Bajo la lupa, el seguro de enfermedad
El 11 de marzo, los suizos decidirán si una "caja única", o las 87 aseguradoras actuales, proveerán en el futuro el seguro obligatorio contra enfermedad y accidentes.
Constituir una sola entidad permite bajar costos y reducir la prima que pagan hoy las familias suizas; pero promovería el monopolio.
En Suiza, este 2007 cada habitante consumirá servicios de salud por el equivalente a 8.805 francos suizos, más del doble que en 1995.
Y dado el irreversible envejecimiento de la población, este monto no hará sino repuntar en los años por venir.
De hecho, de acuerdo con previsiones de la Oficina Federal de Estadísticas (OFS), el costo de proveer servicios de salud en Suiza ascenderá a 12.300 francos por persona en el ya cercano 2015.
En opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trata de una carga financiera insostenible que obliga a Suiza a replantearse su futuro en materia de sanidad.
El llamado “Club de los Países Ricos” reconoce la calidad de los servicios médicos helvéticos, a los que considera entre los mejores de Europa pese a ser débiles en materia de prevención de enfermedades.
Sin embargo, el hecho de que coexistan cada día 26 políticas cantonales de salud, vuelve el sistema complejo y costoso.
Por lo que, insiste, conviene revisarlo desde sus cimientos antes de que sea demasiado tarde.
Cita el 11 de marzo
En poco más de tres semanas, el domingo 11 de marzo, los helvéticos tendrán que pronunciarse sobre una iniciativa popular federal estrechamente ligada con lo anterior.
Se trata del Seguro de Enfermedad Único y Social, iniciativa que partió en 2005 de la inquietud del Movimiento Popular de las Familias (MPF), apoyado desde el principio por la izquierda y los ecologistas suizos.
Su demanda: Instituir a través de la Confederación una sola entidad –caja única- encargada de proveer los servicios de salud básicos obligatorios a los que tiene derecho la población, y quitarle esa misión a las 87 aseguradoras que actualmente se hacen cargo de ello.
Asimismo, demanda modificar la estructura de pago de primas para definirlas en función de la capacidad económica de cada asegurado, en lugar de que sea “uniforme” como sucede hoy, castigando sobre todo a las clases medias, ya que la población menos favorecida tiene derecho a subvenciones en este rubro.
De materializarse el cambio, la reforma exigiría reformar el artículo 117 de la Constitución
Partidarios del “sí”
El Comité por el Seguro de Enfermedad Único, el Partido Socialista y el Partido Verde están a favor de la nueva “caja única” o aseguradora independiente de intereses públicos, sin fines lucrativos y capaz de atender a cabalidad las necesidades del asegurado.
Aseguran que para que funcione con eficacia, sólo se requiere que se cumplan dos condiciones: crear una autoridad que garantice la transparencia del manejo de recursos y otra para observar que se mantenga la calidad de los servicios.
Se establecerían primas fijas para los cantones, libre elección del médico, y la existencia de seguros complementarios privados.
Los partidarios del “sí” están convencidos de que la gestión de recursos sería transparente porque la entidad supervisora incluiría al poder público, médicos y asegurados. Y el hecho de que las primas se fijen en función de la capacidad económica del asegurado, aligeraría la carga de muchas familias.
Según sus previsiones, una estructura de seguro único de enfermedades permitiría ahorros del orden de los 300 millones de francos con respecto al sistema actual de 87 aseguradoras.
Además, se suprimiría el “costoso control” que la Confederación ejerce sobre ellas; y se atajaría el poder excesivo que ejercen las aseguradoras sobre los médicos y los asegurados.
Desaparecería también el “castigo” financiero en el que incurre aquel que decide cambiarse de una aseguradora a otra.
Los convencidos del “no”
El Consejo Federal, la Oficina Federal de la Salud Pública y Santésuisse, por su parte, encabezan el comité del “no”.
La existencia de una sola entidad encargada de proveer servicios de salud, a su juicio, tiraría por la borda la competencia y la pluralidad actual que permite la existencia de casi 90 aseguradoras en el mercado, para caer en un monopolio absurdo.
Actualmente los asegurados pueden decidir si mantienen o cambian la aseguradora en función de lo que les ofrezca; y una sola aseguradora con gestión tripartita (autoridades, prestadores de servicios de salud y asegurados) generaría grandes divergencias políticas difíciles de reconciliar a través de una sola institución.
Por otro lado, la introducción de primas en función de la capacidad económica del asegurado –en lugar de la prima individual independiente del nivel de ingreso-, se convertiría en un nuevo impuesto sobre el ingreso y la fortuna, agregan.
Y modificar el esquema actual “exterminaría” el principio de solidaridad que existe en el pago de esta prima entre los dos sexos, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos.
