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Suiza marca distancia en la lucha antilavado

La discreción de su sistema financiero convierte a Suiza en un destino atractivo para los capitales. Keystone

Berna seguirá colaborando con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para frenar el blanqueo de capitales, pero se niega a aplicar medidas 'desproporcionadas'.

Tres de ellas, ‘fiscalizar’ operaciones de comercio inmobiliario, joyas u obras de arte.

‘Lavar’ dinero es, dicho en palabras simples, introducir al sistema financiero recursos que son producto de actividades criminales como el narcotráfico, el terrorismo o el tráfico de armas.

Flujos de capital que hacen malabares para disfrazarse de recursos lícitos. Viajan de un banco a otro, financian empresas y proyectos ‘fantasma’, y continúan su peregrinaje hasta que sus propietarios tienen la certeza de que se perdió el rastro de su origen y es tiempo de retirarlos libremente.

El esquema se enuncia pronto y pareciera fácil de identificar sobre la marcha. Pero no es así. Cada año se ‘lavan’ más de 600.000 millones de francos suizos en el mundo, según datos avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sólo para dar una referencia, hablamos de la mitad de los recursos que moviliza cada año la plaza financiera suiza, una de las más pródigas y dinámicas del mundo.

Y de cara a este ‘demonio’ del sistema financiero internacional, a los gobiernos y las instituciones sólo les queda un camino, tomar medidas preventivas. Es justo en este ámbito donde Suiza levanta polémica al anunciar (30.09.) que no aplicará todas las recomendaciones aceptadas a escala mundial para combatir el blanqueo de capitales.

GAFI y sus principios

El Grupo de Acción Financiera Antilavado de Dinero (GAFI) es la entidad internacional más relevante en materia de prevención de ilícitos financieros.

Surgió en el seno de una Cumbre del G-7 que tuvo lugar en París en 1989; reunidos en la capital francesa, los gobernantes de los siete países más poderosos del planeta (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia e Italia, entre ellos), decidieron tomar cartas en el asunto con respecto a la preocupación creciente que tenían en materia de ‘lavado’ de dinero.

Se agruparon en 1990 en lo que hoy conocemos como GAFI y desde entonces más de 80 países, entre ellos Suiza, se han sumado al esfuerzo. Y el punto de partida de la convención es el cumplimiento de 40 recomendaciones para evitar el blanqueo.

Algunos de los principios más destacados son:

1.- Los gobiernos deben considerar un delito y castigar el lavado de dinero, según las reglas de la Convención de las Naciones Unidos contra el tráfico ilícito de estupefacientes (Convención de Viena).

2.- Los gobiernos deben incluir en sus legislaciones financieras castigos para el lavado de dinero y prever medidas que permitan confiscar productos o congelar cuentas en las que se pruebe que se cometió este delito.

3.- Los bancos deben conservar toda la documentación y el rastreo de los movimientos de sus clientes durante al menos cinco años.

4.- Las instituciones deben verificar la identidad de su cliente y del beneficiario de una transacción financiera en curso, y mantener actualizados sus sistemas de gestión de riesgos.

5.- Las instituciones financieras deben poner especial atención en amenazas de lavado inherentes al desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan el anonimato.

Exigencias desproporcionadas

Aunque útiles, el gobierno suizo encuentra «desproporcionadas» algunas de las medidas, como lo expresó el ministro de Finanzas, Hans-Rudolf Merz, el pasado sábado (30.09).

El titular «aclaró que, pese a la tendencia que siguen la totalidad de los países de la Unión Europea (UE) en este tema, Suiza no aplicará las 40 recomendaciones del Grupo Financiero Antilavado de Dinero (GAFI).

El gobierno suizo, afirma Merz, ha coadyuvado de múltiples formas a atajar las operaciones ilícitas dentro del sistema financiero, pero «hoy renuncia a extender la vigilancia a sectores de actividad como el inmobiliario, el comercio de joyas o de objetos de arte».

A juicio del Ministerio helvético de Finanzas, «está fuera de lo razonable pedir a un comerciante que solicite a un turista durante su estancia en Lucerna o en Ginebra que le muestre cómo ganó su dinero y qué origen tiene, cuando lo único que quiere es comprar un diamante o un reloj».

