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Colombia trueca la verdad con la impunidad




Un grupo de paramilitares del 'Bloque Central Bolivar' depusieron las armas en el marco de la Ley de justicia y paz. (Keystone)

Un grupo de paramilitares del 'Bloque Central Bolivar' depusieron las armas en el marco de la Ley de justicia y paz.

(Keystone)

La promesa era de justicia y de paz. Sin embargo, a seis años de distancia, la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia ha conllevado una nueva forma de impunidad y violencia. Balance de una ley controvertida.

El acuerdo era claro: los paramilitares que eligieron deponer las armas debían haber reconocido los crímenes cometidos, entregar los bienes confiscados por la violencia e informar a las autoridades de eventuales cómplices. A cambio obtendrían una sustancial reducción de las penas, de hasta un máximo de ocho años por todos los crímenes cometidos, y la posibilidad de una reintegración en la sociedad civil.

De 2005 al 2010, cerca de 32.000 paramilitares decidieron adherirse a la Ley de justicia y paz (975), y aprovechar así los beneficios de esta justicia transicional.

De los 32.000 que depusieron las armas, solo tres fueron condenados. No obstante, los testimonios recogidos durante este proceso jurídico hablan de 318.056 víctimas directas: 170.458 personas asesinadas, 30.710 desaparecidas, 70.002 desplazadas…

En la década de los años 90, los paramilitares sembraron terror y dejaron correr la sangre de muchos con el pretexto de erradicar la guerrilla. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): así se hicieron llamar estas milicias de extrema derecha, al servicio de los latifundistas, de los narcotraficantes, incluso, del mismo Estado. Eran “grupos armados al margen de la ley”, según los definió el Gobierno del otrora presidente Álvaro Uribe. “Verdugos sin escrúpulos”, en palabras del movimiento de las víctimas.

Acuerdo entre iguales

"La Ley de justicia y paz fue concebida en un contexto de conflicto interno marcado, por un lado, por la política dura de Álvaro Uribe en su lucha contra los guerrilleros a través de la estrategia denominada seguridad democrática; y por el otro, por las tentativas de acuerdos de paz parciales con los grupos armados ilegales”, explica Mô Bleeker, quien desde hace años se ocupa del tratamiento de la memoria histórica en Latinoamérica, en el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.

La comunidad internacional y los movimientos sociales expresaron numerosas críticas en torno a la Ley 975, concluida en 2005, debido a la escasa atención dirigida a las víctimas y con un marcado acento a los privilegios garantizados a los miembros de las AUC. Para Diego Pérez, miembro del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL), “se trató fundamentalmente de un acuerdo político entre iguales, en lugar de una normativa judicial al servicio de la población civil”.

“Los mismos abogados de los grupos paramilitares, que en la época controlaban casi el 40% del Congreso fueron los redactores de la ley”, subraya Diego Pérez. “Este acuerdo le permitía al presidente Uribe lucirse ante la comunidad internacional, que reclamaba claridad sobre los vínculos entre los paramilitares y el Estado”. Al mismo tiempo, la legislación le aseguraba el apoyo político necesario para su reelección. “Los paramilitares controlaban vastas zonas del país y con su influencia podían hacer que se eligiera a la persona justa en el puesto justo y garantizarle así un segundo mandato”.

Bacrim, nuevo nombre, viejo estilo

La desmovilización de las AUC no significó el fin del paramilitarismo en Colombia. Desde las cárceles, estos milicianos mantienen el control de esas regiones, dirigen los mismos crímenes que antes cometían y amenazan a las mismas víctimas. En opinión de los defensores de los derechos humanos, los que hoy se hacen llamar Bacrim –bandas armadas emergentes- son solo una readaptación de los grupos paramilitares anteriores, con jerarquía y objetivos diversos, pero modalidades similares.

"Las estructuras de estos nuevos grupos armados son mucho más frágiles, cambian rápidamente, se transforman, se unen y desasocian con gran facilidad”, explica Mô Bleeker. A diferencia de los miembros de las AUC, estos nuevos grupos no llevan ningún signo que los distinga. Reconocerlos e identificarlos no resulta fácil, combatirlos, aún menos.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) cifra en 6.000 efectivos vinculados en las estructuras principales de las Bacrim. Sin embargo, Human Rights Watch habla de al menos 10.000 hombres activos en 24 de los 32 departamentos del país. Su ocupación principal parece ser el narcotráfico y para la población civil estas bandas representan un peligro tan real como el paramilitarismo.

Verdad, justicia y reparación

Además de la desmovilización de los miembros de las AUC, la Ley de justicia y paz debía haber garantizado a las víctimas del conflicto armado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. “Por primera vez, las víctimas han podido narrar los hechos en los que se vieron inmersos y, de este modo, hacer visible su drama”, subraya Mô Bleeker. “Gracias a esta ley, la correlación entre seguridad y silencio ha cambiado. Hablo porque mi testimonio permitirá poner fin a la guerra y hablo porque, al igual que yo, otros muchos también lo harán”.

Miles de personas han asistido a las audiciones de los paramilitares con la esperanza de obtener respuesta a sus demandas. ¿Dónde están sepultados nuestros hijos? ¿Quiénes han quemado nuestras casas? ¿Qué será de nuestra tierra? “El Estado ha prometido a las víctimas la verdad, las ha convencido para que presten testimonio, pero no les ha garantizado ninguna forma de protección”, anota Diego Pérez. “Y con los mismos asesinos en libertad, ha sido muy fácil volver y sembrar la muerte y el miedo”.

En lo que se refiere a la reparación, el balance de la Ley de justicia y paz es negativo. “Los paramilitares entregaron solo una parte insignificante de sus bienes al Estado. La mayoría de los terrenos han sido cedidos a terceros y ahora resulta difícil expropiarlos”, anota Diego Pérez. “La Ley 975 no prevé un mecanismo para contrarrestar este modo de despojo. De este modo, los afectados se quedan con las manos vacías, víctimas no solo de la violencia de los paramilitares, sino también de la fragilidad de un Estado corrupto”.

Bogotá prometió justicia y paz, pero la Ley 975 será recordada como la estrategia de la impunidad, la misma que permite a los líderes de las AUC controlar a sus anchas amplias zonas del país. Una impunidad que ha violado el derecho de miles de víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

datos clave

Según las autoridades judiciales, desde 2005 y hasta febrero de 2011, eran 318.056 los afectados directos registrados en el proceso de justicia y paz.

Homicidio: 170.458
Desaparición forzada: 30.710
Desplazamiento forzado: 79'002
Secuestro: 3'720
Reclutamiento de menores: 716
Violencia sexual: 708

(Fuente: Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, febrero de 2011)

Impunidad

En su informe 2011, Amnistía Internacional (AI) revela que “el proceso de justicia y paz sigue sin respetar los parámetros internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, aunque han surgido algunas verdades en torno a las violaciones de los derechos humanos”.

"Los grupos paramilitares siguen matando a civiles, amenazan y matan a los defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil, continúan con el reclutamiento de niños y realizan aún actos de" limpieza social ".

(Fuente: AI, Informe 2011)

Suiza, al lado de los afectados

Tras la entrada en vigor de la Ley de justicia y paz, en 2005, Suiza ha participado en la elaboración y el desarrollo de una estrategia para la reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto armado.

La División Política IV del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza promueve el trabajo del Grupo de Memoria Histórica (GMH), encargado de recuperar y narrar casos de violencia y abusos, dando la palabra, en primer término, a las víctimas de las violaciones perpetradas en Colombia.


(Traducción: Patricia Islas), swissinfo.ch



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