Contra la desaparición del estatuto de funcionario público
La ley sobre el personal de la Confederación data de 1927. Para reemplazarla, el gobierno propone una nueva ley que suprime el estatuto de funcionario y coloca al personal federal bajo las mismas condiciones de trabajo que los demás asalariados del país.
La Unión Federativa del Personal de las Administraciones y de las Empresas Públicas no está de acuerdo. En el mes de agosto pasado, recogió 85.000 firmas contra el proyecto del gobierno. En consecuencia, el electorado deberá decidir, el próximo 26 de noviembre, si acepta o rechaza la nueva ley.
Esta nueva ley sobre el personal de la Confederación se aplicaría a unos 105.000 colaboradores de la administración, de Correos y de los Ferrocarriles Federales. El objetivo sería permitir a los empleadores federales aplicar una política de personal más moderna, más flexible y que tuviera mejor en cuenta los méritos de cada uno.
Si el proyecto del gobierno es aceptado, el estatuto de funcionario sería reemplazado por contratos de derecho público, personales y rescindibles. Los empleados de los servios públicos podrían ser despedidos como en lo privado.
La protección de los trabajadores sería, sin embargo, mayor que en el sector privado: los despidos por una falta profesional sólo se realizarían después de una advertencia.
En cuanto a los despidos económicos, serían un caso extremo y estarían acompañados de un plan social elaborado con las asociaciones de personal.
Otra novedad de la nueva ley: la progresión salarial no sería más algo automático. El nuevo texto pide una apreciación periódica del personal. De modo que, el definir un salario, se tendrán en cuenta las prestaciones de los colaboradores.
A favor de la nueva ley
Para sus partidarios, la nueva ley asegura una amplia protección contra los despidos, de manera que la Confederación seguiría siendo un empleador seguro.
La ley enumera todos los motivos de rompimiento de contrato. Sin falta de su parte, el empleado sólo podrá ser despedido por serios motivos económicos o de explotación. En tales casos, el empleador tendrá que proponer otros trabajos o una formación complementaria en vista de una nueva actividad.
El Consejo Federal (gobierno) y los partidos de la derecha han hecho campaña a favor de la nueva ley. Aseguran que el personal federal seguirá siendo privilegiado en comparación con los asalariados sometidos al Código de obligaciones.
Además, la Confederación será más competitiva en el mercado del trabajo y Correos y Ferrocarriles resistirán mejor a la competencia.
Ese punto de vista es compartido por los sindicatos cristianos y la Asociación del Personal de la Confederación. Para ellos, la nueva ley permitiría establecer buenas convenciones de trabajo y los sindicatos podrán ser mejor escuchados que actualmente.
Oposición de la izquierda
La Unión Sindical Suiza, el Sindicato de los Servicios Públicos, el Partido Socialista, los Verdes y el Partido del Trabajo (comunista) apoyan a la Unión Federativa en su propuesta de referendo en contra de la nueva ley sobre el estatuto del personal federal.
En su opinión, la nueva ley no sólo deteriora las condiciones de trabajo del personal federal, sino que tendrá también efectos negativos sobre el resto de la función pública y el sector privado.
Según la izquierda, el proyecto de ley facilita los despidos y no contiene una reglamentación sobre salarios, vacaciones o duración del trabajo de los empleados federales.
En el terreno de los salarios, la nueva ley corre el riesgo de bloquear los pequeños y medianos ingresos, mientras que permitirá una explosión de los salarios elevados.
En fin, los adversarios de la ley temen el “desmantelamiento de los servicios públicos”, ya que la reforma facilitaría el cierre de estaciones de ferrocarril u oficinas de correos de las regiones periféricas.
Al pueblo ahora de decidir, a través del referendo del día 26 de noviembre, si acepta o rechaza la nueva ley del gobierno sobre el estatuto de funcionario público de la Confederación.
Juan Carlos Moreno
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