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El caso Bolenberg


El inquietante nexo entre la trata y la prostitución


Por Clare O'Dea


 (Keystone)
(Keystone)

Mujeres transportadas ‘como ganado’ de un burdel al otro, y sometidas con violencia y amenazas. El caso Bolenberg, que revisan actualmente los tribunales suizos, vuelve a acaparar la atención sobre el siniestro lazo que existe entre el tráfico de personas y la industria del sexo.

Dos burdeles, uno ubicado en una zona rural del cantón de Schwyz, y otro en el pintoresco pueblo de Nidau, en el cantón de Berna, fueron objeto de redadas policiales en 2007. Según los fiscales, al menos 23 mujeres trabajaban bajo coerción.

El llamado caso Bolenberg, uno de los mayores escándalos de trata de personas que ha vivido Suiza en toda su historia, llegó finalmente a la corte en abril. Nueve hombres y una mujer enfrentan cargos por trata de personas e incitación a la prostitución. Por el momento, el expediente ha sido aplazado a petición de la defensa, pero se prevé que se reanude el 5 de junio.

En Suiza, se registraron 61 casos de trata de personas en 2013, la mayoría vinculados a la explotación sexual.

Hoy, las autoridades judiciales, los políticos y los activistas intentan conocer a fondo cuán frecuente es el tráfico de personas que son forzadas a ejercer la prostitución. Y cuáles son los caminos para proteger a las niñas y mujeres de este tipo de redes.

Algunas cifras

Se estima que entre 70.000 y 140.000 personas en Europa son cada año víctimas del tráfico de seres humanos. En más de cuatro de cada cinco casos, las víctimas – principalmente mujeres y chicas – son explotadas sexualmente.

En 2013, en Suiza se registraron 61 casos (78 en 2012). La mayoría de las víctimas venían de Rumanía, Hungría, Bulgaria y Tailandia.

En 2012, la policía federal procedió al intercambio de información con las autoridades judiciales de otros países en 345 casos de tráfico de personas.

¿Libre albedrío?

El Consejo de Europa publicó recientemente el informe Prostitución, trata y esclavismo moderno en Europa, en el que explica de forma clara y explícita la magnitud del problema.

El relator del documento, José Mendes Bota, explica a swissinfo.ch que todo apunta a que la mayoría de las prostitutas de nuestros días se ven forzadas a ejercer esta actividad y provienen de un contexto de pobreza.

“Considero que es un mito pensar que existe la prostitución voluntaria. Las personas que lo eligen son realmente una minoría”, sentencia.

La investigación también da cuenta de la falta de estadísticas fiables sobre el tema y sobre la situación de las trabajadoras sexuales en Europa, especialmente en países como Suiza.

“Cada cantón o municipalidad tiene una opinión sobre cómo enfrentar la prostitución; el sitio donde se ejerce y cómo controlarla. Pero no hay una base de datos nacional ni cantonal. Necesitamos más supervisión y una mayor especificidad en el trabajo para poder hacer frente al fenómeno”, refiere.

Caso Bolenberg

El caso Bolenberg, uno de los más grandes escándalos de trata de seres humanos registrados en Suiza, llegó finalmente a los tribunales en abril pasado.

Nueve hombres y una mujer fueron acusados ​​de tráfico de personas y de incitar a la prostitución tras la realización de redadas en el burdel Bar Bolenberg (cantón de Schwyz) y en otro en Nidau (cantón de Berna). Entre los cargos contra los presuntos responsables se cuentan también delitos como la violación y la malversación de fondos.

Se encontró que más de 20 mujeres, reclutadas en Bulgaria, Rumanía y la República Checa, trabajaban como prostitutas bajo coacción. Con frecuencia eran alquiladas para otros establecimientos y sus captores les habían confiscado los pasaportes y otros documentos de identidad.

La defensa de los acusados argumentó que había transcurrido demasiado tiempo desde que los delitos se cometieron y que esto impedía la realización de un juicio justo, por lo que solicitó un aplazamiento del mismo. La prórroga fue concedida, pero el caso será retomado el 5 de junio.

En mayo de 2013, un exgerente del burdel Nidau fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de personas y como responsable de la prostitución de 45 mujeres en un periodo comprendido entre 2003 y 2007.

