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Indígenas Kaqchikeles: "No vendemos a nuestra Madre"

Indígenas de Guatemala denuncian los daños de trasnacionales del cemento en sus tierras.

(peacebrigades.ch)

Doce comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez, en Guatemala, se oponen “rotundamente” a la construcción de una fábrica de cemento. Accionista minoritaria en el proyecto, la firma suiza Holcim asegura que está al margen de la toma de decisiones.

“No hay minería que no dañe el ambiente”, recuerdan los pobladores locales. Por ello, y “porque queremos vivir como nuestros abuelos, en armonía con la Naturaleza”, rechazan la construcción de la planta.

Portavoz del mensaje, la abogada maya Carmela Curup, viajó a Suiza con José Cosojay, para “informar a la comunidad internacional sobre la persecución y criminalización que sufrimos por defender nuestro territorio y cultura”.

“La situación es preocupante, nos sentimos perseguidos, espiados, amenazados por la cementera”, expresó Cosojay, líder comunitario desde 2006, pero “activo” desde niño “porque sigo los pasos de mi padre”.

Los representantes de las comunidades Kaqchikeles informaron en Berna sobre su vida cotidiana llena de conflictos, sus estrategias de resistencia y sus demandas a la empresa. “Hay poca información objetiva sobre nuestra lucha. Traemos documentos que prueban la violación de nuestros derechos”.

Holcim: “revisamos opciones”

Consultado por swissinfo.ch sobre la denuncia realizada en Berna con respecto al caso, Holcim aclaró que su injerencia en el proyecto es limitada.

Peter Gysel, portavoz del grupo cementero, afirmó que Holcim posee sólo 20% de las acciones de Cementos Progreso en Guatemala, lo que le deja fuera de la toma de decisiones.

“Holcim Suiza no tiene influencia en el manejo de la empresa ni en la conducción de este proyecto en particular. De hecho, la situación de Holcim en Guatemala no es satisfactoria para nuestro grupo en el presente y estamos revisando todas las opciones que tenemos (para el futuro)”, subrayó.

Cabe recordar que Cementos Progreso es la primera cementera que operó en Guatemala –en los albores del siglo XX-, y fue un siglo más tarde, en el año 2000, cuando se asoció con Holcim.

La cosmovisión maya

El discurso de Curup refleja una cosmovisión fuertemente arraigada - “no podemos vender a la Madre Tierra”- y una estrategia de supervivencia: “Después de la invasión española en 1525 nos refugiamos en las montañas. Hoy los inversionistas quieren expulsarnos de allí. ¿A dónde vamos a ir”, preguntó.

Sus razones no dan lugar a concesiones, aunque reciban regalías- “si antes teníamos 10, hoy apenas nos dan entre una y tres” - o les prometan empleo. “Durante siglos hemos sembrado maíz, legumbres, café, y cultivado flores. Esta es nuestra fuente de ingresos y forma de vida”.

Algo que no quieren cambiar. “Porque la minería no genera empleo, por lo menos no para la población local. Nos dijeron que iban a dar trabajo a 600 personas, pero como en nuestras comunidades hay un alto analfabetismo, se emplea a foráneos. Así no hay desarrollo sostenible”, argumentó Curup.

Un analfabetismo que la abogada maya atribuyó a un sistema educativo “que expulsa de las aulas a los niños indígenas, porque las clases se imparten en español”. Por propia experiencia dice que superar las barreras de ese sistema para un mayahablante “es un reto”.

Una justicia que los criminaliza

La oposición de la población al proyecto es total, confirmaron las ONG suizas que invitaron a los líderes indígenas, las Brigadas Internacionales de la Paz (BIP) y la Red Guatemala Berna:

“Después de que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco aprobó la construcción de la fábrica, las comunidades realizaron una votación con un resultado abrumador: 8.946 personas en contra, cuatro a favor. Pese al rechazo, el gobierno local dio luz verde a la construcción de la cementera”.

Lo anterior demuestra que la autoregulación de las empresas no es un mecanismo efectivo. “Por ello, la campaña ‘Derecho sin fronteras’ busca que Suiza decrete normas que obliguen a las empresas a respetar derechos humanos y estándares ambientales, y que en caso de desacato sean sancionadas”, apuntaron las organizaciones.