Asimismo, Merz agrega que mientras más flancos menores se tengan que supervisar, menos eficacia tendrán las autoridades y las propias instituciones financieras, porque se les desvía de los objetivos relevantes.

Las razones de Suiza

Suiza juega un rol clave dentro del sistema financiero europeo e internacional y lo sabe, afirmó la Asociación de Banqueros Suizos hace sólo dos semanas (18.09,) al presentar su Informe Anual 2006.

Por su ubicación geográfica, su estabilidad política y la discreción de su sistema financiero, es un destino atractivo para los capitales (lícitos o ilícitos) de los cinco continentes, agregan los banqueros.

En consecuencia, tanto autoridades como instituciones financieras están de acuerdo en colaborar con las instancias mundiales para prevenir delitos financieros.

Sin embargo, el comercio de bienes de lujo (más de 5.000 francos suizos), que es simultáneamente uno de los negocios más rentables al interior de la economía helvética, no se incluye en este apartado y las autoridades se niegan a boicotearlo.

Con respecto al sector inmobiliario, tras siete años de estancamiento, en los últimos 18 meses se ha multiplicado por tres la compra-venta de viviendas y oficinas, y las autoridades suizas no quieren frenar su evolución.

La decisión del Ministerio de Finanzas de desmarcarse de algunos principios del GAFI se explica, de hecho, en un proyecto más amplio: la revisión de las penas aplicables a quienes utilizan información confidencial con fines personales.

El gobierno suizo solicitó (28.09.) al Ministerio de Finanzas un proyecto integral (para fin de año) en el que proponga penas más duras para el uso de información confidencial y financiación al terrorismo.

Y ambos temas tendrán que enmarcarse en los principios que ofrece el GAFI, razón por la cual Suiza aprovecha para aclarar que hay recomendaciones que juzga contrarias a sus intereses y que no aplicará.

Mantiene la guardia

El citado dossier será evaluado por el Parlamento en abril próximo, y cabe aclarar que no implica rompimiento alguno con GAFI, ya que los principios de este grupo no son obligatorios y la entidad carece de poder coercitivo.

No obstante, para evitar críticas directas de sus vecinos europeos, Suiza mantendrá su compromiso en los ámbitos más relevantes.

Así por ejemplo, consultado al respecto por swissinfo, el Ministerio de Finanzas detalla que la Comisión Federal de Bancos seguirá ejerciendo control sobre la identidad de los clientes cuando realicen operaciones financieras, así como sobre la actividad económica que desempeñan (origen de sus recursos), y reportará transacciones de más de 25.000 francos suizos que crucen su frontera.

Y, por otra parte, cada institución de sistema financiero helvético seguirá invirtiendo entre 500.000 y 4,6 millones de francos suizos anuales para la prevención del blanqueo.

swissinfo, Andrea Ornelas

1990: el lavado de dinero es reconocido como un delito por la legislación suiza.
1998: la ley sobre el lavado de dinero obliga a todos los intermediarios financieros –y no solamente a los bancos- a alertar a las autoridades en caso de acciones dudosas.
2005: el gobierno suizo somete a consulta las revisiones legislativas necesarias.

Hace 16 años, Suiza endureció su Código Penal (artículos 305 y 305 BIS) para reducir riesgos de lavado de dinero.

En 1997, estableció una nueva Acta Antilavado de dinero que fue avalada por el Parlamento.

Los bancos, aseguradoras, afianzadoras, empresas de factoraje (arrendamiento financiero o ‘leasing’), etc. son requeridos periódicamente por las autoridades para rendir cuentas sobre cuentas y operaciones que luzcan sospechosas, y la autoridad tiene el poder de congelar cuentas.

En Suiza, la vigilancia preventiva la aplican la Comisión Federal de los Bancos (CFB); la Oficina Federal de los Seguros Privados (OFAP); la Comisión Federal de Salas de Juego (CFMJ); y la Autoridad de Control en cuanto a Lucha contra el Blanqueo de
dinero (ACLB).

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