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Los infortunios económicos marcan sesión del Parlamento

Se prevé un intenso debate sobre secreto bancario en actual sesión parlamentaria. Keystone

La crisis financiera y económica ensombrece la sesión de primavera del Parlamento que comienza este lunes y se prolongará por tres semanas.

Los legisladores no sólo discutirán las políticas en relación con el mayor banco del país, el UBS, y el secreto bancario, sino que ambas cámaras analizarán también el paquete de estímulos propuesto por el gobierno para estabilizar la economía.

La entrega de los datos confidenciales de los clientes del UBS a las autoridades de Justicia de Estados Unidos generó una polémica pública en las últimas semanas y es probable que suscite un vivo debate en el Parlamento.

Los Verdes y la derechista Unión Democrática del Centro (UDC) han insistido en la urgencia de un análisis sobre el secreto bancario y el futuro de Suiza como plaza financiera.

Varios parlamentarios han presentado iniciativas sobre el tema en las que es recurrente el concepto de intervención.

“¿Complicidad del UBS en fraude fiscal en EE UU?”, pregunta Hildegard Fässler del Partido Socialista, mientras que el representante de la UDC, Oskar Freysinger, se interroga sobre si el “UBS está embromando al Parlamento”

Otros piden simplemente un seguimiento más de cerca por parte de las autoridades reguladoras de las actividades bancarias.

Creación de proyectos

El tema principal de la agenda parlamentaria es un paquete de medidas por 700 millones de francos ($597 millones) para paliar la desaceleración de la economía.

El segundo programa de estímulo del gobierno se centra en proyectos de infraestructura del transporte por ferrocarril y carretera.

Una parte importante se destina también al ambiente y la energía, el desarrollo regional y la investigación, así como a la renovación de edificios gubernamentales.

El gabinete también anunció planes para ampliar la cobertura del Seguro de Riesgo a las Exportaciones del Estado. Una forma de proteger a los sectores empresariales claves del país contra la carencia de liquidez.

Las medidas tienden a contrarrestar los efectos de la subida dramática del desempleo en Suiza (3.3%).

Además, el gobierno también ha propuesto reducciones de impuestos para las familias.

El pasado mes de noviembre el gabinete destinó 550 millones de francos para aumentar la inversión privada y prevenir recortes de empleo.

Críticas

Los partidos políticos han criticado al gobierno sobre el último paquete de 700 millones de francos.

Los socialistas señalaron que el plan era insuficiente y carecía de un enfoque claro. Los Verdes pidieron medidas para estimular un crecimiento sostenible, mientras que los sindicatos exigieron que se destinen 5.000 millones de francos del presupuesto público en apoyo de la economía.

La UDC se ha manifestado en contra de gastos públicos adicionales. Contrariamente, pide reducciones de impuestos, particularmente en la recaudación por emisiones de CO2.

Para su parte, los dos otros partidos representados en el Gobierno, los radicales de centro derecha y los demócrata-cristianos, han acogido con satisfacción el paquete.

swissinfo, Andrea Tognina y Urs Geiser
(Traducción, Marcela Águila Rubín)

La agenda del Senado incluye el análisis de un proyecto tendiente a garantizar a los suizos con residencia en el exterior un escaño en el Parlamento.

El proyecto obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, pero no es seguro que la Cámara Alta vote de la misma manera.

Sin embargo, se espera que el Senado apruebe una ley para para financiar instituciones que representan los intereses de los expatriados suizos, incluyendo la Revista Suiza.

El Parlamento también analizará una iniciativa para prohibir la construcción de alminares en Suiza.

La UDC y la ultraconservadora Unión Democrática Federal recogieron las firmas necesarias para convocar a un referendo sobre el tema.

Los opositores arguyen que la iniciativa viola los derechos humanos y el principio legal de que todos son iguales antes la ley.

La iniciativa, que es poco probable que obtenga mayoría en el Parlamento, ha generado inquietud entre la comunidad musulmana y las organizaciones internacionales.

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