Vemos con buenos ojos este apoyo de organizaciones internacionales que nos han ayudado a difundir nuestra posición en los medios, dijo Curup. “Ello ha contribuido a que disminuya la represión. Los problemas con Holcim empezaron  en 2006, cuando la empresa comenzó a trazar una carretera privada para transportar el cemento, allanó nuestras propiedades y dañó nuestros cultivos”.

Las autoridades no respondieron a las demandas, prosiguió Curup. “A cambio reprimieron nuestras protestas. En este tiempo nos han criminalizado. Hay más de 100 procesos penales contra nosotros, 86 comunitarios están encarcelados, acusados de terrorismo, tráfico de armas, posesión de bombas”.

Un líder fue sentenciado a 150 años de prisión, cuatro están presos hace tres años sin que se aclare su situación jurídica, hemos presentado más de 150 denuncias y solo se investigó una, refirió.

Esta es la respuesta estatal, según la defensora de derechos humanos. “En las estructuras del Estado, del sistema de justicia, impera el racismo. No tenemos los mismos derechos que otras personas. Nos ven como objetos y no como sujetos de derecho”.

La consulta los “empodera”

Curup no se cansa de repetir que en 1996 Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos consultar a los pueblos indígenas antes de tomar alguna decisión que los afecte.

“El gobierno aduce que como no hay un reglamento sobre este convenio, no tiene la obligación de consultar. Pero este acuerdo tiene rango constitucional y por ello la Corte de Constitucionalidad nos ha dado la razón”.

La consulta nos ha empoderado, es un instrumento que puede remover estructuras en un estado que decide verticalmente, según Curup. “En Guatemala hubo como 50 consultas en las que participaron más de un millón de personas. Muchos pueblos se declararon libres de minería”, indicó.

Solamente en las comunidades de San Juan Sacatepéquez la industria cementera “ha destruido tres lugares sagrados maya, dos cerros y un pozo vivo. Como no hay modo de recuperarlos vamos a pedir resarcimiento por el daño”, anunció Curup.

Insistió en la consulta. “El Etado deberá ser juzgado en el futuro por no respetar el Convenio 169. Y Holcim tendrá que suspender sus actividades. La única solución es que se retire de territorio Kaqchikel. No coincidimos con su visión mercantilista de la Madre Tierra”.

Red Guatemala Berna

Junto con laa PBI invitó a los indígenas defensores de los derechos humanos, Carmela Curup Cjajón y José Mauro Cosojay Turuy.

Esta organización se ha solidarizado con la población de Guatemala.

Su misión es sensibilizar a la opinión pública suiza sobre temas actuales en el país centroamericano. 

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Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

Fueron fundadas en 1981 en Canadá para brindar protección sin armas, velar por el respeto a los derechos humanos en zonas de conflicto y buscar espacios para encontrar soluciones sin violencia.

En 1981 se creó el capítulo suiza de las PBI. Su sede está en Berna.

Sus primeros voluntarios fueron a Guatemala. Hoy opera en Colombia, México, Guatemala, Nepal, entre otros países.

Hasta fines del año pasado estuvieron en acción unos 85 voluntarios suizos.

Desde 2001 es reconocida como socia estratégica en el fomento de la paz por el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo.

En 2001 recibió el Premio Martin Ennals, considerado el ‘Nobel’ de los derechos humanos.  

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Holcim

Con una producción anual de más de 200 millones de toneladas, es una de las principales productoras de cemento en el mundo junto con la francesa Lafarge y el consorcio mexicano Cemex.

 La empresa fue fundada en 1912 en Holderbank, cantón de Argovia. Su sede está en Jona, en el cantón de San Gall.

Está presente en 70 países y tiene más de 45.000 empleados.

Se ha especializado en la producción y comercialización de materiales de construcción.

Sus actividades en relación con la sostenibilidad ambiental y social son objeto de controversia.

En el Foro Económico Mundial de Davos en 2008 fue nominada con la anti-distinción de la ‘Mirada Pública de Davos’ por pagar ‘salarios especialmente bajos de este sector industrial’ y por “adquisiciones cuestionables de tierras en la India”.

En 2010 registró un beneficio neto hasta un 17,2% menor que en 2009, tasado en 1.620 millones de francos (1.270 millones de euros). En cambio, su cifra de negocios aumentó en un 2,5% hasta llegar a los a 21.650 millones de francos.

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swissinfo.ch

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