Derechos humanos: la asignatura pendiente de Guatemala
A pesar de que los Acuerdos de Paz firmados en 1996 constituyen un marco de referencia política importante, la violencia cotidiana sigue golpeando a este país centroamericano.
Tal es la radiografía de la situación diseñada por la joven periodista Marielos Monzón, invitada a participar en la asamblea general de la sección suiza de Amnistía Internacional.
Aunque los Acuerdos, que suscribieron en diciembre de 1996 el Gobierno y la guerrilla “son una ruta significativa de país…, sólo han sido cumplidos muy parcialmente”, evalúa Monzón.
Los puntos positivos de esa nueva etapa: “aspectos temáticos específicos, como la desmovilización de los actores del conflicto; algunas medidas para favorecer la reinserción de los mismos e incluso un cierto funcionamiento democrático formal”.
Sin embargo, aquellos temas esenciales que hubieran tenido que resolver los “problemas estructurales que causaron la guerra” siguen esperando. Existe, como antes, una abusiva concentración de la tierra y de la riqueza; no ha habido distribución agraria; los pueblos indígenas y las mujeres continúan siendo profundamente marginados”.
Los derechos humanos, económicos y sociales son violados constantemente en un país donde los niveles de pobreza son alarmantes y siguen creciendo, producto del Tratado de Libre Comercio y la concentración de la propiedad de la tierra, enfatiza la periodista.
Varios estudios indican que un 2% de la población controla el 70% de la tierra, utilizándola primordialmente para productos de exportación. Según las estadísticas oficiales, el 96% de los productores agrícolas trabajan apenas el 20% de la tierra, preponderantemente como agricultores de subsistencia.
La violencia cotidiana
A ello se suma una violencia cotidiana “propia de un país en guerra”.
Según estudios de diversos organismos de derechos humanos, en los últimos diez años, 39.315 personas murieron violentamente en el país. “Y existe hoy un mercado de municiones tres veces más grande que durante el conflicto armado”, subraya.
En ese marco, la profesión periodística sufre también los efectos de un clima político enrarecido. Para Marielos Monzón, son dos los parámetros que condicionan la tarea de informar libremente: “No hay libertad de prensa, sino de empresa”, es decir, los medios están cada vez más concentrados en pocas manos, integrados al gran poder económico.
Y, por otra parte, “existe una presión constante sobre los periodistas independientes, críticos hacia el Gobierno o hacia la situación de irrespeto de los derechos humanos, económicos y sociales”.
Esto se manifiesta en controles telefónicos, amenazas, advertencias, seguimientos, allanamientos e incluso asesinatos, como el de Mario Rolando López Sánchez, animador de un conocido programa de Radio Sonora, acaecido el pasado 3 de mayo, paradójicamente, Día Mundial de la Libertad de Expresión.
Solidaridad suiza e internacional
El llamado a los sindicatos y asociaciones de periodistas suizos, así como medios de información helvéticos es claro y directo: “Es fundamental que informen sobre Guatemala, que luego del fin de la guerra fue borrada del mapa de las prioridades internacionales”, puntualiza Monzón.
Sería fundamental que “circulen en el mundo notas de fondo, de contexto, que expliquen lo que vive mi país, especialmente con respecto a la vida cotidiana de la gente. Que se analice el impacto negativo de los Tratados de Libre Comercio para la mayoría de la población”. Y, en ese sentido, que permita también evaluar más a fondo el débil impacto de la cooperación internacional.
Concepto que coincide con algunas voces críticas que se alzaron recientemente en Bruselas, donde el 2 y 3 de mayo se realizó una conferencia internacional promovida por el Parlamento Europeo titulada: ‘Diez años de Acuerdos de Paz en Guatemala: balance y perspectivas de la cooperación Internacional’.
El obispo Álvaro Ramazzini, presidente de la Conferencia Episcopal guatemalteca, cuestionó en ese cónclave el impacto real de los 236 millones de euros que la Comisión Europea destinó a las reformas estructurales, sin que hayan aportado un alivio significativo y real a los sectores más marginados y sin satisfacer las necesidades sociales de la población.
La información de fondo se convierte así en “la forma más concreta y objetiva de solidaridad” con los colegas centroamericanos, puntualiza Monzón, galardonada en 2005 con el Premio de Periodismo de Derechos Humanos bajo Amenaza que otorga Amnistía Internacional.
Una presea que si bien la pone más en la mira de los grupos de poder, puede servir, en ciertas ocasiones, también de escudo de protección; “de cara al Gobierno, preocupado ante las presiones internacionales y su imagen externa, aunque un premio tan importante no sea un antídoto infalible y siempre estamos expuestos a amenazas y posibles agresiones”, admite.
A pesar de la compleja situación guatemalteca, “hay señales de esperanza” que Marielos Monzón ve en la “organización de la gente” y, en especial, de tres actores principales: “Las mujeres, los pueblos indígenas y los campesinos, quienes, considero, van a convertirse en el principal actor de cambio en mi país”.
swissinfo, Sergio Ferrari
Marielos Monzón fue durante años animadora de uno de los programas más escuchados de Radio Universidad San Carlos.
Ha sufrido amenazas de muerte e intimidación en numerosas ocasiones a causa del periodismo que ejerce desde años y define como “una pasión”.
En 2003 se vio forzada a abandonar el país, junto con sus dos hijos, durante tres meses, después de que dos hombres armados entraran en su domicilio amenazándolos.
Su padre fue asesinado en 1981 por un escuadrón de la muerte, grupo paramilitar de derecha. Era abogado defensor de derechos humanos.
Guatemala sufrió una guerra civil que en casi 40 años dejó un saldo de más de 200.000 muertos.
Pese a la firma de los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996 entre el Gobierno y los representantes de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la situación de los derechos humanos sigue siendo frágil.
Según el Centro de Estudios de Guatemala en los últimos tres años del presidente Oscar Berger se registraron 629 ataques contra defensores de los derechos humanos (482 durante el gobierno precedente).
El próximo 9 de septiembre se celebran elecciones generales en el país centroamericano.
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