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México asume investigación contra Salinas

El caso de Raúl Salinas seguirá ventilándose en México. Keystone Archive

El Ministerio Público de México notificó a la Confederación Helvética que toma a su cargo el caso penal seguido a Raúl Salinas de Gortari y a su esposa, Paulina Castañón.

Este contenido fue publicado el 26 junio 2002 - 15:31

El traspaso del expediente fue solicitado por Suiza a nombre de la justicia cantonal de Ginebra, donde las investigaciones concluyeron hace dos meses. Según las declaraciones hechas a swissinfo por el portavoz del Ministerio de Justicia y Policía, Folco Galli, se han realizado todas las formalidades pertinentes para que el caso deje el ámbito de responsabilidad de las autoridades helvéticas y pase a los estrados mexicanos.

El funcionario añadió que, de nueva cuenta, el poder judicial azteca se comprometió a seguir indagando las actividades de los familiares del ex presidente Carlos Salinas de Gortari para averiguar si existen pruebas suficientes como para juzgar en México al hermano, Raúl Salinas de Gortari, por los delitos de blanqueo de dinero, desvío de fondos públicos y financiamiento del narcotráfico.

Dictaminan traslado

El pasado 30 de abril de 2002, el juez de instrucción de Ginebra, Paul Perraudin, comunicó a la Oficina Federal de Justicia su demanda de que sean las autoridades judiciales mexicanas las que se hagan cargo de la siguiente etapa en la investigación contra Salinas.

Suiza la inició el 3 de noviembre de 1995 por instrucciones de la entonces procuradora federal, Carla del Ponte. Sus primeras conclusiones terminaron en 1998 apuntando al narcotráfico como la fuente principal de los 130 millones de dólares retenidos en bancos de Ginebra y de Zúrich.

Una decisión del Tribunal Federal de Lausana, del 2 de julio de 1999, dispuso una nueva etapa en las averiguaciones. Conforme a las normas que establece el Código Penal Suizo en la materia, tenía que ser una judicatura cantonal --y no federal--, la encargada de tal diligencia.

El cantón de Ginebra fue el escogido para proseguir con las averiguaciones y la responsabilidad recayó en el juez Perraudin. El magistrado concluyó su trabajo el 30 de abril de 2002, con la hipótesis del narcotráfico; pero dejando abierta la posibilidad de que dineros del sector privado o de alguna herencia familiar pudieran también haber alimentado las cuentas de la familia Salinas.

Dado que los delitos investigados en Suiza, por las policías y los jueces suizos, fueron cometidos en México, el juez Perraudin consideró que Ginebra no podía seguir haciéndose cargo de las investigaciones ante la dificultad de convocar a los testigos

Por esta razón optó por delegar esa responsabilidad a las autoridades mexicanas, disponiendo, sin embargo, que los fondos sigan congelados en Suiza hasta que un tribunal mexicano juzgue a Raúl Salinas. Sólo después de que tal veredicto sea pronunciado se liberarán los 130 millones de dólares inactivos desde 1995.

Acusarán a Raúl Salinas en nombre de Suiza

Folco Galli recordó que el dictamen del juez Perraudin estipula que Suiza ha acopiado los elementos de prueba suficientes como para inculpar a los Salinas por los tres delitos mencionados. Sin embargo deja en la competencia exclusiva de las autoridades mexicanas la posibilidad de explotar otras pistas que consideraran convenientes.

Por el momento, el caso sigue siendo objeto de instrucción y su tratamiento recae en la subprocuradora de coordinación y desarrollo de la Procuraduría General de la República, María de la Luz Lima Malvido.

El intercambio de los 300 archivadores del sumario fue llevado a cabo entre Suiza y México conforme al principio universal de la reciprocidad.

Dicho principio rige los buenos oficios judiciales entre los Estados, cuando no existe un tratado de cooperación judicial bilateral (como es el caso actual entre México y Suiza). Berna ha procedido de esa manera en este asunto.

La Oficina federal de Justicia de Suiza basa sus relaciones con los mexicanos en la ley federal de cooperación judicial de 1998, vigente para establecer la cooperación internacional en materia penal.

Enrique Dietiker, Ginebra

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