Robots asesinos: ¿hay que prohibirlos?
Los Estados están divididos en cuanto a la adopción de normas estrictas para el uso de robots asesinos, conocidos como sistemas autónomos de armas letales (SALA). Por su parte, los activistas dudan de que las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra sea el mejor lugar para discutir este tema.
Mary WarehamEnlace externo, de Human Rights Watch, se irrita tras una larga semana de debates sobre robots asesinos en la ONU en Ginebra. “Estamos consternados”, afirma la coordinadora de la campaña Stop Killer RobotsEnlace externo. ¿Qué ha pasado con la diplomacia, la responsabilidad y la gobernanza de los grandes Estados?, se pregunta en entrevista con swissinfo.ch.
El resultado de las discusiones es extremadamente frustrante para Mary Wareham. “La Convención sobre ciertas armas convencionalesEnlace externo fue una forma de apaciguar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) al sugerir que los gobiernos estaban actuando para regular a los robots asesinos. Ahora todo lo que están discutiendo son posibles principios no vinculantes que probablemente solo serán negociados por un año o dos”.
Desde 2014, diplomáticos, expertos en desarme y activistas se han reunido seis veces en Ginebra en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales para examinar las cuestiones éticas, jurídicas, operacionales, de seguridad y técnicas relacionadas con los robots asesinos.
Todavía no existen armas totalmente autónomas, pero los activistas sostienen que solamente se necesitan unos pocos años para que puedan ser utilizadas en los conflictos, gracias a los rápidos avances en el desarrollo de las tecnologías y de la inteligencia artificial, así como a los importantes recursos financieros dedicados a ese campo.
Más de 380 armas o sistemas robóticos semiautónomos -tales como tanques, aviones o barcos- han sido desplegados o están siendo desarrollados en 12 Estados, incluyendo China, Francia, Israel, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos.
En cuanto al control de estos sistemas autónomos de armas letales, varios países, como Japón esta semana, han anunciado su intención de no adquirir ni desarrollar esas tecnologías. La mayoría de los Estados han anunciado su voluntad de apoyar una nueva legislación internacional que prohíba y regule determinadas prácticas relacionadas con los robots asesinos.
Un total de 28 países y la campaña Stop Killer Robots reclaman un tratado preventivo para prohibir el desarrollo, la posesión y el uso de armas letales autónomas. Otros abogan por una regulación estricta para afianzar el principio de “control humano significativo” cuando se utilizan funciones críticas del sistema.
Los observadores críticos afirman que esas armas letales autónomas plantean importantes cuestiones éticas sobre la responsabilidad y la delegación de las decisiones de vida o muerte a las máquinas. Temen que la creciente autonomía de los drones, los misiles de defensa y los tanques se vuelva contra nosotros en caso de un ataque cibernético o de disfuncionamiento.
Sin embargo, unos pocos países se oponen firmemente a un tratado sobre el tema, incluidos Estados Unidos, Rusia, Israel y Corea del Sur. Las entidades que están a favor del desarrollo de robots asesinos argumentan que estas armas harán la guerra más humana al permitir que los objetivos sean elegidos y eliminados con mayor precisión, sin involucrar emociones humanas como el miedo o la venganza, limitando así el número de víctimas civiles.
“Hay una enorme brecha entre los Estados que quieren hacer algo y los que no”, dice Mary Wareham. No creo que el público esté satisfecho si el resultado de estas discusiones es formar un comité o redactar una declaración sin impacto legal”.
Una encuesta de Ipsos publicada en enero pasado reveló que el 61% de las personas interrogadas en 26 países se oponen al uso de robots asesinos. Para los activistas, el interminable debate y la obstrucción de un pequeño grupo de “Estados militarmente importantes” ha durado lo suficiente. Una coalición de 100 ONG de 54 países ha previsto defender sus reivindicaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, en Nueva York, con el apoyo del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
Los activistas quieren presionar a los países para que se pongan de acuerdo antes de noviembre sobre un mandato de negociación para desarrollar un tratado de prohibición global en lugar de una declaración no vinculante. Si este enfoque fracasa, se podrían explorar otras vías, como un proceso independiente fuera de las estructuras de la ONU, a la imagen del Proceso de OttawaEnlace externo sobre Minas Antipersona o el Proceso de OsloEnlace externo sobre Municiones en Racimo.
Traducido del francés por Marcela Águila Rubín
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