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Contra corrupción Celebran en Suiza “despertar” guatemalteco

, Lausana


Campesinos se manifiestan en la ciudad de Guatemala (20.05) para pedir la dimisión del presidente Otto Pérez, en medio del mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en el país.  

Campesinos se manifiestan en la ciudad de Guatemala (20.05) para pedir la dimisión del presidente Otto Pérez, en medio del mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en el país.  

(Reuters)

La detención de altos responsables del Gobierno de Guatemala, incluidos los dirigentes del sistema de seguridad social y del banco central, involucrados en casos de corrupción, genera esperanza. “No solo en el sistema de justicia, que parece que ahora sí quiere hacer limpieza, sino, sobre todo, en los movimientos sociales que exigen justicia”, indicó Ana Leissing, de la Red Guatemala Berna.

“La gente de Guatemala ha despertado y se ha animado a romper el silencio”, enfatizó la coordinadora de esa ONG, que desde 1992 promueve la solidaridad helvética con el país centroamericano, en entrevista con swissinfo.ch.

En el marco de sus labores, Anna Leissing ha viajado en múltiples ocasiones a Guatemala en los últimos años. “La resignación de la gente era un poco frustrante. Decían ‘no nos gusta lo que pasa, pero, ¿qué podemos hacer?’”. Hoy, añadió, la situación es diferente. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Aún es temprano para saberlo, “pero la gente está indignada y eso es esperanzador”.

Muy en particular, porque amén de los malos manejos de los altos funcionarios, la población guatemalteca, y sobre todo la más desposeída, enfrenta los retos de un racismo histórico y de un modelo económico depredador, como denunciaron en Suiza representantes de la sociedad civil del país centroamericano.

Reclamo popular

Millares de guatemaltecos han ganado las calles para exigir justicia tras de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de la ONU, desvelara una red de defraudación fiscal liderada por el secretario privado de Roxana Baldetti, quien por ese motivo dimitió de la vicepresidencia del país el pasado 8 de mayo.

El 20.05, las autoridades guatemaltecas arrestaron a 17 personas en el marco de otro escándalo de defraudación, por 14,5 millones de dólares, contra la seguridad social. El titular de ese mecanismo, Juan de Dios Rodríguez, y el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, figuran entre los detenidos.

Un día antes, una manifestación campesina exigió la dimisión del presidente, Otto Pérez Molina, y la convocatoria a una Asamblea Nacional. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, subrayó que continuará al frente del país hasta el fin de su mandato (2016) y, al negar cualquier implicación en los casos de malos manejos, ha reiterado que se hará justicia “porque nadie está por encima de la ley”.

El jueves 21.05, Pérez Molina anunció la dimisión de los ministros de Gobernación, Mauricio López; Energía, Edwin Rodas y Medio Ambiente, Michelle Martínez, además de una serie de destituciones en otros altos cargos.

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Denuncias en Suiza

“El escándalo por los casos de corrupción fue la gota que derramó el vaso”, comentó la coordinadora de la Red Guatemala BernaEnlace externo. La entidad se interesa en particular en los temas de recursos naturales y derechos humanos, y busca sensibilizar a la opinión pública suiza sobre lo que ocurre en el país americano mediante diversas actividades, incluidos encuentros con representantes sociales.

En uno de los más recientes, Rosalinda TuyucEnlace externo, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas Indígenas de Guatemala  (CONAVIGUA), habló del arraigado racismo que persiste en el país latinoamericano.

“Los indígenas (alrededor de la mitad de los 12 millones de guatemaltecos) somos tratados como personas de segunda clase”, deploró esta mujer de origen maya que desde los tiempos de la Guerra Civil en su país (1960-1996) mantiene una batalla para la búsqueda de las personas desaparecidas y la denuncia de los crímenes de guerra.

Su determinación la llevó al Congreso Nacional de Guatemala, del que llegó a ocupar la vicepresidencia.