Aquellos que están por el “no” a la iniciativa afirman también que con 7,5 millones de asegurados sería imposible para una sola aseguradora tomar decisiones con velocidad, y responder a las necesidades de salud de la población.
Contrastes europeos
En Suiza, la Ley Federal del Seguro de Enfermedad (LaMal por sus siglas en francés) cumplió 11 años de vida el pasado 1 de enero.
Esencialmente sustenta el derecho que tiene todo aquel que vive en territorio suizo a disfrutar de servicios médicos en caso de enfermedad, maternidad y/o accidente.
Y las instancias encargadas de proveérselo son las aseguradoras privadas, no el Estado. Con ellas debe contratar seguros de carácter obligatorio.
Entre los vecinos europeos hay un poco de todo. Tres ejemplos:
En Francia todo habitante tiene derecho asimismo a servicios básicos de salud financiados por el Estado, los patrones y el propio asegurado. Y la mayoría de los habitantes contrata seguros complementarios que les permiten aumentar el porcentaje de reembolsos que reciben por concepto de medicamentos o tratamientos.
Existe también una sólida política de subvenciones para los que ganan el salario mínimo.
En el Reino Unido opera el Sistema Nacional de Salud (NHS), responsable de proporcionar toda clase de servicios hospitalarios, médicos, farmacéuticos, ópticos y ambulatorios.
El Estado toma la mayor parte de la responsabilidad de la salud de su población, que paga sólo tarifas subvencionadas por los servicios que recibe. Hospitalización, ambulancias y consultas médicas son gratuitas para los habitantes, pero el sistema enfrenta serios problemas financieros.
Y en otro extremo está Alemania, reputado por la calidad de sus servicios sanitarios, cuenta con una red inmensa de hospitales y médicos incluso en zonas rurales.
No hay listas de espera y las instalaciones siempre están bien equipadas, pero la palabra “gratis” no existe ni siquiera en los hospitales considerados públicos. El 85% debe pagarlo el beneficiario directamente, o a través de un seguro privado contratado previamente.
En América Latina…
En Latinoamérica, según el concienzudo análisis actualizado en octubre de 2006 por la universidad española Pompeu Fabra -Cambios recientes en los sistemas de Salud Latinoamericanos- la década de los 80´s marcó el inicio de las reformas en el sector salud.
Los objetivos generales eran aumentar la participación del sector privado en los servicios de salud; federalismo o descentralización de los servicios; el aseguramiento universal que garantizara prestaciones a toda la población.
Chile fue pionera bajo la dictadura de Augusto Pinochet al iniciar la gestión privada en la financiación pública. Un modelo que generó más problemas que beneficios, y que está en plena revisión.
En 1993, Colombia promulgó la Ley 100, elaborada en la Universidad de Harvard, que permite la entrada del sector privado a los servicios de salud, pero impone reglas para evitar problemas. Hoy enfrenta problemas de costo y corrupción.
Nicaragua creó un sistema nacional de salud en los 80´s, y se desdijo una década después al promover la entrada del sector privado.
En México, el gobierno garantiza un seguro universal que cubre a toda la población contra enfermedades, pero el sistema enfrenta un agujero financiero inmenso y cohabita desde hace décadas con servicios de salud privado cada vez más poderosos.
Costa Rica y Cuba son los únicos países de la región cuyos sistemas de salud son totalmente públicos: en el extremo opuesto a una Suiza que pronto habrá de decidir si “más vale viejo conocido, o nuevo por conocer”.
Retomando la situación en Suiza, serán los electores helvéticos quienes digan el próximo 11 de marzo si prefieren mantener el actual sistema con 87 aseguradoras u optan por una caja de seguro única.
swissinfo/Andrea Ornelas
En Suiza, la legislación del seguro contra enfermedades –conocida como LAMal- entró en vigor el 1 de enero de 1996. Su esencia consiste en haber vuelto obligatoria la contratación de seguros que cubran a los ciudadanos suizos en caso de enfermedad accidente.
Y son alrededor de 87 aseguradoras privadas las encargadas de ofrecer los seguros de enfermedad, ya que no existe ninguna aseguradora del Estado.
Actualmente existe un sistema de transferencias entre aseguradoras diseñado para que aquellas que toman más “riesgos malos” vean aligerada su carga por aquellas cuyo perfil de asegurados es más sano.
La cotización de los suizos a su seguro contra enfermedades es independiente a su nivel de ingreso.
Existen dos categorías de seguros: menores de 0 a 18 años; y adultos.
Los asegurados de menores ingresos pueden pedir subsidios.
El actual sistema de salud ha permitido a los suizos elevar su esperanza de vida por encima de los 80 años.
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