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Guerra en contra del trabajo clandestino

El sector de la construcción, de los más afectados por la actividad laboral evasora del fisco que equivaldría a cerca del 9 por ciento del PNB. Keystone

El Gobierno Federal de Suiza ha propuesto un paquete de medidas para combatir el trabajo "negro" que genera una economía sumergida de 35.000 millones de francos suizos anuales. Los sectores interesados deberán pronunciarse hasta el 15 de enero próximo.

Este contenido fue publicado el 30 agosto 2000 - 17:18

El trabajo ilegal no es un pecado insignificante, señala el gobierno colegiado helvético refiriéndose a los efectos perjudiciales de este tipo de actividad. Es por ello que por razones sociales, jurídicas y éticas es imperioso combatirlo.

Quienes respetan las reglas sociales y tributarias no tienen por qué seguir pagando por quienes engañan al fisco, señala el Gobierno al puntualizar que es necesario complementar los instrumentos federales y respaldar mejor los esfuerzos cantonales en la materia.

Según la propuesta del Gobierno, hay que endurecer las sanciones para conseguir un verdadero efecto de persuasión pues el trabajo "negro" ocasiona pérdidas a las arcas del Estado y al sistema de seguridad social, desnaturaliza la competencia y pone en peligro la protección laboral.

Los empleadores que incurran en falta serían excluidos durante cinco años de la asignación de contratos públicos. Tampoco recibirían las indemnizaciones destinadas al trabajo parcial y a los perjuicios atribuibles a las malas condiciones climáticas.

Castigo severo a la reincidencia

Quien reincida empleando trabajadores ilegales sería condenado a penas de cárcel de al menos un año y al pago de multas que ascenderían incluso hasta un millón de francos. A ello se sumaría el pago de todas las contribuciones sociales adeudadas y la multa de entre 20 a 100 por ciento de las primas no reembolsadas.

Las competencias de control y lucha contra el "trabajo" negro de las comisiones paritarias y tripartitas serían ampliadas en los ramos que funcionan sin convenciones de trabajo colectivas.

Se encargaría además de la colaboración entre los diversos organismos involucrados. El sistema sería mejorado creando un banco de datos e instaurando el deber de comunicación entre las autoridades y las comisiones.

Berna quiere también restar atractivo al trabajo seudo independiente, es decir, la actividad ejercida por una persona que ocupa a otra sin un contrato de trabajo suscrito por ambas partes. De esta forma elude el pago de contribuciones sociales y las normas de protección laboral. Este tipo de trabajo sería considerado ilegal.

Las personas particulares que empleen asistentas de hogar, jardineros y otros oficios parecidos, con salario por hora, deben ser persuadidos a informar.

Para esta finalidad se sugerirá la introducción de un sistema de pagarés de contribución, una especie de servicio virtual que permita comparar el sueldo neto con el comprobante de las deducciones sociales.

Según declaraciones del ministro suizo de Economía, Pascal Couchepin, a los medios este miércoles, la dimensión del trabajo ilegal en Suiza en el año 2000 podría alcanzar los 35.000 millones de francos suizos, es decir, una cantidad equivalente al 8,9 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB).

Con todo, Suiza se encuentra al final de la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en lo que se refiere al índice del trabajo clandestino y de la economía sumergida.

swissinfo y agencias


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