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Elecciones presidenciales Colombia: la guerra a pesar de la paz

un fucile d'asalto e delle munizioni in una tenda

Pese al acuerdo de paz con las FARC (esta es una imagen tomada en su campamento en 2016), la violencia política contra los defensores de derechos humanos persiste en Colombia.

(Keystone)

A más de un año de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, la paz en Colombia sigue en el aire. Mientras la violencia armada aumenta en varias regiones, el país se prepara para elegir un nuevo presidente. El futuro de la paz, al que Suiza también se ha comprometido, dependerá también del sucesor del Premio Nobel Juan Manuel Santos. Reportaje.

"Toda la vida he tenido miedo, miedo de ser torturado y asesinado. Pero como muchos otros colombianos trato de transformar este miedo en fuerza, porque no podemos renunciar a la paz".

La investigación para la realización de este artículo ha sido financiada a través del fondo de medios de la Asociación real21 – Comprender el mundoEnlace externo.

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Sentado en el patio de un hotel de Bogotá, Orlando Pantoja tiene una mirada velada de tristeza. Solamente han pasado unos meses después de que el 9 de febrero fueran asesinados dos líderes sociales en GuapiEnlace externo, su ciudad natal. Ubicada en el Pacífico colombiano, Guapi es tierra de comunidades afrodescendientes, abandonadas y tratadas con vilipendio. También es un punto del narcotráfico, de la explotación minera de oro y de la violencia.

Cuando fueron brutalmente asesinados, Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundumi realizaban un trabajo pedagógico sobre el reemplazo voluntario de las plantaciones de coca por otro tipo de cosechas, uno de los puntos clave del acuerdo de paz con las FARC. "Su actividad molestó a muchos, dada la gran presencia en la región de grupos armados activos en el comercio ilegal", explica Orlando Pantoja en términos inequívocos.

Coordinador de la asociación CococaucaEnlace externo, apoyada entre otros por la ONG suiza ComundoEnlace externo,

Orlando Pantoja también ha sido repetidamente amenazado de muerte por defender los derechos de las comunidades afrocolombianas en Guapi y en otras zonas del departamento del Cauca.

De hecho, a pesar del acuerdo de paz con las FARC, la violencia política contra los defensores de derechos humanos persiste en Colombia. Entre enero de 2016 y febrero de 2017, 282 defensores de DDHH fueron asesinados, aproximadamente una persona cada dos días, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Una ola de violencia también denunciada por el Comité de Derechos Humanos de la ONUEnlace externo en su informe periódico presentado en Ginebra el 10 de mayo.

Civiles, víctimas de una guerra por el territorio

Guapi es un caso emblemático del conflicto que sigue afectando a Colombia y que, en más de 50 años, se ha cobrado 8,5 millones de vidas. Debido a su posición estratégica entre la selva y el Pacífico, la región se ha convertido en una de las cunas del narcotráfico desde los años noventa. Durante décadas este territorio ha estado controlado por la guerrilla de las FARC, pero con su desmovilización se ha creado un vacío demasiado atractivo para no ser llenado.

"El acuerdo de paz preveía que el Estado tendría que intervenir para impedir la llegada de otros actores pero, como ha ocurrido en muchas otras regiones, no ha podido hacerlo", indica Orlando Pantoja. Como resultado, ahora hay varios grupos armados en la región: la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), prácticamente ausente hasta hace un año allí, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares y otros actores al servicio de la economía ilegal, que se han embarcado en una guerra para controlar el territorio.

"Este es un nuevo escenario que buscamos entender”, continúa Orlando Pantoja. "Con las FARC, por lo menos habíamos logrado establecer un diálogo en un intento de concientizarlos sobre la necesidad de respetar los derechos de las comunidades. Hoy, sin embargo, no sabemos cómo interactuar con estos grupos armados, que amenazan y matan a la población”.

La tarea de proteger a los civiles recaería sin duda en el Estado, pero en esta zona y en otras regiones del Pacífico no está realmente presente. Su actuar suele ser solamente militar, mientras que no existe una oferta institucional que ofrezca a las personas una alternativa al tráfico ilegal o a la migración.

La ciudad también está geográficamente aislada del resto del país: llegar por tierra es imposible y para ello hay que tomar un avión o un barco, un viaje aéreo costoso o varias horas por mar. "Bajo estas condiciones, los grupos armados tienen campo libre. La paz nunca ha llegado a Guapi", dice lacónico Orlando Pantoja.

ORLANDO PANTOJA2

Orlando Pantoja.

