Suiza se retira del proyecto de presa turco
Austria, Alemania y Suiza renunciaron a su crédito para el controvertido proyecto Ilisu de construcción de una presa hidroeléctrica en Turquía.
La razón: Ankara no respondió a las cuestiones sobre respeto social y medioambiental.
Las agencias de garantías de riesgos a la exportación de Alemania, Austria y Suiza dan por concluida su participación en el proyecto Ilisu este 7 de julio, pues estiman que sus exigencias en materia de protección de la zona no se cumplieron.
Pese a las mejoras significativas, las demandas solicitadas en el marco de esta cobertura del seguro en materia de protección del medio ambiente, la herencia cultural y nuevas casas habitación no pudieron realizarse en las fechas previstas, anuncian las agencias de los tres países europeos.
Los créditos bancarios por un préstamo de mil 200 millones de euros para la presa Ilsu, que debían haber sido otorgados por un consorcio internacional dirigido por los tres países, fueron suspendidos ya en diciembre pasado.
Así inició el último plazo de 180 días previsto en el contrato para llevar a cabo las normas exigidas, mismo que expiró justo ayer, 6 de julio.
Razones humanas, culturas y ecológicas de por medio
En su forma actual, el proyecto -que se remonta a la década de los años 80-, comprende la construcción de 19 centrales eléctricas, que generarían 1.200 megawattios y contribuirían, según Ankara, al desarrollo económico y social en el sudeste turco.
La semana pasada, el ministro turco de Medio Ambiente, Veysel Eroglu, afirmó que su país cumplió con 47 de 89 condiciones del protocolo de crédito.
De acuerdo a los oponentes del proyecto situado cerca de la frontera siria, esta construcción provocaría el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas, sobre todo de origen kurdo; y amenazaría el patrimonio cultural milenario de la ciudad de Hasankeyf.
Primicia
En lo que respecta a Suiza, La Agencia Suiza de Seguros Contra los Riesgos de las Exportaciones (ASRE) renuncia a asegurar las entregas y trabajos de ingeniería por un monto de 225 millones de francos suizos a las empresas Alstom, Colenco, Maggia y Stucky.
De esta decisión se congratula la Sociedad a favor de los Pueblos Amenazados desde su sede en Berna que, junto con la organización Declaración de Berna, se sumó a la campaña contra la construcción de esa presa.
“Es la primera vez en 65 años de existencia de ASRE que se renuncia a una garantía ya otorgada. Esto permite esperar que las responsabilidades sociales y ecológicas de esa institución pueden ser un asunto de mayor peso en el futuro.
“La salida de los europeos demuestra a la gente en la región que sus críticas sobre el proyecto de presa son correctas”, resume Kaspar Haller, de la Sociedad a favor de los Pueblos Amenazados
“Con este paso por primera vez se vuelve prioritaria la protección a los seres humanos, bienes culturales y naturaleza en lugar de los intereses económicos a corto plazo”, indicaChristine Eberlein de la ONG Declaración de Berna.
“Freno de emergencia”
“El consorcio internacional comunicará una toma de posición común sobre la decisión én los próximos días. No obstante, esta medida no provoca grandes repercusiones en la companía Maggia a corto y mediano plazo”, dice, por su parte, Peter Merki, responsable de finanzas de la empresa hidroeléctica tesinesa Maggia.
En el ámbito político también hay reacciones ante la decisión de Berna. “Este ha sido un paso importante, correcto y consecuente tras un largo titubeo. El Gobierno de Suiza ha empleado el freno de emergencia junto con Alemania y Austria”, agrega la diputada Marlies Bänziger, del Partido de Los Verdes (ecológico).
swissinfo.ch
La presa de Ilisu forma parte de un vasto proyecto hidroeléctrico concebido por las autoridades tucas en 1991.
22 presas y 19 centrales hidroeléctricas están previstas sobre los ríos Tigris y Éufrates, al sudoeste del país.
La construcción de la presa de Ilisu es de 135 metros de altura y 1.820 metros de largo, con un nivel de reserva de aguas de 10,4 millones de metros cúbicos.
Para atraer a los inversionistas extranjeros, las autoridades turcas se comprometieron a cumplir con más de 150 estándares establecidos por el Banco Mundial y otras instituciones internacionales.
Las organizaciones en defensa de la población civil estiman que cerca de 60.000 personas de esa región, mayoritariamente kurdas, podrían ser desplazadas con la construcción de la presa. Para el gobierno turco, la cifra es de 15.000 afectados.
Cuatro empresas suizas participan en el proyecto en el marco de un consorcio internacional. Se trata de Alstom Suiza, Colenco, Maggia y Stucky, que obtuvieron 225 millones de francos bajo el seguro suizo contra riesgos a la exportación, otorgado por el gobierno helvético.
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