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Política familiar a las urnas

AFP

Un proyecto de enmienda constitucional busca mejorar las condiciones para los padres que deseen combinar el trabajo y la familia. Sin embargo, sus opositores dicen que podría representar solamente una carga fiscal adicional y una interferencia innecesaria por parte del Estado.

La redacción de la enmienda constitucional, que será sometida a votación el 3 de marzo, es bastante vaga. En esencia, establece que la conciliación de la vida laboral y familiar es responsabilidad de los gobiernos federal y cantonales. Si los esfuerzos de los cantones resultan insuficientes, las autoridades federales pueden establecer objetivos.

Lucrezia Meier-Schatz, directora de la organización Pro Familia y parlamentaria de Partido Demócrata Cristiano (PDC) dijo que es crucial crear las condiciones adecuadas para permitir que los padres de familia puedan ocuparse de ésta sin dejar de trabajar.

La insuficiencia de infraestructura, como guarderías y otras opciones de cuidado de los niños, dificulta conservar el empleo, en particular a las mujeres, señaló la legisladora. Como consecuencia, deben renunciar a su carrera, dejar de trabajar o decidir no tener hijos. Hace falta un mayor apoyo para las familias, insistió.

“La Constitución debe ser modificada para responder a las necesidades de las familias y las expectativas de la sociedad”, precisó. En su opinión, los beneficios y prestaciones actuales, como el seguro de maternidad, quedaron superados.

En el lado opuesto, Hans-Ulrich Bigler, director de la influyente Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa consideró que “la propuesta de modificación allana el camino para gastos suplementarios e impone una carga adicional a la política social”.

Los costos adicionales podrían ascender a tres millones de francos, de acuerdo con Bigler, quien rechazó las acusaciones de asumir una oposición abierta contra una mayor compatibilidad entre trabajo y familia. Se pronuncia por una solución con base en la responsabilidad personal y de las empresas. 

Lucrzia Meier-Schatz,Grupo Pro Familia

“La Constitución debe ser modificada para responder a las necesidades de las familias y las expectativas de la sociedad”.

En el Parlamento

Los debates en el Parlamento el año pasado sobre la enmienda constitucional enfrentaron a la izquierda y amplios sectores de los partidos centristas contra los miembros de la derecha política.

Los socialistas (PS), los Verdes y el PDC argumentan que la reforma ayudaría  a cerrar baches en la ley y a fortalecer el papel de la familia, en beneficio de la sociedad y de la financiación del sistema de seguridad social. Advirtieron que Suiza se quedaba por detrás de otros países europeos en lo que toca al cuidado de niños fuera del hogar.

La Unión Demócratica del Centro (UDC/derecha conservadora) – y en un principio también los radicales de centro-derecha – considera que la medida podría llevar a una excesiva interferencia del Estado en materia familiar, causando un gasto extra y debilitando al sistema federalista, que deja a las autoridades locales y cantonales un alto grado de autonomía.  

En la votación final, los partidarios de la iniciativa lograron una clara victoria en  ambas cámaras. La izquierda y la mayoría de los partidos de centro votaron a favor, la UDC se pronunció en contra, mientras que los radicales se dividieron.

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¿Que el Estado cuide a los niños?

Este contenido fue publicado en En Suiza, los defensores de la iniciativa argumentan que un apoyo estatal impactaría favorablemente la economía del país al facilitar a las mujeres desarrollarse profesionalmente. Aquellos en contra, se pronuncian por un modelo familiar más tradicional, con la madre en el hogar, especialmente cuando sus hijos tienen pocos años. ¿Qué opina usted?

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Iniciativas

La propuesta data de hace casi seis años, cuando un parlamentario demócrata cristiano lanzó el proyecto de enmienda constitucional.

Su partido, que regularmente defiende cuestiones familiares como parte de su agenda política, también busca más recortes de impuestos para las familias. El PDC, de centro derecha, entregó suficientes firmas para realizar una votación al nivel nacional sobre las medidas que podrían eximir de impuestos a las ayudas por hijo y los subsidios para la educación.  

Sin embargo, los demócrata cristianos no son el único grupo activo en el campo.

La UDC espera convencer a los votantes de su propia iniciativa – que va en la dirección opuesta – para derogar los beneficios para las familias que envían a sus hijos a guarderías. Los derechistas quieren promover un modelo de familia tradicional, con las madres en casa.

Por su parte, el Parlamento ha ampliado repetidamente un programa, puesto en marcha por un diputado socialista en 2000, para ayudar a promover la creación de guarderías adicionales. Sin embargo, el Ministerio del Interior anunció en diciembre que el paquete de crédito por 120 millones de francos casi está agotado, debido al gran número de solicitudes de apoyo financiero.

La enmienda constitucional sobre la política familiar es uno de los tres objetos presentados en la votación federal del 3 de marzo.

Los votantes también decidirán sobre una polémica iniciativa para limitar los sueldos de los directivos y reforzar los derechos de los accionistas y en contra de un referéndum sobre la revisión de la ley sobre el uso de suelo aprobado por el Parlamento en 2012.

Sobre alrededor de 5,1 millones de ciudadanos con derecho a voto,  162.000, en su mayoría suizos en el extranjero, podrán pronunciarse  por votación electrónica.

Además de las elecciones nacionales, muchos cantones y municipios votarán sobre diversos temas locales.

Postura del Gobierno

El Ministerio del Interior dijo que el proyecto de modificación constitucional que se votará en marzo “reconoce la importancia crucial de la familia para la sociedad y tiene más en cuenta sus necesidades”.

El portavoz Peter Lauener también destacó los beneficios para la economía si más mujeres conservan sus empleos después del parto. El cambio legal puede ser visto como una forma de contrarrestar la escasez de mano de obra calificada y reducir la pobreza de las familias, añadió.

Hasta ahora, las autoridades federales se han centrado principalmente en aliviar  la carga financiera de las familias,  pero ha llegado el momento de hacer más compatibles la vida familiar y el trabajo, dijo Lauener.

Preguntado sobre  la vaguedad en la enmienda constitucional, el portavoz respondió que “corresponde a los cantones negociar los detalles”.

Traducción, Marcela Águila Rubín

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