Colombia promete a las víctimas reparación y justicia
Tras años de negaciones, Colombia ha reconocido la existencia de un conflicto interno y la necesidad de garantizar justicia.
Calificada de histórica por la comunidad internacional, la ley sobre las víctimas choca, sin embargo, con una realidad de corrupción y violencia que amenaza con transformarla en un nuevo instrumento de guerra.
Medio siglo de violencia, seis millones de personas desplazadas, cientos de miles de desapariciones, muertes y lesiones. Víctimas de una guerra sin reglas o patrones, donde los intereses de la guerrilla y los paramilitares se entrelazan con los de la mafia, con autoridades corruptas y empresas multinacionales sin escrúpulos.
En Colombia la guerra ha dejado un rastro de sangre y dolor, las violaciones permanecen a menudo en el limbo de la impunidad. El gobierno de Álvaro Uribe negó siempre la existencia de un conflicto interno, acusando a los guerrilleros de terrorismo, minimizando el drama de las víctimas y soslayando las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Con la nueva ley sobre las víctimas – aprobada a finales de junio – el gobierno de Juan Manuel Santos pasó página, al menos simbólicamente. El Congreso también ha reconocido la necesidad de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para más de 4 millones de víctimas del conflicto interno, que después de tantos años han vuelto a dominar el debate político en Colombia. El texto reconoce el drama humano de la guerra y plantea el tema de la tierra como instrumento principal de reparación.
Calificada de histórica por la comunidad internacional, esta legislación es considerada por muchos como un primer paso hacia la paz y la reconciliación. Reconocer el carácter excepcional no significa negar las limitaciones y los riesgos considerables que implica su aplicación, subraya Diego Pérez, miembro del Programa Suizo para la Promoción de la Paz (Suippcol). “A diferencia de lo ocurrido en Argentina, Guatemala o Ruanda, esta ley fue aprobada en un contexto de conflicto y si siguen las condiciones actuales, la aplicación no será fácil”.
Discriminación en universo de víctimas
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es sin duda la definición del universo de las víctimas. Solamente aquellos que han sufrido violaciones, determinadas según el DIH, a partir del 1 de enero de 1985 pueden reivindicar reparación económica y solamente aquellos que fueron expulsados de sus tierras después del 1 de enero de 1991 pueden reclamar el derecho a la restitución.
“Es una ley discriminatoria, contraria al derecho internacional”, dice Jairo Ramírez, politólogo y miembro de Movice, la mayor institución colombiana de defensa de las víctimas. “La mayoría solamente tendrá derecho a una reparación parcial. Aquellos que elijan una compensación en efectivo por vía administrativa deberán renunciar a la vía judicial, a un proceso y una condena, en otra palabras, a que se haga justicia”.
Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado algunas críticas acerca de la definición del universo de las víctimas. El texto, deplora el organismo internacional, no garantiza una protección adecuada para los niños, adolescentes y mujeres, no reconoce como víctimas a los guerrilleros, al contrario de lo que establece el DIH, y niega cualquier tipo de protección a las víctimas de las nuevas bandas criminales, denominadas Bacrim, a las que asocia con la delincuencia común y no reconoce, por lo tanto, como actores del conflicto.
Restitución de tierras, ¿un sueño posible?
La ley sobre las víctimas no prevé solamente una reparación económica y moral, sino también la posibilidad de devolver la tierra a los desplazados. Colombia es el país del mundo con la tasa más alta de refugiados internos. Solamente en 2010 hubo 280.041 desplazados, con un promedio de 778 por día.
El gobierno colombiano se ha comprometido a devolver al menos 2 millones de las 6,5 millones de hectáreas de tierra expropiadas por la vía de la violencia. “La ley, sin embargo, no contempla medidas de protección para las comunidades que deseen regresar, los defensores de los derechos humanos que los acompañen o los jueces que defiendan la causa”, continúa Diego Pérez.
De hecho, esta ley no es una verdadera reforma agraria y no va a incidir directamente sobre las causas de la guerra. “Para las comunidades afectadas representa más un acto simbólico que un instrumento de reparación, porque en un país donde cada día sale a la luz un nuevo escándalo de corrupción no es fácil mantener la confianza en las instituciones”, dice Fabio Lozano, miembro del Codhes, un centro de asesoramiento sobre derechos humanos y desplazamiento.
“¿Cuántos tendrán el valor de volver a su propia tierra cuando ello significa ponerse frente a sus verdugos? ¿Cuántos podrán aceptar trabajar lado a lado con los productores de aceite de palma y de la industria minería, y cambiar pobreza por esclavitud?”
La paz no pasa por la guerra
Con la nueva ley sobre las víctimas, Colombia se ha dotado de un instrumento ambicioso que, sin embargo, difícilmente podrá curar las heridas de un conflicto que dura más de 50 años. Ya en 1997 había sido aprobada una ley sobre el desplazamiento, pero su aplicación sigue siendo un espejismo, como ocurrió en 2005 con la Ley de Justicia y Paz que debía garantizar un mínimo de reparación a las víctimas de los paramilitares.
“En lugar de seguir elaborando leyes de difícil aplicación, tendríamos que concentrar nuestros esfuerzos en construir la paz”, concluye Fabio Lozano. “Tendríamos que entender finalmente que la solución al conflicto en Colombia no es una victoria armada. Debemos tener el valor de cambiar de rumbo e invertir todos los recursos destinados a la guerra de una manera constructiva, uniendo esfuerzos para cambiar la dinámica de este país e iniciar un camino hacia la reconciliación”.
A pesar de las deficiencias y los riesgos que su aplicación implica, en muchas comunidades esta ley ha sido recibida con esperanza y confianza. Queda por ver si el país va a tener la fuerza y los medios para cumplir con los compromisos. Si eso ocurre, realmente puede ser un pequeño paso hacia la paz. Si falla, conllevaría el riesgo de añadir un nuevo instrumento de guerra y ampliar la brecha entre la sociedad civil y un Estado que desde hace años ha dejado de representarla.
La ley considera como víctimas a todas las personas que a partir del 1 de enero de 1985 han sufrido las consecuencias de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos.
Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos podrán acogerse a esta ley, que tendrá una vigencia de 10 años. Las víctimas tendrán derecho a dos tipos de reparación, moral y económica.
La ley también reconoce el derecho de las víctimas a regresar a su tierra con seguridad y dignidad, y prevé mecanismos jurídicos extraordinarios para restituir la tierra a miles de personas desplazadas desde el 1 de enero de 1991.
El gobierno se ha comprometido a devolver 2 millones de los 6,5 millones de hectáreas despojadas con uso de violencia.
Desde 1980 Colombia es uno de los países con el mayor número de refugiados internos en el mundo, con cerca de seis millones de personas obligadas a abandonar sus tierras, solamente 280.041 en 2010.
La ley sobre las víctimas fue aprobada en un contexto de recrudecimiento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia.
– Desde 2002 han muerto unos cincuenta representantes de las comunidades desplazadas, entre ellas, por lo menos 11 fueron asesinados durante el actual gobierno (Juan Manuel Santos, presidente desde agosto de 2010).
– En 2010, 26 sindicalistas fueron asesinados y un periodista.
(Fuentes: Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Codhes)
(Traducción: Marcela Águila Rubín)
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