Un impuesto contra el efecto invernadero
Coincidiendo con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, Suiza sigue dudando si conseguirá cumplir la meta de recortar las emisiones con efecto invernadero.
El Gobierno evalúa diferentes opciones para incitar u obligar a los ciudadanos y al sector empresarial a reducir la contaminación por dióxido de carbono.
El Protocolo de Kyoto sobre emisiones de gas con efecto invernadero entra en vigor este miércoles (16.02.). Suiza es uno de los 141 países – que juntos producen más del 60% de las emisiones globales – que han ratificado el tratado.
El Protocolo pretende frenar el calentamiento global del planeta que se atribuye al aumento de la concentración atmosférica de gases con efecto invernadero.
Suiza se ha comprometido a reducir en un 8% la contaminación por dióxido de carbono (CO2) con relación a los niveles registrados en 1990. La legislación aprobada por el Parlamento en 1999 establece pautas para lograr esta meta.
En respuesta al compromiso adoptado en Kyoto, la denominada ley sobre CO2 se propone recortar en un 10% las emisiones de dióxido de carbono que provienen de la combustión de carburantes fósiles.
La contaminación que producen los combustibles de calefacción se reducirá en un 15%, y la de los carburantes para vehículos de motor en un 8%.
Incentivos
“El Parlamento quería establecer objetivos específicos para que cada sector se sintiera obligado a cumplir los que le conciernen”, explica Andrea Burkhardt, de la Oficina Federal de Medioambiente.
“En algunos sectores, como el del transporte, resulta más difícil aplicar medidas por el descontento que éstas causan”, agrega.
El pilar de la legislación federal son los esfuerzos voluntarios, una filosofía que ya ha dado frutos.
“El sector industrial, así como las pequeñas y medianas empresas se han comprometido voluntariamente a recortar las emisiones”, señala Burkhardt a swissinfo. “Obviamente, muchas de ellas emprendieron esos esfuerzos bajo la amenaza del impuesto CO2.”
Según la Oficina Federal de Medioambiente, las medidas aplicadas de forma voluntaria han sido menos exitosas en sectores como el de la construcción y el transporte.
Ante el riesgo de que Suiza no logre cumplir los objetivos de Kyoto, el Gobierno ha decidido pasar a la segunda fase de la legislación en materia de CO2.
“Si no logramos alcanzar las metas sectoriales, el Gobierno tendrá que introducir un impuesto como incentivo sobre los carburantes fósiles”, agrega Burkhardt. “Las aportaciones tributarias se fijarán conforme al porcentaje de emisiones que no se haya logrado reducir”.
Opciones tributarias
Las autoridades contemplan cuatro opciones tributarias, aunque todavía no se ha adoptado una decisión definitiva.
La primera sería un impuesto general sobre los carburantes, que incrementaría los precios de forma significativa y ocasionaría al gobierno federal una pérdida de ingresos por valor de 450 millones de francos (370 millones dólares).
La segunda opción también prevé elevar el precio de los carburantes, aunque en una proporción menor. Parte de los ingresos sería utilizada para comprar créditos de emisiones en otros países, lo cual facilitará el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones fijados por el Gobierno suizo.
“La meta de un incentivo tributario en el caso de los carburantes fósiles es lograr que la gente cambie su comportamiento a corto plazo y modifique su política de inversión a medio y largo plazo”, explica Burkhardt. “Esto debería permitirnos ver más allá del año 2012, fecha en que expira el Protocolo.”
La tercera variante consiste en combinar un impuesto sobre los combustibles para calefacción con el cobro de un céntimo por cada litro de carburante para vehículos de motor. La cuarta, en cambio, sólo contempla la introducción del denominado céntimo climático.
No obstante, el Gobierno afirma que estas dos soluciones no serían tan eficaces en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero.
Consultación
Sindicatos, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores y los partidos de izquierda se han manifestado a favor del impuesto CO2 y han pedido su introducción inmediata.
Su reivindicación ha sido respaldada por los expertos en clima, entre los que figuran algunos miembros del panel gubernamental para el cambio climático.
Los investigadores advierten que los efectos de la actividad humana perdurarán durante siglos y que hay que estabilizar ahora el récord de los niveles de CO2 reduciendo las emisiones en un 70%.
Científicos como Eberhard Jochem, del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, agregan que este impuesto beneficiaría también al sector económico.
“Se incrementaría en un 1% el Producto Interno Bruto de Suiza. No es mucho, pero sería positivo”, afirmó recientemente.
No todos se muestran tan entusiastas con el impuesto propuesto. La asociación de empresarios suizos, economiesuisse, se inclina más bien por el céntimo climático, posición que comparte la federación de importadores de petróleo y parte de la derecha política.
Pero muchas compañías ya han adoptado medidas para recortar las emisiones de CO2 y apoyan la introducción del impuesto. La federación de la industria química ha destacado que aquellos de sus miembros que han adoptado medidas de forma voluntaria se verán perjudicados si no se introduce un impuesto.
Las dos principales cadenas suizas de venta minorista, Migros y Coop, apoyan el impuesto CO2, pese a las consecuencias nefastas que tendrá para sus actividades en el negocio del petróleo.
swissinfo, Scott Capper
(Traducción: Belén Couceiro)
Para cumplir los compromisos de Kyoto, Suiza adoptó la ley CO2 en 1999.
Contempla la reducción global de emisiones de CO2 de carburantes fósiles en un 10% con relación a los niveles de 1990.
Las de dióxido de carbono representan el 80% de las emisiones que produce Suiza.
Suiza produjo 7,3 toneladas de CO2 per capita en el 2002, frente al 19,8% de Estados Unidos y el 9,6% de Gran Bretaña.
El Protocolo de Kyoto es un complemento al tratado sobre Cambio Climático adoptado por Naciones Unidas en 1992.
En el 2003 Suiza ratificó el Protocolo que pide recortar las emisiones de gas con efecto invernadero.
El Protocolo entra en vigor 90 días después de que Rusia lo firmara.
Además del dióxido de carbono (CO2), exige la reducción de las emisiones de metano, óxido de nitrógeno, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y hexafluorido de sulfuro.
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