Explotación sexual

Para realizar este reporte, Mendes Bota visitó Suecia, Alemania, los Países Bajos y Suiza. ¿Obtuvo una imagen fiel de la realidad de la industria suiza del sexo?

FIZ opina que no. La ONG zuriquesa especializada en la protección de víctimas del delito de la trata de personas trabaja en estrecha colaboración con la policía.

Cada año, FIZ atiende alrededor de 200 casos de mujeres que han sido víctimas del tráfico humano. Algunas llegan y se van pronto. Pero otras necesitan años para reconstruir su vida.

Susanne Seyter, miembro de FIZ, asegura que es difícil identificar a las víctimas, pero considera que el número de personas que son obligadas a trabajar en la prostitución es cada vez mayor. No obstante, aclara que siguen siendo una minoría con respecto al número de trabajadoras sexuales que hay en Suiza.

Seyter insiste en que es importante diferenciar hechos. El trabajo sexual es algo legal en Suiza. Es la trata de personas la que constituye un problema grave que, con frecuencia, va de la mano de delitos como la violación de los derechos humanos.

E, independientemente de la proporción, la tarea de ONG como FIZ es proteger a las víctimas del tráfico de personas. Considerando la importante superposición que existe entre la trata y la prostitución, el Consejo de Europa considera, pues, que la legislación y los reglamentos vinculados a la prostitución son herramientas vitales para evitar el tráfico de seres humanos.

Edad mínima

La prostitución y los problemas que trae consigo forman parte de la agenda política suiza del presente y han sido motivo de un debate sobre la necesidad de revisar la legislación vigente. Como parte de una acción largamente esperada, el Parlamento anunció en septiembre de 2013 que aumentaba de 16 a 18 años la edad mínima legal necesaria para trabajar en la industria del sexo.

En Suiza, unas 20.000 personas se dedican a la prostitución, no siempre de forma legal. A partir de la información disponible, se estima que se trata de una actividad económica con un valor de 3.200 millones de francos suizos.

El año pasado, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, pidió a un grupo de expertos encabezado por la expolítica Kathrin Hilber examinar minuciosamente las medidas de protección disponibles para las trabajadoras del sexo. Los resultados, presentados en marzo pasado, exhortaron a establecer una regulación de carácter nacional.

“El problema es que hay cantones pequeños que no están haciendo prácticamente nada para combatir la prostitución ilegal, porque carecen de los recursos y de la experiencia necesarios para ello”, explica a swissinfo.ch Kathrin Hilber.

“Se requieren reglas nacionales que permitan a todas las mujeres gozar del mismo nivel de protección en Suiza. Así no habrá lagunas que consientan la prostitución ilegal y la trata de personas”, añade.

De las 26 recomendaciones que hizo el reporte de Hilber, muchas se hacen eco de los planteamientos que ya había expresado Mendes Bota sobre la necesidad de reforzar la protección para víctimas, estrechar la cooperación internacional y asegurar los derechos de las trabajadoras del sexo. Pero los expertos suizos descartan que la compra de favores sexuales pueda tipificarse algún día como delito, como sucede en Suecia.

Para Hilber, este sería un enfoque erróneo y poco realista para los problemas que se quieren resolver.

Un negocio normal

El debate suizo sobre la prostitución asume que se trata de una industria legítima. De una actividad económica en la que las mujeres operan de forma independiente y en la que, en algunos casos, los cantones solicitan incluso un plan de negocios a quien la ejerce.

Hilber lo confirma. “Es verdad que existe la prostitución libre de tipo empresarial. Y esto debe ser reconocido. El estigma moral debe ser apartado, ya que es una actividad como cualquiera otra donde los derechos de los trabajadores pueden hacerse cumplir”.

Los problemas reales se centran en los casos de trabajadoras sexuales que son objeto de coerción y control, ya que las víctimas raramente piden ayuda. La mitad de los casos que atiende FIZ son referidos por la policía, por un tercero que contactó a las víctimas, por un cliente o por personal hospitalario, pero no por las mujeres afectadas.

El tráfico de personas es lo que se conoce como “delito de control”, dice  Boris Mesaric, del Servicio de Coordinación contra la Trata de Personas y el Trafico Ilícito de Migrantes (SCOTT), esto es, mientras más se busque, más se encontrará.

