¿Supresión del secreto bancario antes de 2014?
Dos años después de iniciar la flexibilización del secreto bancario, Suiza acepta hoy entregar información confidencial a otros gobiernos bajo circunstancias inimaginables ante de la crisis de los denominados subprime.
Las crecientes presiones de la OCDE, la UE y EEUU sobre los gigantes bancarios helvéticos reducen el margen de maniobra de la tercera plaza financiera más importante del mundo. Y la confidencialidad bancaria se desvanece.
A Suiza le costó decirlo. Sabía que se hallaba frente al principio del fin.
El secreto bancario había iniciado su proceso de extinción, razón por la que el mensaje emitido por el gobierno helvético el 13 de marzo de 2009 fue lacónico y técnico:
“El Consejo Federal decidió hoy que Suiza retome los estándares de la OCDE relativos a la asistencia administrativa en materia fiscal, conforme al Artículo 26 del Modelo de Convención de la OCDE.
“Suiza podrá pues intercambiar información, caso por caso, con otros gobiernos en respuesta a demandas fundamentadas.
“Asimismo, se compromete a negociar convenciones de doble imposición bajo las reglas de la OCDE. Y aclara que el secreto bancario suizo se mantendrá”.
A dos años de entonces, la historia que se ha escrito es muy distinta. Y los expertos apuntan hacia una desaparición del secreto bancario para el año 2014.
Presión global
El G-20, nuevo líder del mundo globalizado que aglutina a las principales potencias desarrolladas y emergentes, de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han tejido desde 2008 una sólida red contra los paraísos fiscales y contra aquellos países que, sin serlo -como Suiza- consentían con frecuencia la opacidad fiscal de sus clientes.
Suiza decidió ceder y aceptar que la evasión fiscal también es delito, y no sólo el fraude fiscal premeditado. Cabe recordar que su viraje de último minuto tenía que ver con el temor de ser incluida en la ‘lista gris’ de paraísos fiscales que anunciaría la OCDE en Londres en abril de 2009.
Paradójicamente, el objetivo helvético no se cumplió y Suiza sí fue considerada en la ‘lista gris’. No obstante, su anuncio en materia de secreto bancario ya no era reversible.
La prensa internacional destacó la noticia, y diarios como el helvético Blick anunciaron sin concesiones “el fin del secreto bancario”, una posición que el Gobierno desmintió tajantemente.
“El secreto bancario continua, solo responderemos a demandas de información concretas y fundamentadas presentadas por otros países”, afirmó entonces el Ministerio suizo de Finanzas.
No obstante, dos años después, Suiza ha suministrado información sobre cerca de 6.000 evasores potenciales de EEUU y otros países, según información del Ministerio de Finanzas.
¿Desaparición en menos de cinco años?
La UE redobla las presiones de transparencia fiscal sobre socios como Austria o Luxemburgo, países que al igual que Suiza han defendido férreamente el derecho a mantener su secreto bancario.
Y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha trabajado en una reforma a la Directiva de Fiscalidad del Ahorro que busca automatizar el intercambio de información confidencial entre gobiernos “antes de julio de 2014”.
Se trata de una iniciativa del socialista francés Benoit Hamon que ya consiguió el respaldo del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Las presiones para Suiza crecen pues sin pausa. Imposible andar sola en un mundo globalizado.
De hecho, el Instituto de Investigación Coyuntural de Zúrich, KOF, estima –junto con la austriaca Universidad de Linz- que Suiza perderá hasta un 45% de las fortunas que hoy administra si no abandona el secreto bancario antes de 2016.
Una pérdida que desmantelaría a la plaza financiera helvética bajo su concepción actual y que le haría perder más de un billón de francos suizos.
Onerosa afrenta fiscal
En tiempos de recuperación económica, los gobiernos necesitan nuevos fondos. Y los evasores serán la principal fuente de suministro.
El Parlamento Europeo calcula que solo en la Europa de los 27, el fraude fiscal supera los 270.000 millones de francos suizos cada año.
