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Argentina, activa aliada de Suiza en materia judicial

Contra el lavado de dinero, la plaza financiera suiza (en la gráfica) solicita cooperación a otros gobiernos en caso de duda. En este caso, al de Argentina.

Contra el lavado de dinero, la plaza financiera suiza (en la gráfica) solicita cooperación a otros gobiernos en caso de duda. En este caso, al de Argentina.

(Keystone)

Berna y Buenos Aires carecen de un Tratado de Asistencia Judicial bilateral en vigor, confirma la Oficina Federal de Justicia de Suiza, pero reconoce una colaboración fluida entre ambas.

Las pesquisas de la cuenta de Depresbiteris, presuntamente ligada a fondos de los sindicalistas Moyano, desató una tormenta mediática en Argentina. En Suiza, se trata de un caso de posible lavado de dinero investigado por el Ministerio Público.

Berna levantó un huracán en Buenos Aires la semana pasada al ventilar una investigación que podría implicar tácitamente a personajes públicos como Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, y su hijo, Pablo Moyano, secretario general de la Unión de los Camioneros (APE), considerados cercanos al gobierno de Cristina Kirchner.

En Suiza, en contrapartida, el caso Depresbiteris-Mete (titulares de los fondos sujetos a investigación) forma parte de un proceso de rutina.

Cada año, la malversación de fondos por parte de funcionarios públicos suma entre 20.000 y 40.000 millones de francos suizos en el mundo, según datos del Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) a partir de cifras del Banco Mundial.

Recursos que serían suficientes para cubrir un tercio del presupuesto anual total de ayuda mundial al desarrollo, razón por la que se estrecha la persecución de éste y otros delitos financieros.

1,64 millones bloqueados

El caso ha derramado ríos de tinta en Argentina desde el 17.03.

Al respecto, el Ministerio Público de Suiza confirma el bloqueo de la cuenta (número 25491) de Ricardo Depresbiteris y Marcela Elvira Mete en el Standard Chartered Bank de Ginebra. Cuenta que en el momento del congelamiento poseía 1,64 millones de francos suizos (1,87 millones de dólares).

Ratifica también que el pasado 24 de enero, Suiza inició, en estricto apego al Artículo 305 de su Código Penal, una investigación por lavado de dinero vinculada a estos fondos.

Sobre la polémica que ha desatado en Argentina dichas pesquisas, debido a que detrás de los fondos podría estar la familia Moyano, el  MP es preciso: el expediente menciona a Ricardo Depresbiteris y a Marcela Elvira Mete (presidente y administradora de la empresa de gestión de desechos Covelia S.A.) y busca a quien resulte responsable de la presunta aportación de fondos opacos. Pero no culpa a nadie en particular.

Por ello, es impreciso hablar de que el gobierno suizo investiga de forma directa a los Moyano.

Argentina, colaboración judicial

Suiza y Argentina carecen de un Tratado de Asistencia Judicial bilateral.

O, dicho con mayor precisión, existe uno concluido (y avalado por el gobierno suizo desde el pasado 13 de diciembre del 2010), que aún aguarda la ratificación de los dos parlamentos involucrados.

Consultado al respecto por swissinfo.ch, Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza afirma que esto no ha sido obstáculo para que la colaboración judicial entre los dos países sea estrecha.

Concretamente, detalla, hemos recibido 81 solicitudes de asistencia judicial por parte de Argentina del 2005 a la fecha. En contrapartida, Suiza ha presentado 7 solicitudes a ese país durante el mismo lapso.

Y detalla que en el presente la colaboración judicial bilateral se rige bajo los principios del Tratado de Extradición Suiza-Argentina que se firmó desde 1906, y que contempla disposiciones de cooperación judicial bilateral.

Galli declinó estimar cuánto tiempo tomará la entrada en vigor de este tratado, pero confirmó que su puesta en marcha permitiría agilizar los trabajos de investigación ligados al caso citado, y a cualquier otro que estuviera en curso entre Suiza y Argentina.

Afirmó también que en América Latina, Suiza tiene tratados de asistencia judicial vigentes con Perú, México, Ecuador y Brasil; y en fase previa a su entrada en vigor con Chile y Colombia, además de Argentina.

MROS, la clave

En el expediente de la cuenta de Ricardo Depresbiteris y Marcela Elvira Mete, la Oficina de Comunicación en Materia de Lavado de Dinero (MROS) fue una pieza clave para la detección de un delito potencial.

De acuerdo con información obtenida por swissinfo.ch en la Oficina Federal de Policía (Fedpol), MROS recibe cada año alrededor de 900 denuncias bancarias de cuentas cuyas operaciones podrían estar ligadas al blanqueo de capitales. Denuncias que ponen en entredicho la transparencia de 2.500 millones de francos suizos anuales.

En 9 de cada 10 casos, MROS retransmite la información al Ministerio Público (MP) de Suiza para que este último determine si requieren, o no, seguimiento penal.

En el caso Depresbiteris-Mete, el MP suizo estimó que se requería tratamiento judicial y pidió asistencia a Buenos Aires. El esclarecimiento del caso, no obstante, puede tomar semanas o incluso meses.

Sin embargo, la legislación helvética permite a toda persona sospechosa de lavado de dinero demostrar el origen lícito de sus valores patrimoniales. Una prerrogativa que tienen todos los involucrados en el caso.

Argentina no tiene una fecha límite para entregar a Suiza la información que se le solicitó, pero es claro de los dos lados del Atlántico que el proceso electoral presidencial que se avecina en Argentina podría demorar los intercambios.

La investigación

El Ministerio Público (MP) de la Confederación Helvética ordenó de forma cautelar (24.01), el bloqueo de una cuenta por 1,8 millones de dólares perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y Elvira Marcela Mete.

Los fondos se encuentran en el banco Standard Chartered Bank, en Ginebra y la cuenta, abierta en noviembre del 2004, está vinculada también a una empresa de nombre Covelia, que se dedica a la gestión de desechos.

El MP de Suiza, a través de la Procuradora Federal, Antonella Bino, solicitó asistencia judicial a Argentina para dilucidar el origen de los fondos, debido a que se registraron movimientos sospechosos en la cuenta, que según la experiencia suiza, podrían evidenciar gestiones de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos.

Ambos, delitos tipificados en el Código Penal suizo y en su homólogo argentino.

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VS Lavado de dinero

Para reducir los riesgos de lavado de dinero en la plaza financiera suiza, el gobierno helvético aplica tres principios básicos:

Exige a los bancos conocer a sus clientes y la transparencia de los fondos (Know your customer).

 

Anula el derecho al secreto bancario para clientes del sistema financiero cuyas cuentas podrían estar vinculadas al blanqueo de capitales, y bloquea a título precautorio los fondos, para evitar que sean retirados mientras se sigue una investigación.

Solicita cooperación judicial a otros gobiernos cuando se trata de fondos de extranjeros.

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En Argentina

La prensa argentina afirma que Covelia –fundada en 1999- creció de forma espectacular luego de que Hugo Moyano se integrara a la misma debido a que desde entonces la compañía obtuvo una serie de contratos cuyas licitaciones podrían no ser transparentes.

La familia Moyano tiene fuertes vínculos con el gobierno de Cristina Kirchner. En Argentina se considera que el apoyo de los líderes de sindicatos peronistas fue capital para la elección presidencial de Kirchner el 23 de octubre del 2010.

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swissinfo.ch


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