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Aumenta la presión de la UE sobre los paraísos fiscales

Gráfico: acuerdo armonización fiscal UE condicionado a negociaciones con Suiza swissinfo.ch

La Unión Europea logra un acuerdo en materia de armonización fiscal tras tres años de discusiones. Pero Luxemburgo vetará la futura directiva si los Quince no alcanzan un compromiso con países terceros, entre ellos Suiza, sobre fiscalidad del ahorro.

Este contenido fue publicado el 27 noviembre 2000 - 20:00

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron este lunes un acuerdo "definitivo" sobre el paquete de medidas de armonización fiscal que llevaban discutiendo desde 1997.

El consenso, tras largas horas de debate, se produjo cuando Luxemburgo y Austria levantaron varias reservas a la propuesta de compromiso francesa negociada durante la madrugada del domingo.

Reunidos en Bruselas, los titulares de Finanzas de la UE cumplieron así con el compromiso asumido en la cumbre europea de Feira (Portugal) de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el paquete de medidas de armonización fiscal antes de finales de este año.

No obstante, la aplicación de todas ellas - como anticipaba el pacto de Feira - no se iniciará hasta finales de 2002, en función de los resultados de las negociaciones con países terceros sobre la fiscalidad del ahorro.

El paquete abarca una directiva sobre la fiscalidad del ahorro de los no residentes, otra sobre los intereses y cánones de empresas, y un Código de Conducta para eliminar hasta 66 medidas de fiscalidad empresarial que generan competencia desleal.

Hasta el último momento, Luxemburgo se opuso a la directiva sobre la fiscalidad del ahorro de los no residentes, debido a que esta normativa impone a este país la obligación de suprimir su ley de secreto bancario en la que basa su fortaleza como plaza financiera.

El acuerdo prevé que Luxemburgo, Bélgica y Austria mantengan sus leyes de secreto bancario durante 7 años a partir de la puesta en aplicación de la directiva, en vez de someterse al sistema de intercambio de información sobre los rendimientos del ahorro que obtienen los inversores extranjeros en su territorio.

A cambio deberán aplicar una retención del 15 por ciento sobre esos rendimientos en los 3 primeros años de aplicación de la directiva, y de un 20 por ciento en los cuatro años siguientes, así como verter el 75 por ciento de los ingresos que obtengan por ese impuesto a la Hacienda del país de origen del inversor.

Tanto Luxemburgo como Austria han subrayado que su visto bueno a esta fórmula es condicional a que se llegue a acuerdos sobre "medidas equivalentes" con países terceros como Suiza o Liechtenstein, en donde también rigen estrictas leyes de secreto bancario, para evitar la fuga de capitales de los inversores no residentes a esos países.

Asimismo, han dejado claro que su aplicación también depende que de aquí a finales de 2002 se supriman las 66 medidas identificadas en el Código de Conducta sobre la fiscalidad empresarial perniciosas.

Luxemburgo aseguraba que vetará la futura directiva si no se alcanza un acuerdo con Suiza y otros países terceros sobre fiscalidad del ahorro.

El ministro luxemburgués de Economía, Luc Frieden, afirmaba que su país no aprobará el paquete fiscal si no hay acuerdo satisfactorio con Suiza, y recordó que Austria tampoco podrá dar su visto bueno si no tienen éxito las negociaciones con países de fuera de la UE.

Precisamente, su homólogo austriaco, Karl-Heinz Grasser, destacó que el secreto bancario "es sagrado" y sólo adelantó que el Parlamento Federal austriaco "podría considerar una modificación constitucional" para levantarlo en relación con los depositantes no residentes.

Para Luxemburgo, el acuerdo con Suiza y otras plazas financieras exteriores es "un asunto más que clave, esencial", recalcó Luc Frieden, para que su país apruebe finalmente la directiva sobre fiscalidad, aunque aseguraba que el Gran Ducado "puede aceptar" las bases del compromiso anunciado este lunes en Bruselas.

El ministro luxemburgués deseó también "buena suerte" a las dos presidencias de turno de la UE (Suecia y Bélgica), que relevarán a la francesa desde el próximo 1 de enero, en sus negociaciones con países terceros.

Elena Aljarilla, Bruselas

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