Iniciativa anticorrupción 'Ley 3 de 3' haciendo historia en la democracia directa mexicana




Las redes sociales han dado impulso a la iniciativa ciudadana contra la corrupción. En la imagen, la cuenta en Twitter de @ley3de3.

Las redes sociales han dado impulso a la iniciativa ciudadana contra la corrupción. En la imagen, la cuenta en Twitter de @ley3de3.

(www.ley3de3.mx)

Por primera vez, un nutrido grupo de ciudadanos y 50 organizaciones lograron que el Congreso de la Unión debatiera una iniciativa surgida de la gente para frenar la corrupción de los políticos. Un logro ciudadano que se ha visto empañado por reformas hechas por el Senado al contenido original.

En México, hasta el 2016, la democracia directa era un ejercicio más teórico que práctico.

Sin embargo, cansados de décadas en las que ni la alternancia en el poder ni los relevos generacionales en la política han sido capaces de abatir el flagelo de la corrupción, numerosos abogados, investigadores, periodistas, estudiantes y ciudadanos en general decidieron organizarse para transformar su indignación en acción.

A lo largo de dos años, prepararon la primera iniciativa 100% ciudadana del país latinoamericano. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, o 'Ley 3 de 3Enlace externo', como se la conoce en México, exige que diputados, gobernadores, senadores y funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, presenten tres tipos de declaraciones para ejercer cargos públicos:

1.  Patrimonial: deben informar qué activos poseen y cómo los han adquirido a lo largo de su vida.

2. Fiscal: deben probar, vía su declaración de impuestos, que cumplen sus responsabilidades tributarias.

3. Intereses: están comprometidos a dar fe por escrito de que no tienen conflicto de interés en el ejercicio de un cargo como resultado de los trabajos que desempeñaron antes o los aliados políticos -o familiares- con los que cuentan.

La ciudadanía identificó 10 tipos de corrupción que califica de graves. En la lista se incluyen las prácticas de soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, colusión, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información confidencial o falsa, nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción.

La ‘Ley 3 de 3’ propuso también mecanismos para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción de forma anónima y segura, en un país en donde la violencia es una constante. Y contempló sanciones específicas para los funcionarios públicos que cometan cualquiera de los delitos antes citados.

Firmas ciudadanas

La primera versión formal de la ‘Ley 3 de 3 quedó concluida en febrero del 2016, pero para que su contenido fuera debatido por las dos cámaras del Congreso, el reto inmediato era obtener 120.000 firmas de respaldo para su contenido, mismas que equivalen al 0,13% del electorado de México.

La ciudadanía ya había intentado previamente la presentación de iniciativas ciudadanas entre 2012 y 2014, relacionadas con temas como dotar de Internet a todos los mexicanos o regular diversos usos para el cannabis, pero no lograron el respaldo necesario.

La ‘Ley 3 de 3’ también hizo historia en este ámbito. En dos meses reunió más de 630.000 firmas, cinco veces el mínimo requerido por la ley.

Los mexicanos se pasaron la voz a través de redes sociales como Facebook, Twitter y a través de blogs. En la presente era digital, el formato para sumar su firma al proyecto de iniciativa estaba disponible en internet.

No obstante, debido a que el fraude electoral fue un delito recurrente en México hasta finales de los 80, además de incluir su nombre y firma, cada ciudadano que estaba a favor de la ‘Ley 3 de 3’ debía integrar también su clave de elector, que es el registro único y personal que le asigna el Instituto Nacional Electoral -antes Instituto Federal Electoral- en la credencial de elector con fotografía que los mexicanos tramitan al cumplir 18 años de edad.

A diferencia de Suiza, en donde las firmas son recibidas por la Cancillería, órgano central que apoya al gobierno en la optimización de recursos, en las tareas de comunicación y que funge como enlace operativo con el Poder Legislativo, en México es el Senado el que recibe los paquetes con rúbricas. En este video, la entrega de la iniciativa:

Y es la Cámara Alta la que turna dichas firmas ciudadanas a las comisiones especializadas competentes -la Comisión Política en el caso de la 'Ley 3 de 3'-, que emiten comentarios antes de retransmitir el documento a las dos cámaras legislativas para su debate.

