Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Cerrar]

Límites de la democracia directa


La iniciativa popular, una ‘vaca sagrada’ difícil de reformar







 Otros idiomas: 2  Idiomas: 2
La iniciativa contra los minaretes de 2009 desató un polémico debate sobre los límites de la democracia directa. Hasta hoy, sin resultados concretos. (Keystone)

La iniciativa contra los minaretes de 2009 desató un polémico debate sobre los límites de la democracia directa. Hasta hoy, sin resultados concretos.

(Keystone)

¿Hay que poner más obstáculos a las iniciativas populares? Es la pregunta muy delicada que se plantea ante el creciente uso del instrumento estrella de la democracia directa suiza. Reunir una mayoría política dispuesta a sacrificar una parte de la soberanía popular constituye, no obstante, un verdadero quebradero de cabeza.

Quince iniciativas pendientes de ser sometidas a votación, otras tantas en fase de recolección de firmas, sin contar las decenas de textos que fracasaron en el intento: rara vez los suizos han vivido semejante avalancha de propuestas para reformar la Constitución Federal. Otro dato significativo es que la tasa de aceptación aumenta desde hace casi una década. De las 22 iniciativas aceptadas desde 1891, nueve superaron el veredicto de las urnas en los últimos diez años.

“Varias iniciativas crean problemas de compatibilidad con el derecho internacional o enormes dificultades a la hora de aplicarlas. Esto explica que últimamente se hayan multiplicado las propuestas para reformar este instrumento”, explica Pascal Mahon, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Neuchâtel.

Textos problemáticos

Entre las iniciativas aceptadas y consideradas “problemáticas” por su incompatibilidad con los derechos fundamentales o tratados internacionales que ha firmado Suiza figuran la imprescriptibilidad de los actos de pornografía infantil (2008), la prohibición de construir minaretes (2009), la expulsión de extranjeros que delinquen (2010) o la iniciativa contra la inmigración masiva (2014). Todas ellas llevan la firma de la UDC (derecha conservadora) o contaron con el apoyo de este partido.

El ejemplo más reciente es el de Avenir Suisse, que presentó a principios de abril un catálogo de medidas para evitar el uso indebido de este derecho popular. El laboratorio de ideas liberal quiere que la Cancillería Federal examine la validez del texto antes de la recolecta de firmas, aumentar el número de párrafos necesarios o incluso someter la ley de aplicación a una votación obligatoria.

Nada ha cambiado

Pocos meses antes, otro centro de reflexión, el Foraus, propuso que las iniciativas contrarias al derecho internacional vayan acompañadas de una votación sobre la revocación del tratado que infringen. El revuelo que se ha originado en torno a este tema se debe a las dificultades que plantea la ejecución de la iniciativa ‘contra la inmigración masiva’, ya que contradice los términos del acuerdo de libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea (UE).

Varias personalidades hicieron pública su posición recientemente en los medios suizos, entre ellas Astrid Epiney. La rectora de la Universidad de Friburgo propone votar solamente los textos de índole general y no redactados en términos precisos.

“Es un debate interesante desde el punto de vista intelectual, pero nunca se discute la cuestión central de cómo reunir una mayoría política a favor de esos proyectos. De hecho, pese a las múltiples proposiciones que se han puesto sobre la mesa en los últimos años, constatamos que no ha cambiado nada”, afirma Georg Lutz, politólogo en la Universidad de Lausana.

Herramienta de ‘marketing’ político

Este inmovilismo se debe, sobre todo, a lo difícil que es ‘tocar’ una institución que constituye una verdadera ‘vaca sagrada’ en Suiza. “La democracia directa siempre ha quedado excluida de los grandes proyectos de reforma de la Constitución”, recuerda Andreas Ladner, profesor del Instituto de Altos Estudios en Administración Pública (IDHEAP), en Lausana. Así, en el marco de la revisión de la Constitución de 1999, el Parlamento rechazó la proposición del Gobierno para elevar de 100 000 a 150 000 el número de firmas requeridas para someter una iniciativa a votación.

