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¡Sonría, está siendo filmado!

Las cámaras vigilan el patio de las escuelas de Lutry, cerca de Lausana. Keystone

Las estaciones ferroviarias, los patios de las escuelas, los aparcamientos, los parques: el fenómeno de la videovigilancia gana terreno en Suiza.

Es una respuesta al creciente sentimiento de inseguridad, aunque también abre muchos interrogantes sobre la cada vez mayor intrusión en la esfera privada de los ciudadanos.

Cualquiera que llegue en tren a Zúrich no podrá evitar el ojo atento de las cámaras de vigilancia: en la estación de ferrocarril hay un centenar. Lo mismo ocurre en Basilea, Berna y Lucerna.

En los próximos meses también las estaciones de Lausana, Ginebra y Winterthur se dotarán de sistemas de videovigilancia que observarán discretamente las 24 horas del día todo lo que ocurre a su alrededor.

Las estaciones son sólo la punta del iceberg. Recientemente, la municipalidad de Lutry, en el cantón de Vaud, decidió instalar cámaras en los patios de las escuelas para evitar incidentes delictivos y agresiones. Sin hablar de los trenes, parques, plazas, aparcamientos, carreteras, tiendas, bancos…

40.000 cámaras

Se estima que en Suiza hay al menos unas 40.000 cámaras de vigilancia, según un estudio de la Universidad de Friburgo que data de 2004.

Esto equivale a una videocámara por cada 180 habitantes, lo que sitúa a Suiza muy por debajo de Gran Bretaña, donde existe una por cada 14 habitantes.

Hasta ahora el asunto no parecía preocupar demasiado a los suizos: menos del 2% de las personas encuestadas en el marco del estudio de la Universidad de Friburgo considera que la videovigilancia en lugares como los aparcamientos, las estaciones, los bancos, los centros comerciales o los transportes públicos constituye una intromisión en su esfera privada.

“Muchos se dicen ‘a mí me da igual, total no tengo nada que esconder'”, explica Eliane Schmid, de la Oficina federal que se ocupa de la protección de datos.

Pero el creciente número de cámaras también abre muchos interrogantes: “Es verdad, hoy esto puede parecer como de ciencia-ficción, pero en casos extremos podrían elaborarse, por ejemplo, perfiles de movimientos. Nuestro temor principal es, de hecho, que mediante la videovigilancia nos adentremos cada vez más en la esfera privada”, afirma Eliane Schmid.

Lagunas jurídicas

La legislación federal actualmente en vigor (regulada por la Ley sobre la protección de datos de 1992) establece algunas restricciones.

Por ejemplo, la videovigilancia por parte de privados es lícita solamente si existe un interés preponderante; las personas que entran en el espacio vigilado deben ser informadas de ello; las imágenes tienen que ser borradas tan pronto dejen de ser necesarias y está prohibida su transmisión a terceras personas. Sólo que en la práctica nadie controla si se cumplen estas normas.

El caos es mayor en el caso de la vigilancia de los espacios públicos, como ilustra el ejemplo de las escuelas de Lutry. Las autoridades cantonales han pedido al municipio que desconecte las cámaras por lo menos durante los horarios de clases; sin éxito.

Ante la falta de una ley cantonal relativa a la videovigilancia, el cantón de Vaud carece de competencia en la materia. En esta situación se encuentra el resto de cantones suizos, a excepción de Basilea-Ciudad, el único que dispone de una ley específica.

En un intento de llenar este vacío legislativo, el gobierno del cantón de Vaud ha presentado un proyecto de ley que incluye las normas federales e introduce la figura del ombudsman de la protección de datos. Otros cantones siguen el ejemplo.

La justa medida

“No se trata de introducir una prohibición general de la videovigilancia”, explica Eliane Schmid. “Pero es necesario determinar en cada caso la justa medida. ¿Es la videovigilancia el único medio para alcanzar los objetivos o existen sistemas que interfieren menos en la esfera privada? Un ejemplo: ¿Necesita una determinada joyería cámaras de vigilancia o un cierre más seguro es suficiente?”

Una cuestión, la de la justa medida, que abordan dos profesores de Derecho de la Universidad de Ginebra en un artículo aparecido recientemente en el diario ginebrino ‘Le Temps’: “Para que una restricción de la libertad no viole la Constitución, una disposición como la videovigilancia estatal debe permitir cumplir el objetivo de seguridad que se ha fijado previamente, siempre y cuando no existan otros medios menos intromisivos. La respuesta no es fácil, pues varios estudios científicos ponen en tela de juicio la eficacia de los dispositivos de vigilancia”.

¿Eficaces?

En el informe de seguridad 2004, los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) afirman que en el espacio de dos años, después de instalar las cámaras de vigilancia, los actos de vandalismo en los trenes disminuyeron un 80% en la Suiza de expresión francesa. Una cifra que los FFS tuvieron que relativizar posteriormente: los datos no eran fiables y la introducción de la videovigilancia fue sólo una de múltiples medidas de prevención que se adoptaron.

Otros estudios llevados a cabo en Gran Bretaña muestran, por ejemplo, que al inicio se observa una disminución de la criminalidad en los lugares vigilados, pero que muy pronto se olvida la presencia de cámaras.

En Middlesbrough, en el noreste del país, han encontrado otra solución: se instalaron siete cámaras provistas de altavoces. Los responsables de la vigilancia pueden advertir en todo momento a los transeúntes en caso de infracciones. “El Gran hermano te está vigilando”… como escribía George Orwell en ‘1984’:

swissinfo, Daniele Mariani
(Traducción del italiano: Belén Couceiro)

El uso de cámaras por parte de personas privadas está reglamentado en la Ley sobre la Protección de Datos de 1992.

La ley establece que las imágenes deben ser borradas tras 24 horas; prohíbe su transmisión a terceras personas y que tales instalaciones deben ser proporcionales al objetivo de seguridad fijado previamente. Además, las personas deben ser informadas de que se hallan en un espacio vigilado por cámaras.

En cuanto se refiere a la vigilancia de los espacios públicos no existe una reglamentación precisa. Sólo el semicantón de Basilea-Ciudad dispone de una norma legislativa. A escala nacional existe un decreto que establece que las reglas de utilización de cámaras por parte de los Ferrocarriles Federales Suizos.

Varios cantones han evaluado, sin embargo, proyectos de ley que retoman, grosso modo, las normas vigentes para las personas privadas.

En Suiza, la videovigilancia en el puesto de trabajo es legal cuando tiene como fin la organización, la seguridad o el control de la producción.

En cambio, están prohibidos los sistemas destinados a controlar el comportamiento del empleado.

En un banco o un centro comercial, por ejemplo, las cámaras deben estar posicionadas de manera que el personal sólo pueda ser captado en ocasiones excepcionales.

Existen excepciones en caso de delito o sospecha de delito si la disposición se produce por orden de las autoridades judiciales.

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