Desvirtuando la iniciativa

La 'Ley 3 de 3' no quedó intacta tras su paso por el Legislativo.

El pasado 15 de junio, en sesión extraordinaria del pleno del Senado, un total de 59 legisladores-encabezados por los representantes del PRI, el partido de centroderecha en el poder- votó en contra de que las tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses) se hicieran públicas utilizando los formatos de difusión que diseñaron los propios ciudadanos, en el marco de su iniciativa. Hubo 50 votos a favor, una abstención formal y otros 17 legisladores simplemente no se presentaron a la votación.

Esto significa que los políticos tendrán la obligación de presentar dichos informes ante la autoridad, pero la información no será accesible ni para la prensa ni para los ciudadanos.

El Senado decidió además reformar otro de los artículos de la ley para que también rindan cuentas todas las personas que preste servicios, tengan contratos o reciban recursos del gobierno. Las enmiendas fueron avaladas 24 horas más tarde por la Cámara de Diputados.

Estos cambios han sido interpretados por la ciudadanía como un desvío que protege los intereses personales de los servidores públicos y que descalifica los esfuerzos de la sociedad civil para atacar la corrupción.

Lo anterior porque los cambios decididos por el Congreso Mexicano supondrían una afectación a 35 millones de mexicanos, la mayoría de ellos pertenecientes a grupos vulnerables, como personas de tercera edad o madres solteras, que son beneficiarios de recursos públicos a través de programas sociales.

La ‘Ley 3 de 3’ también se volvería obligatoria, por otra parte, para todas las pymes y para cualquier particular que tenga contratos de proveeduría de bienes o servicios para oficinas de gobierno, lo que se traduciría en burocracia, tiempo y gastos imposibles de manejar para la gestión cotidiana de los pequeños negocios.

La iniciativa privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial de México, exigió pues una revisión de la nueva ley por considerarla “inadecuada y excesiva” para microempresarios y particulares.

La indignación

Los ciudadanos que trabajaron en la ‘Ley 3 de 3’ se han dicho decepcionados, pero aseguran “no bajarán los brazos”, como lo expresó, en el vídeo abajo, un grupo de jóvenes encabezados por Pedro Kumamoto, el único político independiente que ha logrado un puesto de representación popular por el Distrito 10 en el Congreso de Jalisco, sin vincularse a ningún partido político.

La ‘Ley 3 de 3’ modificada no puede entrar en vigor si no es promulgada. Por ello, la opinión pública mexicana solicitó al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ejercer su derecho de veto presidencial sobre los dos artículos que fueron modificados por el Legislativo que contravienen el planteamiento original de la ciudadanía.

Para reforzar esta posición, la Asociación de Emprendedores de México y Latam AC lanzaron una iniciativa en Change.orgEnlace externo para reunir firmas que apoyen la petición del veto presidencial. 

Y si bien el Presidente de México tenía hasta el 17 de julio para fijar su posición sobre la 'Ley 3 de 3' aprobada por el Congreso mexicano, en un giro inesperado, anunció el pasado 24 de junio el veto a esta ley.

Como resultado de lo anterior, el documento regresó al Senado esta semana. La cámara alta aprobó las modificaciones propuestas por Peña Nieto. Los particulares ya no deberán hacer la rendición de cuentas exigida, según estos cambios.

Un movimiento que no asegura que esta iniciativa ciudadana vuelva a su estado original, pero que representa un avance para la sociedad civil que, ejerciendo presión, ha conseguido una nueva ventana de oportunidad contra la corrupción de los políticos."Es de lamentar que una vez más haya prevalecido el desaseo legislativo, la improvisación y hay quienes afirman que también estuvo presente el dolo, pero debemos celebrar que en México ya contamos con una sociedad cada vez más activa que vigila, incide y pide cuentas a sus representantes", opina Agustín Castilla, en La Silla Rota. 

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