Las críticas obligan a someter a votación la política anti-COVID-19 del Gobierno
Los poderes especiales de que ha dispuesto el Gobierno suizo para restringir la vida pública debido a la pandemia serán objeto de una votación a nivel nacional en junio. Un grupo de ciudadanos ha convocado un referéndum contra la llamada ‘Ley Covid’, aprobada por el Parlamento y que entró en vigor el pasado mes de septiembre.
La campaña se hace eco de la preocupación existente por el actual papel dominante del Ejecutivo nacional en el sistema federalista y de democracia directa del país, así como del escepticismo que ha generado la política de vacunación del Gobierno.
Suiza es el primer país del mundo que concede a sus ciudadanos la posibilidad de manifestar su opinión sobre los fundamentos jurídicos desde los que se gestiona la crisis de la pandemia. La votación está prevista para el 13 de junio, junto con otros cuatro temas.
¿Qué está en juego?
El pasado mes de septiembre el Parlamento aprobó una ley que abarcaba una amplia variedad de medidas destinadas a combatir la propagación de la pandemia de la COVID-19.
La legislación, que inicialmente constaba de 14 artículos, pretendía dotar de una base jurídica firme a unas 18 decisiones adoptadas por el Gobierno entre mediados de marzo de 2020 y mediados de junio del mismo año, decisiones tomadas sin la habitual participación del Parlamento.
La ley ha sido modificada en varias ocasiones desde entonces.
Estas decisiones del Gobierno prevén la asignación de ayudas económicas por más de 30 000 millones de francos (32 000 millones de dólares) a empresas y particulares afectados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
También afectan a otros ámbitos, sobre todo, a los gastos de salud (suministro de mascarillas higiénicas, inversión potencial del Estado en la producción de vacunas, un pasaporte de vacunas estandarizado), la protección del trabajo, el asilo y cierre de las fronteras, la cultura, el deporte, así como los derechos de los ciudadanos y los medios de comunicación.
La ley está limitada en el tiempo, hasta finales de 2021. Establece una base para que el Gobierno pueda volver a introducir el estado de emergencia si es necesario, pero solamente después de consultar al Parlamento, las 26 autoridades cantonales del país, las organizaciones patronales y los sindicatos.
En caso de que la ciudadanía la rechace, la ley y sus enmiendas quedarían obsoletas en septiembre de 2021. Y es que las medidas actuales están amparadas por el estado de emergencia sanitaria limitado a 12 meses.
¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra?
Los adversarios argumentan que la ley es innecesaria, ya que la mayoría de las medidas pueden aplicarse sin dar al Gobierno poderes especiales. Manifiestan también su preocupación por el hecho de que la ley pueda sentar un precedente para el futuro, permitiendo potencialmente al Gobierno imponer un régimen autoritario.
Además de esta desaprobación de la Ley Covid, existe un profundo escepticismo con la política de vacunación del gobierno. Los promotores de la votación acusan a las autoridades de ignorar los posibles riesgos para la salud de las vacunas. Los adversarios también protestan contra lo que califican como medidas anti-COVID “arbitrarias”.
El heterogéneo grupo de adversarios argumenta que el limitado número de muertes por la pandemia no justifica el cierre temporal de comercios y restaurantes, las restricciones a la libertad de reunión o el uso obligatorio de mascarillas.
Para los partidarios, sin embargo, la ley es un paso necesario, y está en consonancia con una cláusula explícita de la Ley de Epidemias suiza, que establece que las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno tienen que ser sometidas a debate en el Parlamento en un plazo de seis meses.
Arguyen que el proceso confiere una legitimidad democrática adicional a un procedimiento político y ofrece una sensación de seguridad a la población y a las empresas.
La estructura política de Suiza se caracteriza por la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por su sistema federalista, que otorga a las autoridades cantonales (y en cierta medida también a las municipales) un amplio grado de autonomía con respecto al gobierno nacional.
¿Por qué tiene que votar el electorado?
Un comité de ciudadanos, en el que figuran los Amigos de la ConstituciónEnlace externo y otros dos grupos, recogió algo más de 90 000 firmas para forzar un referéndum sobre la ley aprobada por el Parlamento el pasado septiembre.
La ley está en vigor -e incluso ha sido modificada- desde el año pasado. Normalmente, la puesta en marcha de un referéndum supone un retraso en la aplicación de una ley. Si se produjera un posterior rechazo en las urnas la decisión parlamentaria resultaría vetada.
Según el sistema suizo de democracia directa, las decisiones parlamentarias pueden ser impugnadas en una votación a nivel nacional si se recogen al menos 50 000 firmas en los 100 días siguientes a la aprobación por el Parlamento. Es lo que en Suiza se conoce como “referéndum facultativo”.
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¿Qué es un referéndum?
¿Típicamente suizo?
Suiza es el primer país del mundo que somete una ley sobre el coronavirus a votación nacional. Dicho referéndum forma parte de su sistema político, que brinda a los ciudadanos la oportunidad de vetar una ley o una enmienda.
No hay ninguna votación anterior en la historia reciente de Suiza que sea directamente comparable con esta.
Se pueden establecer ciertas similitudes con el referéndum de 2013 sobre la enmienda a la Ley de Epidemias y con la iniciativa popular de 2005 a favor de una moratoria sobre los organismos genéticamente modificados en la agricultura.
Los politólogos afirman que la votación sobre la Ley Covid tiene muchas opciones de atraer votos de protesta contra el Gobierno, especialmente de los ciudadanos que se ven directamente afectados por las restricciones oficiales.
Puede afirmarse que este tema estará sin duda a la cabeza de los cinco asuntos que se someterán a votación el 13 de junio, junto con otro referéndum contra una reforma de la ley del CO2.
¿Quiénes están a favor y quiénes en contra?
El comité que impulsa el referéndumEnlace externo se creó el año pasado. Lanzó una campaña y reunió en muy poco tiempo firmas más que suficientes tanto para someter a votación la Ley Covid, así como otra ley que regula la detención preventiva de sospechosos de terrorismo.
El éxito del comité, que no tiene una clara afiliación política, fue una sorpresa para muchos observadores políticos. Según distintas fuentes, cuenta con unos 2 000 miembros, algunos de los cuales son acérrimos oponentes a las vacunas.
Durante el debate parlamentario del pasado mes de septiembre, la mayoría del partido Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) se pronunció en contra de la ley en el Consejo Nacional, la cámara baja. Pero el grupo parlamentario de la UDC se vio claramente superado en número por todos los demás partidos políticos de la cámara. El Consejo de los Estados (cámara alta) aprobó la ley por unanimidad.
Ninguno de los principales partidos políticos ha recomendado rechazar la ley el 13 de junio. La UDC se ha abstenido de tomar posición.
Una reciente encuesta realizada por el instituto de investigación Sotomo, por encargo de la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SRG SSR), ha revelado que una gran mayoría de los encuestados respaldaba la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus. No obstante, alrededor del 30% aseguró tener “poca” o “muy poca” confianza.
Traducción del inglés: José M. Wolff
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