Cinco temas, un domingo de votación y retos internacionales

Las votaciones del 13 de junio de 2020 en Suiza tienen una agenda cargada. La ciudadanía se pronunciará sobre cinco temas: dos iniciativas populares contra los pesticidas y tres referéndums sobre nuevas medidas para luchar contra el terrorismo, reducir las emisiones de CO₂ y la concesión de poderes especiales al Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Las dos propuestas sobre los pesticidas sintéticos son las más comentadas en Suiza y en el extranjero. Y por una buena razón: su aceptación supondría una reorientación radical de la producción agrícola del país. Suiza se convertiría, después de Bután, en el segundo Estado en el mundo en dar el paso y vivir sin productos fitosanitarios artificiales.

Aunque comparten el mismo objetivo, las dos iniciativas tienen enfoques diferentes. La iniciativa popular ‘Para una Suiza libre de pesticidas sintéticos’ pide la prohibición pura y dura del uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas sintéticos en la agricultura suiza, así como para su uso privado o comercial. Además, pretende prohibir las importaciones de estos agentes.

La otra propuesta se centra en el agua potable, pero se refiere también a los pesticidas y la utilización de antibióticos en la agricultura. Pretende acabar con todas las subvenciones públicas a los agricultores que no opten por métodos de producción sostenibles y respetuosos del medioambiente.

Los dos comités de iniciativa, que reúnen a representantes de la sociedad civil, pueden contar con el apoyo de la izquierda y los ecologistas. A su propuesta se oponen una amplia alianza de partidos de centro y de derecha, los círculos empresariales y la principal asociación de agricultores del país. En su opinión, las dos iniciativas son demasiado “extremas” y peligrosas para la soberanía alimentaria del país.

La democracia directa suele ser un buen barómetro de las preocupaciones globales, y lo será especialmente el próximo 13 de junio. Además de las dos iniciativas sobre los pesticidas, los suizos y las suizas votarán sobre un tema político importante para el conjunto de la humanidad: el cambio climático.

La ciudadanía tiene que decidir si desea o no una revisión de la ley de CO₂, que prevé una serie de medidas en el ámbito del transporte vial y aéreo, las emisiones industriales y la renovación de los edificios para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aprobada por el Parlamento en septiembre de 2020 después de tres años de debates, un comité económico ha conseguido las firmas ciudadanas necesarias para someter la ley a referéndum, por considerarla ineficaz y demasiado costosa para las empresas y los hogares. En la recolección de firmas participó también un segundo comité, integrado por activistas climáticos.

Otro tema que genera controversia más allá de las fronteras suizas es la nueva ley contra el terrorismo. En 2015, tras los atentados contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo en París, el Gobierno y el Parlamento crearon una base legal que dota a las fuerzas del orden de nuevos instrumentos para actuar de manera preventiva contra potenciales terroristas. Concretamente, la ley permite tomar una serie de medidas contra una persona sospechosa de representar una amenaza, aun cuando “las pruebas no fueran suficientes para abrir un procedimiento penal”.

Esta reforma legal es excesiva y abusiva, según los adversarios del proyecto, principalmente de las filas de la izquierda, que han recogido más de 140 000 firmas en menos de 100 días.

Han recibido el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que critican el proyecto porque abriría la puerta a la privación arbitraria de libertad.

Por último, los suizos y las suizas serán los primeros ciudadanos en el mundo que tienen la posibilidad de pronunciarse sobre los fundamentos jurídicos para la gestión de la crisis sanitaria. Un comité ciudadano ha recogido las firmas requeridas para forzar un referéndum sobre la Ley Covid, aprobada por el Parlamento y que entró en vigor el pasado mes de septiembre.

Esta ley pretendía dotar de una base jurídica firme a unas 18 decisiones adoptadas por el Gobierno entre mediados de marzo de 2020 y mediados de junio del mismo año, decisiones tomadas sin la habitual participación del Parlamento.

Los promotores del referéndum están preocupados por el papel preponderante del Consejo Federal (Gobierno) en el sistema federalista y de democracia directa del país, pero la campaña también refleja cierto escepticismo sobre la política de vacunación del Gobierno.

Traducción del francés: Belén Couceiro