Racismo ancestral

“Para impulsar los cambios en Guatemala se necesita un largo aliento”,  enfatizó la activista, nominada al Premio Nóbel de la Paz (2005), víctima ella misma de la desaparición de su padre primero y luego de su marido.

Rosalinda Tuyuc, quien participó en el proceso de Ríos Montt, habló en Berna de los desafíos que ha tenido que sortear para la realización de las exhumaciones y en la lucha por el esclarecimiento de la verdad. Fue un encuentro emotivo que se produjo en el marco de la presentación del informe sobre Guatemala  ante el Comité contra la Discriminación Racial,Enlace externo de la ONU.

Pero en Guatemala, el reclamo de justicia no se circunscribe a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, ni a los casos de corrupción que han llenado las páginas de los diarios en las últimas semanas.

También en la Confederación, y con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) capítulo Suiza,Enlace externo Leslie Rodríguez, defensora del pueblo Chortí, denunció en Lausana los atropellos de que son víctimas los miembros de ese grupo indígena.

La ofensiva de megaproyectos

La región Chortí, precisó la abogada en conferencia pública, se sitúa en la frontera de Guatemala con Honduras. Sus habitantes sufren de exclusión política, económica y social. Y en ese contexto, se plantea el desarrollo de ambiciosos proyectos mineros e hidroeléctricosEnlace externo que las comunidades rechazan porque saben que solamente los fragilizará aún más.

“Las hidroeléctricas no generan empleo, no pagan impuestos y tienen efectos colaterales”, abundó Leslie Rodríguez en entrevista con swissinfo.ch. Agregó que la minera es una de las industrias con mayores impactos ambientales y sociales, lo que las autoridades soslayan en su afán meramente económico.

Precisó que las multinacionales utilizan toda suerte de argucias jurídicas para evitar que se les pueda seguir la traza en los megaproyectos y que compran voluntades políticas para pasar por encima de la decisión de los lugareños.

“En El Puente (municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula)  tuvimos una reunión con representantes de la empresa y delegados ambientales. Los campesinos les recriminaron la construcción de la hidroeléctrica y al día siguiente fueron acusados de secuestro y amenazas”, narró Leslie. Sin embargo, los comuneros habían grabado el encuentro y pudieron mostrar que los cargos eran falsos.

Pero esa y otras maquinaciones son recurrentes, acusa la abogada. Explicó que se vincula a los líderes de las comunidades con la delincuencia e incluso se les asesina y luego se pretende que su muerte es producto del crimen organizado.

Tensiones sociales

“Todo eso ha atizado la tensión en las comunidades. Ha lesionado la vida de las comunidades y el tejido social. Ahora la gente también debe estar cuidándose de esas coacciones y acusaciones falsas, de las que no escapan los defensores de derechos humanos”.

Puntualizó que las mujeres, lo mismo que durante la guerra, son doblemente vulnerables. No solamente porque se les agrede de todas las formas posibles, inclusive sexualmente, sino porque además de llevar el hogar, muchas veces están obligadas a asumir la defensa de los hijos o del marido.

“Hay una situación de miedo y de incertidumbre  con esa nueva agresión, con este nuevo saqueo”, subrayó nuestra interlocutora.

Y en ese contexto, Leslie Rodríguez destacó la presencia de las PBI en las comunidades. “Su acompañamiento es disuasivo en caso de agresiones. Observan lo que sucede y dan testimonio. Para nosotros su presencia es fundamental, toda vez que quienes debían protegernos no nos protegen”.

Racismo e impunidad

El informe sobre Guatemala del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, publicado en mayo de 2015, entre otros:

Reconoce el establecimiento de medidas para la promoción de políticas contra el racismo y la impunidad, pero destaca su insuficiencia, incluida incompleta implementación de los Acuerdos de Paz sobre la Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas.

Manifiesta su inquietud por la conflictividad que surge de la concesión de autorizaciones (sin respeto del derecho a las consultas indígenas y con explosiones de violencia) para proyectos hidroeléctricos, explotación de recursos naturales , monocultivo, en tierras y territorios de pueblos indígenas o tradicionalmente ocupados por ellos.

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