Además, los partidos tradicionales recurren cada vez más a este instrumento. Así, la iniciativa popular –creada inicialmente para que las minorías con escasa o sin representación en el Parlamento pudieran hacer valer sus reivindicaciones–, se asemeja cada vez a una herramienta de ‘marketing’ político.

Recolecta de firmas, ¿un juego de niños?

El crecimiento demográfico es un argumento que invocan a menudo los partidarios de aumentar el número de firmas requeridas para presentar una iniciativa. En 1891, las 50 000 firmas necesarias correspondían al 7,6% de la ciudadanía.

Después de la introducción del sufragio femenino en 1971 solo representaba el 1,3% de los electores. De ahí que en 1976 se duplicara el número de firmas requeridas, para que el quorum pasara al 2,6%. Hoy, nos situamos de nuevo por debajo de la barra del 2%.

Tampoco la introducción del voto por correspondencia ha facilitado la recolecta de firmas. “Hace 20 años, los colegios electorales eran un lugar ideal para recoger firmas”, explica el politólogo Andreas Ladner. “Es más complicado convencer a la gente delante de un supermercado”.

La mayoría de los partidos reconocen haber pagado a profesionales para que las iniciativas llegaran a buen puerto.

“En la última década, los principales partidos con representación parlamentaria, a excepción del Partido Burgués Democrático (PBD), han lanzado al menos una iniciativa”, subraya Georg Lutz. “De modo que no les interesa en absoluto endurecer las condiciones. Es más, algunos políticos son partidarios, pero no se atreven a declararlo públicamente por miedo a ser tachados de enemigos del pueblo”.

La bofetada de las urnas

El año pasado, el Gobierno se vio obligado a abandonar el proyecto destinado a controlar mejor la validez de los textos y su compatibilidad con el derecho internacional, después del varapalo que sufrió durante el habitual proceso de consultas de las partes interesadas. 

La Comisión de las Instituciones Políticas del Consejo de los Estados (cámara alta), por su parte, inició la pasada primavera un largo debate para esclarecer el papel del Parlamento en la invalidación de los textos sometidos a votación. Los partidos del centro proponen aumentar los criterios de invalidación u obligar a los promotores de la iniciativa a ser más precisos. Pero se encontrarán con la resistencia de la izquierda y de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), las dos formaciones políticas que más recurren –con diferencia– al veredicto de los ciudadanos.

Algunos creen que los mismos ciudadanos podrían frenar la inflación de iniciativas, con un método mucho más contundente que una reforma constitucional o legislativa: la bofetada de las urnas. “Vamos a asistir a una especie de autorregulación”, pronostica Andreas Ladner. “El pueblo ya ha manifestado su hartazgo en los últimos meses al rechazar claramente varias iniciativas. Y esto bien podría enfriar los ardores”.

De hecho, casi el 92% de los votantes rechazaron el impuesto energético que proponían los Verdes Liberales en lugar del IVA.  Y solo el 24,6% votaron a favor de la iniciativa del PDC (democristianos, centro derecha) para exonerar de impuestos las asignaciones familiares.

“Mantener el ritmo”

Hace casi 40 años que las iniciativas dictan la agenda política y no hay indicios de que esto vaya a cambiar, afirma Georg Lutz. Una situación que, paradójicamente, somete a los partidos a una mayor presión. “No es fácil mantener el ritmo de las votaciones y movilizar constantemente a sus electores, tampoco lo es para el Partido Socialista y la UDC”, señala el politólogo.

Para desmarcarse, los promotores de las iniciativas, sobre todo en el campo de la derecha, rozan a menudo los límites de principios fundamentales como la separación de poderes y el respeto de los derechos fundamentales, anota Pascal Mahon, en alusión a la iniciativa de la UDC que defiende la primacía del derecho suizo sobre el derecho internacional. “Tal vez se necesite una iniciativa que vaya realmente demasiado lejos –como la reintroducción la pena de muerte– para que los ciudadanos sean conscientes de que hay que reformar el sistema actual”.


Traducción y adaptación del francés: Belén Couceiro, swissinfo.ch

×