Apoyo del CICR en la búsqueda de familiares desaparecidos
Han pasado casi 35 años desde el inicio de los años más violentos de la historia reciente de Perú, pero para miles de familias las heridas siguen abiertas. La búsqueda de respuestas sobre los familiares desaparecidos se ha convertido en una cuestión política, y las personas afectadas depositan su confianza en el CICR para recibir apoyo humanitario.
“Hasta hoy, sigo sin saber dónde pudieran haberlo llevado. Quizás fue aquí”, dice Juana Carrión mientras coloca delicadamente un ramillete de claveles sobre una cruz simbólica con el nombre de su hermano ubicada en una zona árida y llena de zanjas cuadriculadas de las afueras de Ayacucho, 330 kilómetros al suroeste de Lima, la capital peruana.
Los hermanos Teófilo y Ricardo, de 60 años, como muchos otros en la región, fueron capturados, torturados brutalmente y probablemente asesinados por autoridades estatales, una práctica que fue común en el Perú entre principios de los 80 y el ocaso de la presidencia de Alberto Fujimori en el año 2000. El país vivía entonces una oleada de violencia provocada por Sendero Luminoso, pero también por otros grupos armados y por las propias fuerzas de seguridad del gobierno.
De acuerdo con datos de la Comisión de la Verdad y la ReconciliaciónEnlace externo correspondientes al año 2003, hubo alrededor de 70 000 personas asesinadas o desaparecidas en ese periodo. El 43,65% de ellas fueron víctimas de las fuerzas públicas; el 34%, de Sendero Luminoso o algún otro grupo subversivo, y de otro 22%, aún se desconoce a los responsables. Solo en Ayacucho, donde Sendero Luminoso inició su guerra contra el Gobierno en 1980, hay 6 000 desaparecidos.
Teodosia Conde Huamaní perdió a su esposo en 1983 mientras este impartía clases en una comunidad rural, lejos de su pueblo natal Cancha Cancha. Fue asesinado junto con miembros de la comunidad local (comuneros) en una cueva en donde los militares los convocaron a una supuesta reunión. El cuerpo torturado del marido de Teodosia fue identificado, pero más tarde desapareció cuando ella pidió ayuda a la fiscalía local para resolver el caso.
En La Hoyada, ella se encuentra sentada orando cerca de la cruz de su marido, que lleva inscrita la fecha de su desaparición.
“No hemos localizado a mi esposo, así que colocamos una cruz”, dice. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede en Ginebra, provee fondos para estas cruces.
Este lugar, que antes era parte de una base militar, ahora se ha convertido en un memorial para los desaparecidos conocido como Los Cabitos.
A principios de los 80, en un área destinada a entrenamientos militares, la población local notó que había inmensas fumarolas provenientes de la chimenea que coronaba un pequeño edificio. Cuando preguntaron por ello, los militares les dijeron que estaban asando un cabrito.
Ahora se sabe, tras una larga investigación realizada por autoridades y medios de comunicación, que los cuerpos de unos 500 detenidos fueron enterrados y quemados en La Hoyada. La exhumación de cuerpos realizada en este lugar por el Instituto de Medicina Forense de Ayacucho ha permitido identificar a 109 personas.
La lucha para reconocerlos
Carrión y Conde Humaní son miembros de la Asociación Nacional de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfesep), entidad que ha luchado por años para localizar e identificar personas desaparecidas.
Tras trabajar entre 2001 y 203 con otros grupos en el seno de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ofreciendo detalles sobre los abusos cometidos por las fuerzas estatales y los grupos insurgentes (muertes, torturas, violaciones y desapariciones), la Anfasef demandó una ley que facilitará la búsqueda de personas desaparecidas.
En 2016, la Ley de Búsqueda de Personas DesaparecidasEnlace externo fue aprobada por el Congreso. Esta legislación establece un proceso de búsqueda para los desaparecidos a partir de investigaciones “humanitarias”, contempla la identificación de los sitios en donde han sido enterados y la reconstrucción de eventos relacionados con estos lugares, antes de restituir los restos a las familias para que puedan despedirlos según sus tradiciones y creencias religiosas.
Daniel Sánchez, viceministro de los Derechos Humanos del Perú, dice a swissinfo.ch que “durante mucho tiempo hubo indiferencia y se dio la espalda a las familias. No se habían adoptado las medidas adecuadas para identificar, recuperar y restituir (los restos de sus familiares)”.
Carrión, Conde Humaní y muchas otras víctimas, en Ayacucho y en Lima, confirman que el CICR les ha acompañado y apoyado durante muchos años en la búsqueda de sus seres queridos y en el reconocimiento de sus pérdidas.
“El CICR ha serenado los ánimos entre dos partes (en conflicto) y ha facilitado el trabajo conjunto”, expresa a swissinfo.ch Laurent Burkhalter, coordinador de Protección del CICR, refiriéndose a la pugna existente entre el gobierno y las oenegés representantes de los intereses de las víctimas. “Es muy difícil. Hay sentimientos muy intensos porque son tocados cuestiones históricas, temas que siempre se complican y contaminan”.
Philippe Guinand, jefe de Delegación Regional del CICR en Lima, afirma que la gran aportación de la ley ha sido “dejar de lado la parte judicial y sensibilizar a la gente sobre el aspecto humanitario de las cosas”.
