Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Cerrar]

En México, crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad


Por Marcela Águila Rubín


Manifestación en solidaridad con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.  (Keystone)

Manifestación en solidaridad con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio. 

(Keystone)

Entre las más recientes denuncias de violaciones a los derechos humanos en México, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (Guerrero),  la masacre de civiles en Tlatlaya, (estado de México), y las conclusiones de la investigación sobre la “guerra sucia” desatada en Guerrero en los años 60-70 contra la oposición han evidenciado la participación de fuerzas de seguridad.

En los diversos análisis de los medios de comunicación se habla de “crímenes de Estado” y/o de “crímenes de lesa humanidad”. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿El Estado mexicano ha incurrido en alguno de ellos? ¿En qué casos?

Alberto Puppo, italiano residente en México desde 2008 y profesor en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explica:  

Las calificaciones de crimen de Estado o crimen de lesa humanidad no tienen el mismo status. Cuando se habla de crímenes de Estado no se está haciendo referencia a un delito tal como puede estar definido por un código penal, sino a una cierta actividad estatal genéricamente criminal. En cambio la noción de crimen de lesa humanidad se usa principalmente en sentido técnico-jurídico.

Preguntarse por lo tanto si los hechos acaecidos en Ayotzinapa y en Tlatlaya constituyen crímenes de estado o crímenes de lesa humanidad implica formular dos preguntas distintas. En ambos casos, por lo que hasta ahora ha sido averiguado, los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas y de las muertes de Tlatlaya son fuerzas de policía o militares lo que permitiría imputar las conductas criminales al Estado y por lo tanto hablar de crímenes de Estado, y esto independientemente de la calificación jurídica de las mismas.

En el caso de los normalistas, el mismo procurador federal ha hablado de desapariciones forzadas las cuales constituyen una conducta típica que dada la presencia de ciertos caracteres de sistematicidad, es calificada como crimen de lesa humanidad.

swissinfo.ch: Los investigadores Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia” de las décadas 60 y 70 contra opositores denuncian  una política de exterminio contra amplios sectores de la población. ¿Existe relación entre esos hechos y los de Ayotzinapa?       

Alberto Puppo: Los normalistas han desaparecido en el estado de Guerrero, el mismo que fue uno de los peores escenarios de la guerra sucia, que no casualmente ha dado lugar, en 2009, a una condena en contra de México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el conocido caso Radilla.

(Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y desde entonces no se le volvió a ver. La CIDH presentó una demanda contra el Estado mexicano. Fue el primer caso en que México compareció ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. NDLR).

ONGs nacionales nunca han dejado de denunciar el fenómeno de las desapariciones forzadas. No es excesivo, aunque se trate de una mera especulación, pensar que exista una cierta continuidad entre la guerra sucia de ayer y las desapariciones de hoy.


Lo más preocupante es la constatación del escaso efecto de la condena del Estado mexicano en el caso. Si es cierto que la condena ha implicado una reforma que atribuye la competencia jurisdiccional para juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por militares a tribunales ordinarios y no al militar, la condena no parece haber disuadido de la comisión de crímenes similares a los de la guerra sucia que, por falta de investigación, no fueron ni enjuiciados ni sancionados.


swissinfo.ch

×