En el caso Bolenberg (ver recuadro) algunas de las mujeres rumanas, búlgaras y checas fueron reclutadas por la novia rumana del dueño de uno de los burdeles. Ella, a su vez, había sido víctima en el pasado.

La historia de Petra

Petra es un nombre ficticio, pero su historia es desoladoramente real. Llegó de Europa del Este tras conocer a un hombre en un club nocturno que le ofreció trabajar en un restaurante suizo.

Con dos hijos pequeños y una madre gravemente enferma, Petra se enfrentaba a un salario como ayudante en una tienda que no le alcanzaba para mantener a su familia, así que decidió presentarse para el trabajo del que le habían hablado.

Le prometieron un buen salario, un permiso de trabajo y el rembolso de sus gastos de viaje. La oferta era atractiva y parecía genuina, especialmente considerando la reputación de Suiza como país democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Cuando Petra llegó a Suiza le esperaba algo muy distinto. Un hombre de origen helvético le aguardaba en el aeropuerto para conducirla directamente a un burdel. Allí supo que debía ejercer la prostitución y cumplir todos los deseos de sus clientes.

También tuvo conocimiento de que tenía una deuda de 20.000 francos suizos con la organización para la que trabajaba. Una vez que liquidara este compromiso financiero podría seguir en la industria del sexo conservado la totalidad de sus ingresos. Pero si se rehusaba a cooperar, algo malo le sucedería a su familia. Su pasaporte y billete de avión de regreso le fueron confiscados.

Petra no quería prostituirse, pero tenía miedo y era golpeada. Las amenazas la mermaron a tal grado que se propuso voluntariamente para atender clientes los sietes días de la semana.

Tras cuatro meses de trabajo, le dijeron que aún debía 18.000 francos y le informaron que un suizo estaba dispuesto a casarse con ella para ayudarle a legalizar su situación, y evitarle problemas con la policía. El matrimonio tendría un costo de 15.000 francos que ella debía pagar.

Petra odiaba ese trabajo y no quería más deudas, así que se armó de valor y tomó un tren. Bajó en otra ciudad, vagó por las calles, durmió en una cabina…

Una transeúnte la vio y le ofreció su ayuda. Petra le contó su historia en un inglés entrecortado y la mujer la puso en contacto con FIZ. Dado que Petra quería regresar lo antes posible a casa no se atrevió a denunciar su situación ante las autoridades suizas.

Fuente: FIZ

Un delito complejo

“La trata de personas es un delito y un fenómeno complejo que requiere respuestas multidisciplinaria. Hay que trabajar en la prevención, pero también en la ejecución de acciones judiciales; y se necesita la cooperación y la protección de las víctimas”, señala Mesaric a swissinfo.ch.

Mesaric considera el tipo de cooperación local que está teniendo lugar entre FIZ y la policía de Zúrich -que trabaja en la zona roja zuriquesa-, es fundamental para luchar contra el tráfico de seres humanos.

“Las tareas se dividen. La política se ocupa de las investigaciones y las ONG cuidan de las víctimas, que son los principales testigos que hay contra los responsables. Las víctimas usualmente terminan traumatizadas. Necesitan recuperar cierta estabilidad y cuidado”, dice.

De  acuerdo con Seyter, las mujeres atendidas por el programa de protección de FIZ necesitan algún tiempo para serenarse y reflexionar antes de estar listas para ofrecer sus testimonios contra los traficantes. “Están aterrorizadas”, puntualiza.

“También vemos que las mujeres no se sienten suficientemente protegidas. Para quedarse en Suiza y recibir el beneficio de la rehabilitación, las víctimas deben colaborar con las autoridades testificando contra los traficantes. De lo contrario, deben abandonar el país ya que carecen de permiso de residencia. Esto hace más difícil nuestro trabajo”.

Mesaric afirma, por otra parte, que investigar el delito de la trata de personas exige contactar con múltiples fuentes de información, tantas como las que requiere una investigación por asesinato.

“En Suiza, contamos con una estructura policial relativamente pequeña. Con frecuencia hay problemas de recursos. Lo importante hoy es que la gente sea consciente de que la trata de personas existe en Suiza y de que debemos hacer algo al respecto”, puntualiza Mesaric.


Traducción del inglés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch



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