Hace unos meses, en presencia del titular de la Anfasep, el presidente peruano Martín Vizcarra promulgó un decreto legislativo para crear un banco de datos genéticosEnlace externo de personas desaparecidas. Una propuesta de su gobierno a la que se oponía el Partido Fuerza Popular, encabezado por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Por primera vez en la historia peruana, un jefe de estado recibía a una asociación representante de familiares de desaparecidos.
Pero Burkhalter destaca que el evento recibió poca cobertura, lo que sugeriría que la sociedad peruana aún no estaría lista para una confrontación histórica.
Un aliado importante
“El CICR ha sido un aliado importantísimo en los procesos de búsqueda por su enfoque humanitario, el apoyo técnico que nos brinda y gracias a la asesoría que ofrecen profesionales conocedores de las normas y sistemas”, explica Mónica Barriga, directora general de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una entidad creada tras la legislación aprobada en 2016.
En un contexto de una ley nueva y ante una escasez de recursos por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, el CICR ha asumido el compromiso de ayudar a las familias de las víctimas.
Además de las cruces en La Hoyada, las familias de los desaparecidos reciben asistencia logística, como transportación cuando viajan a un proceso de exhumación o cuando asisten a un acto oficial a Lima; y el CIRC también financia la fabricación de los nichos en los cementerios que permiten dignificar el entierro de los cuerpos. Asimismo, ha llevado expertos forenses de Argentina para trabajar con pruebas de ADN, una práctica que apenas se inicia en Ayacucho.
De acuerdo con Guinand, jefe regional del CICR, los fondos dedicados a estos apoyos aumentarán en 2019 “fortaleciendo los alcances de la ley y acrecentando la respuesta de las autoridades”.
Grandes pérdidas
Esta ayuda ha significado mucho para las familias de las víctimas porque muchas de ellas tuvieron que abandonar sus hogares y medios de subsistencia originales.
Tras la desaparición de su esposo, en 1984, Cipriana Huamaní y sus ocho hijos dejaron la región de Ayacucho. Ella temía por su vida. Tenorio, su esposo, un instructor militar, fue detenido por infantes de marina cuando salía del trabajo rumbo a su domicilio.
La sombría búsqueda iniciada por Cipriana atrajo una atención indeseable y su casa comenzó a ser vigilada. “Llegamos aquí solo con lo que traíamos puesto. En Huanta tenía una tienda mayorista y otras tiendas pequeñas. Mi negocio era muy grande”, dice.
Desde entonces vive en San Juan de Lurigancho, una de las zonas más pobres de Lima. 34 años después de la desaparición de su esposo, la sensación de pérdida aún es abrumadora para Cipriana. El gobierno nunca reconoció los derechos de las familias que perdimos a nuestros seres queridos, sostiene la entrevistada.
“Nuestros hijos no tienen una profesión”, dice mientras las lágrimas brotan de sus ojos. Explica que ellos fueron retirados de los estudios, algo que ni ella ni su esposo hubieran deseado.
La reparación económica del Estado a los familiares de los desaparecidos es una de las muchas recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero el proceso ha sido lento y limitado. Solo se otorgan 10 000 soles (2 940 francos suizos) a cada familia que perdió a un ser querido.
Para Yuber Alarcón Quispe, coordinador regional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), la autoridad pública responsable de la reparación a los familiares de las víctimas, no es suficiente.
El Estado, dice, también tendría que asumir los costos relacionados con la búsqueda de las víctimas, en vez de estar constantemente tocando a la puerta del CICR para obtener fondos.
Pero Andrés Rolando Alvarado, jefe del equipo regional que trabaja en la identificación de los restos, tiene un dejo de esperanza. “Espero que todos logremos empujar este carro para que la población que ha sufrido pueda tener más oportunidades. La que viven es una realidad muy triste”.
Es improbable que todos los cuerpos se recuperen y todavía pasará mucho tiempo hasta que la mayoría de las familias encuentre la paz. Entre los años 2003 y 2012 se exhumaron solo 2 100 cuerpos y las autoridades esperarían que suceda lo mismo con otros 2 500 a 3 000 cuerpos durante los próximos tres años.
Sin embargo, lograr una mayor transparencia sobre lo que ocurrió en Perú es clave para avanzar, según Alarcón Quispe. El funcionario añade que el riesgo de no enfrentarse al pasado es que “quede en el olvido y se repita”.
“Hasta ahora el Estado no ha realizado la labor de difundir y generar una cultura de la memoria y la reconciliación. Hablar de violencia política es hablar de violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos”, refiere.
Por su parte, los familiares de los desparecidos mantienen el firme compromiso de seguir buscando la verdad hasta encontrar a sus seres queridos.
“Si solo pudiéramos ofrecerles una sepultura cristiana; ellos la merecen. Con esto podríamos reducir nuestro dolor, pero solo reducirlo”, dice Cipriana Huamaní mientras las lágrimas siguen rodando por sus mejillas.
100 000 desaparecidos
El CICR informó recientemente esta cálculo de personas desaparecidas en todo el mundo, el más alto en los últimos 15 años.
En Perú, el más reciente cálculo oficial de desaparecidos es de 20 329.
En Argentina la cifran rondan entre los 20 000 y 30 000 desaparecidos durante los años setenta y principios de los ochenta.
En Colombia se estima que 83 000 personas desaparecieron en el conflicto interno desde 1958.
Traducción del inglés: Andrea Ornelas
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