A debate, el futuro del capital público en UBS
Las Comisiones de Finanzas del Parlamento suizo dedicarán una sesión a debatir qué debe hacer la Confederación Helvética con la tenencia de 9,3% del capital del banco número uno de Suiza, tras su rescate.
La intención del gobierno es colocar dicho papel entre inversionistas privados a la brevedad, pero la volatilidad de los mercados complica la perspectiva.
Las Comisiones de Finanzas del Parlamento suizo celebrará este jueves (14.04) una comparecencia en el seno de su sesión de trabajo en la que el tema de debate será: ¿Qué debe hacer el gobierno helvético con la participación que hoy tiene en el UBS y que equivale al 9,3% del capital del grupo?
Los dos principales invitados al estrado del debate serán el Presidente y ministro de Finanzas de Suiza, Hans-Rudolf Merz, y el presidente del UBS, Kaspar Villiger, quien durante más de una década formó también parte del gobierno suizo.
La noticia de la cita fue dada a conocer el pasado fin de semana por el Tages-Anzeiger y retomada con ahínco por medios internacionales como la agencia Reuters. El tema levanta interés en lo económico y en lo político. Ya el próximo 9 de junio se termina el llamado lock-up period (ver RECUADRO), es decir, el periodo en el que la Confederación Helvética no podía tocar las notas o títulos que le compró al banco número 1 de Suiza en octubre pasado para rescatarle de la quiebra.
Ahora, tendrá que decidir.
Al gobierno no le interesa guardar ese papel y convertirse en accionario formal en 2011 del UBS.
Primero, porque ser accionista de una empresa privada está lejos de ser el objetivo primario de un gobierno.
Segundo, y más importante aún, porque el UBS es un mal negocio en este momento para cualquiera de sus accionistas.
Sin embargo, los mercados –aún débiles- no están en condiciones de tomar ese papel, con lo que el panorama se complica.
Pocas alternativas
En septiembre pasado, mientras el banco estadounidense Lehman Brothers anunciaba su quiebra y los gobiernos de países vecinos, como Francia, Gran Bretaña o Alemania, se movilizaban para rescatar a sus principales instituciones financieras, Suiza callaba.
Las críticas llovieron entonces al mutismo del gobierno helvético.
Finalmente, el 16 de octubre, el Consejo Federal, el Banco Nacional de Suiza (BNS) y la Comisión Federal de Bancos (CFB) rompieron el silencio y anunciaron un plan de rescate que reposaba en dos grandes pilares:
1) Una recapitalización del UBS con recursos de la Confederación Helvética por 6.000 millones de francos suizos, a partir del otorgamiento de un crédito que le entregaba a cambio al gobierno notas convertibles en acciones (en abril del 2011).
2) La creación de un fondo financiado por el BNS de 68.000 millones de francos suizos dispuesto a absorber los activos tóxicos del UBS, es decir, todos aquellos créditos e instrumentos financieros que serían irrecuperables y que habían puesto sus finanzas en jaque, al grado de ponerlo en riesgo de bancarrota.
Sólo seis meses antes, una decisión colegiada de esta naturaleza por parte de gobierno y banco central habría sido absolutamente impensable. En medio de lo más álgido de la crisis financiera, parecía el único camino posible.
Acciones… ¿y ahora qué?
El gobierno suizo diseñó un esquema a partir del cual no se volvería accionista inmediato del UBS, la conversión obligatoria del préstamo en acciones tendría lugar 30 meses después, es decir, en abril del 2011. Y hasta el 9 de junio, la Confederación Helvética no tenía derecho a tocar o vender dicho papel.
El objetivo de ambas medidas era permitir que lo peor de la crisis pasara, los mercados se estabilizaran y existieran inversionistas privados interesados en tomar dicho papel.
Un regreso a la normalidad que no se vislumbra aún en absoluto.
Este jueves, las Comisiones de Finanzas del Consejo de los Estados (Cámara alta) y del Consejo Nacional (Cámara baja) sesionarán en Berna para cuestionar al ministro de Finanzas suizo, Hans-Rudolf Merz, y al presidente del Consejo del UBS, Kaspar Villiger, sobre qué planes tienen al respecto.
En su momento, Fabio Abate, legislador del Partido Radical Democrático (PRD), y presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo Nacional, confirmó el aval de los legisladores especializados en temas económico-financieros sobre la decisión del rescate al UBS.
Una vez pasado lo más severo de la contingencia, necesitan respuestas.
Confidencialidad
El futuro debate en el seno del Parlamento se ha conducido con una gran discreción.
Consultado sobre el encuentro por swissinfo, el UBS –en voz de su vocero Andreas Kern- declinó hacer comentarios sobre la reunión y explicó que es política del banco no ofrecer detalles sobre la agenda de sus directivos.
En tanto, Stefan Koller, secretario de la Comisión de Finanzas del Consejo Nacional, confirmó, por su parte, que el grupo de trabajo sesionará el jueves y explicó que el debate y decisiones que se tomen serán dados a conocer el próximo viernes por la tarde.
Cualquier fallo que se produzca, dará mucho de qué hablar al sector financiero y político durante las próximas semanas.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
El contrato de las Mandatory Convertible Notes (MCN) -instrumento financiero elegido por el gobierno suizo- permitió inyectar 6.000 millones de francos suizos al UBS en octubre pasado.
Producto de estas notas, el banco se comprometió a pagar un premio de 750 millones de francos suizos anuales a la Confederación Helvética, o al futuro comprador de dichos instrumentos.
La Asamblea General Extraordinaria del UBS aprobó en noviembre del 2008, con 98,5% votos a favor, el plan de rescate propuesto por la Confederación Helvética.
El Parlamento suizo se compone por dos cámaras: el Consejo Nacional (cámara baja) y el Consejo de los Estados (cámara alta), que tienen las mismas competencias, pero deliberan de forma independiente.
Las Comisiones de Finanzas del Parlamento se ocupan de examinar el presupuesto de la Confederación Helvética y también son las responsables de autorizar desembolsos extraordinarios.
Un lock-up es el periodo durante el cual no es posible realizar una determinada operación. Suelen ser lapsos en los que se prohíbe compra-ventas de determinados productos, con objeto de eliminar la incertidumbre y el descenso de los precios de una empresa o acción.
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