Supervisar a los supervisores, el nuevo reto mundial
Las agencias calificadoras expandieron su reino durante las últimas dos décadas. Sus juicios han regido las decisiones de gobiernos e inversores privados. Hoy, están en la mira y tendrán que rendir cuentas.
Suiza es uno de los países mejor calificados del mundo debido a su estabilidad económica y política. No obstante, bancos como UBS o Credit Suisse han sufrido de lleno los estragos de perder puntos y son sospechosos de haber ‘maquillado’ información.
Son una selecta élite conformada por Standard & Poors, Moody´s y Fitch, tres agencias calificadoras que concentran el 90% del mercado del ‘rating’ y que juntas son consideradas un insano oligopolio para el sistema financiero internacional.
En 2010, a diferencia de lo que sucedía hace sólo una década, ya nadie cree a pie juntillas en sus juicios sobre la solvencia de los países y las empresas.
Especialmente después de que evidenciaran su incapacidad para detectar los riesgos de los ‘subprime’ en 2008 y de erigirse como el origen de la oleada de pánico provocada por la degradación de la deuda griega (por parte de S&P) que asestó la puntilla que obligó a Europa a poner en marcha el paquete de apoyos financieros más ambicioso de su historia -750.000 millones de euros- para evitar un colapso en la zona euro.
Ahora ha llegado el momento de supervisar a los supervisores. El G-20 los tiene en la mira en su Cumbre de Toronto (26 y 27 de junio), y los bancos suizos se verán directamente impactados por las decisiones que ahí se tomen.
Buena nota
En materia de notación internacional, Suiza –como país– se encuentra bien posicionada frente al mundo. Con una calificación de ‘AAA’ sobre su deuda soberana de largo plazo, otorgada por S&P, está considerado como un país fiable para las inversiones.
En su evaluación, la agencia calificadora citada asegura que el sistema bancario helvético ha experimentado el estrés de la crisis, pero el país tiene a su favor sólidas políticas monetaria y fiscal, un elevado ingreso per cápita y una economía que ha sabido reinsertarse pronto en el crecimiento.
S&P afirma además que Suiza es percibida como un país de gran solidez política, una condición que también premian los capitales.
No obstante, sus bancos sí han sido objeto del juego de las calificaciones de dos años a la fecha.
Por ejemplo, en el presente, la deuda de largo plazo del UBS recibe actualmente las notas Aa3 (Moody´s), A+ (S&P) y A+ (Fitch Ratings), sinónimo en todos los casos de recuperación, pero lejos de los niveles óptimos que el banco recibió en 2006.
En Credit Suisse se repite el fenómeno. La deuda de largo plazo del banco número dos de Suiza es notada como Aa2 (Moody´s), A (S&P) y AA- (Fitch Raitings), evaluaciones que reflejan una perspectiva que va de lo negativo a lo estable, sin ser oferta de buenas nuevas confirmadas.
Estas notas pesan sobre la evaluación del banco y podrían estar en riesgo de degradarse si una corte de Nueva York prueba que los dos bancos helvéticos han ‘maquillado’ información en el pasado reciente para conseguir mejores calificaciones para algunos de sus instrumentos.
UBS y CS investigados
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, demócrata reputado por su cruzada contra la corrupción y los excesos de Wall Street, anunció (14.05) el inicio de una investigación sobre UBS, Credit Suisse, Merril Lynch (propiedad de Bank of America), Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Cuomo presume que dichos bancos falsearon la información que entregaron a las calificadoras de valores con respecto a las obligaciones de deuda colateralizada o CDO inmobiliarias (ver CONTEXTO) para cotizar mejor dichos instrumentos en el mercado.
Cuomo -candidato a las elecciones para el gobierno neoyorquino- tiene todo el interés político por probar que los bancos mintieron.
UBS y Credit Suisse confirmaron a swissinfo.ch que están enterados del caso y que colaborarán en todo lo que la justicia de este estado les solicite.
Pero de confirmarse la hipótesis de Cuomo, los resultados asestarían un nuevo golpe a las tres grandes calificadoras por no haber sido capaces de detectar el falseo de datos de sus clientes.
Conflicto de interés y futuro
Durante la Cumbre de Pittsburg, en septiembre de 2009, el G-20 -nuevo arquitecto del sistema financiero internacional- concluyó que las calificadoras de riesgo incurrían en permanente conflicto de interés: son pagadas por aquellos que solicitan que califiquen su deuda o instrumentos de inversión.
Es difícil atentar pues contra los intereses de quienes financian sus honorarios. Esto explica que antes de la crisis de los ‘subprime’ muchos papeles hipotecarios tuvieran la calificación ‘AAA’ –alta confiabilidad- y tras abrirse el escándalo se precipitaran al estatus de ‘bonos chatarra’ en unos cuantos días.
El G-20, integrado por las principales potencias económicas desarrolladas y en desarrollo, instruyó al Foro de Estabilidad Financiera (FSF por sus siglas en inglés), basado en Basilea, para trabajar en este tema.
Consultado al respecto por swissinfo.ch, el FSF confirmó que Estados Unidos es el país más avanzado con la definición clara de un marco para supervisar a las calificadoras. Una iniciativa en la que trabaja también la Unión Europea y algunos otros países (ver CONTEXTO).
En Suiza, el Partido Socialista (PS) ha manifestado su interés por regular y supervisar a las agencias calificadoras desde el otoño de 2008.
Y la Confederación Helvética ha dejado claro que observa de cerca el tema y tomará decisiones definitivas en función de la evolución internacional. La próxima cumbre del G-20, prevista para el 26 y 27 de junio en Toronto, será clave en la materia.
Nuevas reglas se gestan para todos los actores del sistema financiero mundial.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
Algunos de los países que trabajan en reformar sus marcos financieros legales para ejercer una supervisión directa sobre las agencias de calificación son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, México y Sudáfrica, según confirma el Foro de Estabilidad Financiera (FSF).
En todos los casos se busca evitar el conflicto de interés, obligar a la calificadora a denunciar cuando existe y garantizar una mejora continua en los criterios que utilizan para evaluar la salud y solvencia de una empresa o banco.
Suiza está a favor de trabajar en la materia, pero no ha llegado a acuerdos concretos por el momento.
En septiembre de 2009, durante su Cumbre de Pittsburg, el G-20 decidió que serían el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSF) –estos dos últimos basados en Suiza- los nuevos arquitectos del sistema financiero internacional. El próximo 26 y 27 de junio, rendirán un informe de sus avances en la Cumbre de Toronto.
En ese encuentro, la Unión Europea (UE), en particular, propondrá que la Autoridad Europea de los Mercados Financieros (AEMF) se ocupe de supervisar y garantizar la rendición de cuentas de las agencias de calificación en el Viejo Continente.
Las obligaciones de deuda colateralizada (CDO por sus siglas en inglés) son emitidas por los grandes bancos y colocadas en un fideicomiso.
El fideicomiso se ocupa de vender los bonos a inversores y luego, con el dinero que obtuvo, compra activos. El objetivo es que el rendimiento de los activos del fideicomiso sea mayor que el rendimiento que deben pagar los bonos, pero no siempre se cumple esta premisa.
Ni Suiza ni España son miembros del G-20, pese a sus esfuerzos por incorporarse (España ha asistido en calidad de invitada a las dos últimas cumbres).
Sin embargo, ambos países están obligados a seguir sus directivas financieras.
Los miembros del G-20 son: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Argentina, México, Brasil, China, India, Sudáfrica, Turquía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros.
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