En el caso helvético, no existen estimaciones oficiales, pero Jean-Christian Lambelet, director del Instituto CREA de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Lausana y experto en el tema del secreto bancario, afirma que Suiza administrara un 40% de las fortunas privadas trasfronterizas (border-crossing) del mundo.
Un patrimonio que la Asociación Suiza de Banqueros (ASB) cifra en alrededor de 2,8 billones de francos.
Hasta un tercio de estos recursos podrían ser cuentas ubicadas en una ‘zona gris’, esto es, no declaradas al gobierno del país de origen del inversor.
Y Ginebra es la plaza más sensible, ya que –nuevamente según estimaciones de Lambelet- gestiona un 10% de las fortunas invertidas en el mundo.
En el terreno práctico, y aunque Suiza sostenga que el secreto bancario sigue vivo, los hechos muestran una realidad distinta.
Tras cercar al UBS por la red de evasión que promovió en EEUU durante la última década, en 2011 el turno le toca a Credit Suisse y a bancos como el Neue Zürcher Bank, vía demandas a ex directivos suyos que promovieron la evasión a través de cuentas en Suiza.
Hace un mes (15.02), el Ministerio de Finanzas volvió a inclinarse frente a la OCDE y anunció que pedirá menos requisitos a otros gobierno, a cambio de entregarles información confidencial sobre los clientes extranjeros de los bancos helvéticos.
Un número de cuenta del evasor potencial será suficiente, en lugar del nombre y domicilio expreso del investigado.
El secreto bancario se extingue. Y Suiza no puede hacer nada para impedirlo.
El profesor de Derecho Fiscal de la Universidad Libre de Bruselas, Thierry Afschrift, miembro del Instituto Constant Rebecque de Lausana, sostiene que la ofensiva contra el secreto bancario está dirigida también contra la “competencia fiscal”.
Los paraísos fiscales, asegura, son una pesadilla justo para los Estados con altas tasas impositivas. Y levantar el secreto bancario eliminaría el derecho de los ciudadanos de elegir y partir a plazas más competitivas.
Desde su perspectiva, defender el secreto bancario, como cualquier otro secreto profesional, es simplemente defender al individuo contra la opresión.
La Asociación de Banqueros Extranjeros en Suiza (ABES) propone el proyecto RUBIK como solución a las necesidades de intercambio de información fiscal entre gobiernos, sin levantar el secreto bancario.
Inspirado en el cubo tridimensional que exigía agrupar en cada cara un color diferente, busca caminos a través del esquema de impuestos liberatorios.
Concretamente, los bancos asumen el compromiso de retener los impuestos que deben pagar sus clientes extranjeros y los transfieren al fisco de sus respectivos países, sin revelar el nombre de los clientes.
Las desventajas: implicaría gravar tres tipos de ingresos (intereses, dividendos y ganancias de capital) y concertar con cada uno de los 27 gobiernos de la UE la tasa que debe retenerse y la forma de transferir los recursos.
El tema, aún en ciernes, será debatido en el Parlamento durante el próximo verano.
1934: El secreto bancario suizo adquiere estatus jurídico y se inscribe en la Ley Bancaria. Se aplica a fortunas nacionales y extranjeras.
1977: Los bancos suizos comienzan a indagar la proveniencia de los fondos que reciben.
2004: Suiza pacta con la UE un acuerdo de fiscalidad del ahorro que busca luchar contra en fraude fiscal, al tiempo que defiende la confidencialidad de los clientes.
2008: El escándalo UBS, desatado debido a que este banco promovió una red de evasión en EEUU, acrecienta la presión internacional para que Suiza suprima el secreto bancario.
2009: Para salir de la ‘lista gris’ de la OCDE de paraísos fiscales, Suiza acepta flexibilizar su secreto bancario. Ahora considerará también la ‘evasión’ como delito y no solo el fraude fiscal, pero se rehúsa al intercambio automático de información fiscal con otros países.
2011: Nuevamente, por temor a ser incluido en una ‘lista gris’ de la OCDE, Suiza acepta reducir los requisitos que pide a otros países para entregarles información bancaria confidencial, ligada a presuntos evasores.
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