(Juan Manuel Peña G)

Suiza al lado de los defensores de los derechos humanos

A principios de abril, Orlando Pantoja participó en Bogotá en un seminario de dos días enfocado en los riesgos en los territorios afectados por el conflicto. Financiado por el cantón suizo de Basilea, este encuentro reunió a una treintena de líderes sociales de la Red de Comunidades de Paz, una organización creada en 2004 con el apoyo de una coalición de diez ONG suizas (SUIPPCOL) y del Ministerio de Asuntos Exteriores helvético (DFAEEnlace externo, en sus siglas en francés).

Pero, ¿cómo proteger a los líderes sociales en este contexto de guerra? Experiodista y experta en protección internacional en la asociación PAS que coordinó el encuentro y acompaña a la Red, Alexandra Loaiza expresa un sentimiento de impotencia ante tanta violencia. "Creemos que el primer paso es fortalecer a las comunidades para que puedan reconocer las amenazas y desarrollar mecanismos de protección específicos para cada contexto. Sin embargo, estas medidas son insuficientes si el Estado no interviene en el origen del problema, es decir, la lucha contra las bandas criminales y los grupos armados".

Mientras que un aumento de la violencia tras un proceso de paz es considerado normal por los expertos en teoría del conflicto, la situación en Colombia se hace aún más difícil por la presencia de muchos otros grupos armados, que se han beneficiado hasta cierto punto de la desmovilización de las FARC.

La guerrilla del ELN, por ejemplo, está ampliando su espacio de acción y llenando sus filas, mientras que las negociaciones con el Gobierno colombiano -en las que participa también Suiza- apenas avanzan. Y en la frontera con Ecuador, la disidencia de las FARC inició una lucha armada, con secuestros y asesinatos, que recuerdan los oscuros años del conflicto.

El compromiso de Suiza en favor de la paz

Desde finales de los años setenta, Suiza ha desempeñado un papel importante en el proceso de paz enColombiaEnlace externo, Contribuyó en el diálogo entre el gobierno y la guerrilla en varias ocasiones. En la actualidad, Suiza es responsable del seguimiento de la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC, en particular en lo que se refiere a la participación política, la memoria del conflicto, la justicia transicional y la protección de los defensores de los derechos humanos. Junto con Italia, Alemania, Holanda y Suecia, Suiza también participa en las negociaciones en curso entre el gobierno colombiano y la otra guerrilla histórica colombiana, el ELN.

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El espectro de una nueva guerra

Además, los acuerdos de paz con las FARC siguen colgando de un hilo. Por un lado, porque su aplicación sigue cojeando, lo que podría ser un incentivo para que los exguerrilleros retomen las armas. Basta decir que la reforma agraria que condujo al nacimiento de las FARC sigue bloqueada en el parlamento, al igual que el proyecto de sustitución de las plantaciones de coca.

En cuanto a los excombatientes, no pueden contar ni con auténticas medidas integrativas ni con el apoyo popular. Así lo demuestra el escaso resultado (0,34%) obtenido por su partido (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en las elecciones parlamentarias de marzo.

Por otra parte, el futuro de los acuerdos también dependerá de la voluntad de los ciudadanos, aunque sea indirectamente. El 27 de mayo, el pueblo tendrá que elegir a un nuevo presidente que sucederá al Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. El candidato favorito, Iván Duque, alumno del expresidente Álvaro Uribe, ya ha prometido hacer cambios sustanciales en los acuerdos con las FARC y militarizar aún más el país.

El espectro de una nueva guerra está presente y es la historia la que lo confirma, porque es después de cada intento fallido de paz que Colombia ha experimentado su peor violencia.

En Bogotá, los líderes de las comunidades de la Red oscilan entre la esperanza y el miedo. Nacieron en tiempos de guerra y siguen luchando contra la guerra, poniendo en peligro sus vidas. De modo que la paz no sea únicamente una palabra vacía sobre una medalla de Suecia, sino el derecho de todos por un futuro sin violencia.

El negocio de la coca en Colombia

Según el último informeEnlace externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el cultivo de coca en Colombia aumentó en un 52% entre 2015 y 2016, de 96 000 a 146 000 hectáreas. La región más afectada es el Pacífico con más de 40 500 hectáreas de plantaciones.

El acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, firmado en noviembre de 2016, prevé un plan para reemplazar los cultivos ilegales. El objetivo del gobierno de Santos es erradicar 50 000 hectáreas por la fuerza (principalmente a través de la fumigación) y reemplazar otras 50 000 hectáreas de plantaciones de coca con otros productos, ofreciendo subsidios mensuales a los agricultores.

Sin embargo, el proyecto sigue bloqueado en el parlamento y también enfrenta la reticencia de los agricultores, que temen por su seguridad y desconfían de las promesas del Estado para proporcionarles la infraestructura y el apoyo financiero necesarios para iniciar un nuevo negocio.

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(Original en italiano. Traducción: Patricia Islas)

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