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Google, Facebook y otros se enfrentarán a una normativa más estricta

Sede de Google en Zúrich
Las grandes plataformas en línea, como Google, Facebook y Twitter, tienen mucha influencia entre el público, pero apenas están reguladas por el momento. Keystone / Ennio Leanza

El Gobierno planea una nueva legislación para que las grandes plataformas en línea como Google, Facebook, YouTube y Twitter sean más transparentes y otorguen más derechos a los usuarios.

Estas plataformas tienen cada vez más influencia entre el público, pero por el momento apenas están reguladas, señala un comunicado de prensaEnlace externo del Gobierno publicado el miércoles. «Los sistemas que deciden qué contenidos se muestran a cada usuario son opacos», señala. «Además, los usuarios se encuentran en una posición de debilidad frente a las empresas que gestionan estas plataformas». Por ejemplo, una plataforma puede bloquear la cuenta de un usuario o borrar el contenido que publica y los usuarios tienen actualmente poco o ningún recurso.

Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones preparará un proyecto de ley para consulta sobre esta cuestión antes de finales de marzo de 2024. Cuando proceda, la nueva normativa se basará en la Ley de Servicios Digitales de la UniónEnlace externo Europea, según el Gobierno.

Las grandes plataformas deberán tener un punto de contacto y un representante legal en Suiza. Los usuarios cuyos contenidos hayan sido eliminados o cuya cuenta haya sido bloqueada deberán poder pedir directamente a la plataforma que revise la medida. También se creará una junta suiza de arbitraje independiente, financiada por las propias plataformas.

Para aumentar la transparencia, las plataformas deberán indicar toda la publicidad como tal y, en el caso de los anuncios dirigidos, «publicar los principales parámetros en función de los cuales se muestran los anuncios», de modo que sea posible saber quién recibe qué publicidad y por qué motivos.

Por último, los usuarios deberán poder denunciar fácilmente los discursos de odio, las representaciones de violencia y el lenguaje amenazador a las plataformas, que «deberán revisar las denuncias e informar a los usuarios del resultado».

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