Una mina suiza en Perú compromete la salud de los aldeanos en la zona

Varios aldeanos peruanos aseguran que la mina Tintaya-Antapaccay provoca la muerte y abortos espontáneos en los animales de sus rebaños Paula Dupraz

La publicación de varios informes técnicos acrecienta la inquietud sanitaria sobre el efecto que tienen los metales tóxicos sobre las comunidades que viven cerca de un complejo minero en los Andes peruanos. Glencore, propietaria de la mina, advierte que se trata de una mineralización natural del medio ambiente.

A más de 1 000 kilómetros de Lima y a medio mundo de distancia de la sede de Glencore en Zug (Suiza), los habitantes de una de las regiones más pobres de Perú que viven cerca del complejo minero del grupo suizo, siguen sufriendo los efectos de la pandemia de COVID-19.

Después de que Perú impusiera una de las estrategias de confinamiento más duras del mundo, ordenando el cierre de empresas y la suspensión del transporte interregional por períodos prolongados, muchos de los habitantes de la región de Espinar se hundieron aún más en la pobreza, al perder sus empleos en la economía informal. En mayo de 2020, después de que se registrara el primer caso de COVID-19 en este distrito montañoso del sureste de Perú, los servicios médicos ya se vieron desbordados, antes de que llegaran las siguientes olas de contagios, aún más graves, a principios del 2021.

La falta de agua potable, que los habitantes del distrito de Espinar atribuyen a la mina, ha complicado los efectos secundarios del confinamiento. Cuando se reanudaron los desplazamientos de forma limitada, solo los lugareños con parientes que podían viajar a los pueblos cercanos tuvieron la posibilidad de recibir agua embotellada, dada la ausencia de movilidad que había en las zonas más aisladas. Todos los demás tuvieron que conformarse con el agua que tenían disponible.

“Mi hermana trajo agua [embotellada], porque no se puede beber el agua que tenemos aquí”, decía Yenny Kana Magaño a SWI swissinfo.ch en junio. Vive en Huisa, una pequeña comunidad próxima a la mina, donde regresó a la casa familiar tras perder el trabajo que tenía como jornalera en una provincia vecina. Su familia solía abastecerse de agua en un pozo local. “Pero el agua prácticamente ha desaparecido. Antes era cristalina; ahora es grasosa y está llena de sedimentos”, denuncia.

Las relaciones entre la comunidad y la explotación minera de Glencore ya eran tensas antes de la pandemia, como lo demuestra un artículo sobre EspinarEnlace externo que SWI swissinfo.ch publicó en 2019. Mientras el gigante minero con sede en Suiza planeaba una expansión de 1 470 millones de dólares (1 350 millones de francos suizos) en la mina Tintaya-Antapaccay, los campesinos indígenas se quejaban de que las operaciones estaban afectando su bienestar. La falta de agua limpia y la contaminación por metales tóxicos hizo que los animales de sus rebaños murieran o abortaran y que la gente enfermara gravemente.

“El polvo es constante”, refiere Kana Magaño durante una llamada por WhatsApp, “ensucia el agua, el río y se me mete en los ojos. A veces llamamos al gerente de la mina. Antes mi madre no decía nada. Pero ya no se calla.”

El complejo minero, situado a unos 4 100 metros sobre el nivel del mar, se dedica a la extracción sobre todo de cobre, pero también de plata y oro en la zona. La parte más antigua de la mina se llama Tintaya y ya ha sido explotada en gran medida. Tintaya se extiende hacia ambos lados de una de las cuatro cuencas hidrográficas dentro del complejo minero y es una de las escombreras donde se vierten los residuos de las excavaciones. Otra parte de los residuos se esparce a lo largo y ancho de toda la propiedad de Glencore que se encuentra vallada y custodiada por los servicios de seguridad privada de la multinacional.

Datos inquietantes

En mayo, Amnistía Internacional publicó un estudioEnlace externo, según el cual los niveles de metal y sustancias tóxicas encontrados en muestras de agua y en el cuerpo de habitantes de 11 comunidades cercanas a la mina de Glencore presentaban riesgos importantes para la salud. La investigación, realizada entre 2019 y abril de este año, encontró elevados niveles de metales y sustancias tóxicas, como arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio, tanto en muestras de sangre como de orina, en el 78% de los voluntarios que participaron en el estudio.

La evidencia científicaEnlace externo confirma que la exposición a estas sustancias tóxicas puede causar desde dolores de cabeza y náuseas hasta graves daños en algunos órganos, como enfermedades renales, pulmonares o cerebrales, e incluso la muerte. Los metales también son perjudiciales para la salud de los animales.

