales, junto con la Unión suiza de Artes y Oficios, y otras organizaciones empresariales, de propietarios de bienes raíces y de profesionales del sector inmobiliario, han formado un comité denominado “No a la iniciativa extremista sobre la viviendaEnlace externo”.

Según los adversarios de esta iniciativa, “la cuota absurda del 10%” a escala nacional es “demasiado rígida” y no responde a la demanda real. “Habría que cumplir la cuota aunque no hubiera demanda de viviendas de utilidad pública. Para controlar la aplicación de las cuotas y el cumplimiento de los nuevos reglamentos, sería necesario crear un aparato burocrático de control. Esto complicaría los trámites para obtener los permisos de construcción y retrasaría los proyectos de edificación”.

Por tanto, los adversarios de la iniciativa temen que pueda haber inseguridad. Eso provocaría que los inversores se contuvieran o incluso que abandonaran el mercado inmobiliario, con el consiguiente riesgo de una disminución de la construcción de nuevas viviendas y, por lo tanto, de escasez de apartamentos y nuevo aumento de los alquileres en el mercado libre.

El comité denuncia la naturaleza “nacionalizadora” de las disposiciones previstas en la iniciativa, que “contradicen fundamentalmente el orden económico suizo”, basado en las reglas del libre mercado. Considera además injusto que los contribuyentes tengan que pagar los costes adicionales que conllevaría la aplicación de la iniciativa, estimada por el Consejo Federal (Gobierno suizo) en 120 millones de francos al año.

Un contraproyecto indirecto

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El Consejo Federal considera que la vía propuesta por la iniciativa es errónea. Sin embargo, comparte el objetivo de aumentar las viviendas de alquiler moderado y reconoce que la construcción de viviendas de utilidad pública tiene ventajas no desdeñables.

Por esta razón, ha propuesto asignar un crédito de 250 millones de francos por 10 años al Fondo Rotatorio de la Confederación, al que pueden acudir las cooperativas de vivienda para obtener préstamos subvencionados. Un instrumento que ya existe y que, según el gobierno, ha dado buenos resultados.

El crédito ya ha logrado el respaldo del Parlamento. Si el 9 de febrero de 2020 saliera de las urnas un no a la iniciativa, el Fondo de Rotación recibiría esa nueva financiación.


Traducción del italiano: José M. Wolff, swissinfo.ch

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