“Este es un primer nivel de evidencia, un primer paso”, dice Fernando Serrano, responsable de la investigación. Los metales tóxicos pueden entrar en el organismo a través de la respiración o el consumo de aire, agua o alimentos contaminados. O simplemente, al tener contacto con polvo contaminado”, dice el profesor de la Universidad de St. Louis, en Missouri (Estados Unidos). Sin embargo, Serrano explica que se necesitaría un control riguroso y constante del agua y el medioambiente durante un largo plazo para poder realmente determinar la fuente precisa de la contaminación en Espinar.

Si bien realizaron estudios anteriores en respuesta a las preocupaciones de los residentes, el estudio de Amnistía en colaboración con el grupo regional de derechos civiles Derechos Humanos Sin FronterasEnlace externo es la primera investigación independiente y rigurosa que se ha realizado entre los habitantes de toda la región afectada según criterios de referencia médica actualizados.

Glencore ha descartado que los rastros de metales en las pruebas anteriores de agua y animales sean dañinos. Los considera “normales” en un ambiente rico en minerales. La compañía ha declinado responder a preguntas específicas sobre el informe de Amnistía que relaciona la actividad minera con los niveles de desechos tóxicos en el suministro de agua.

“El área de influencia de las operaciones de Antapaccay incluye los ríos Cañipia y Salado. Ambos poseen agua que se ha mineralizado debido a la presencia natural de minerales en el suelo. Así lo confirmaron las autoridades peruanas, entre ellas, la Autoridad Nacional del Agua”, responde Glencore por correo electrónico a las preguntas de SWI swissinfo.ch.

Casi al mismo tiempo que se publicaba la investigación de Amnistía, otro estudio realizado por el Ministerio de Salud, que monitoreó el agua en 13 comunidades cercanas a la mina, llegó a conclusiones similares, demostrando la presencia de arsénico y otros metales en las muestras de agua analizadas. Solo en una de las 43 localidades próximas a la mina donde se tomaron muestras los análisis mostraron que el agua era apta para el consumo humano.

Exposición tóxica

En 2020, el Ministerio de Salud de Perú emitió una relevante declaraciónEnlace externo en la que afirmaba que alrededor de 10 millones de peruanos estaban expuestos al contacto con metales pesados y otras sustancias tóxicas; seis de ellos, al arsénico y metaloides, con los riesgos que esto supone. A su vez, la plataforma preexistente conocida como Estrategia Nacional de Salud para el Cuidado de la Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias QuímicasEnlace externo identificó a Espinar como una de las áreas más afectadas donde la población estaba en riesgo de exposición.

Una sentencia dictada en diciembre de 2020 por la Corte Superior de Cusco ordenó al Ministerio de Salud de Perú que diseñara e implementara una estrategia de salud pública, exigida un año antes por un tribunal de Espinar, para atender el problema de la contaminación por metales pesados en un periodo máximo de 90 días.

El informe de Amnistía condena al Estado peruano por haber incumplido durante mucho tiempo su obligación de garantizar el derecho a la salud para las comunidades indígenas cercanas a la mina Antapaccay. También recomienda que se aplique una estrategia integral de salud pública y ambiental para hacer frente a la contaminación y la exposición a las sustancias tóxicas, así como garantizar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para las comunidades indígenas.

Serrano lamenta que Perú carezca de la capacidad necesaria para diseñar e implementar un programa de salud dedicado a atender los problemas relacionados con el contacto con metales tóxicos. “El sistema de salud está tan dañado -hecho que se hizo patente durante la pandemia, y aún más en este tema [contaminación por minerales pesados]-, que tendremos que mover cielo, mar y tierra”.

Al analizar la sangre y la orina de las personas para identificar los cinco metales más tóxicos, Serrano dice que se enfrentan, por ejemplo, al problema de la gran discrepancia que existe en los valores de referencia de las regulaciones peruanas con respecto a los estándares internacionales. “¿Cómo sabemos pues si [los niveles en sangre y orina] son altos o bajos, si [las personas] están a salvo o en riesgo?”

El desconocimiento por parte de los funcionarios públicos del riesgo que suponen los mayores niveles de exposición a metales pesados indigna a Nubia Blanco Pillco, exdirectora de un hospital. “En otros países, si se registraran estos porcentajes [de metales tóxicos en sangre], la empresa minera estaría violando la ley y sería sancionada”.

Los funcionarios del Ministerio de Salud y las autoridades regionales de salud de Perú no han respondido a las solicitudes de entrevistas por parte de SWI swissfo.ch.

Reparar y compensar

En marzo pasado, el Ministerio de Medio Ambiente inició otro estudio de muestras de agua y tierra de las áreas cercanas a la mina para determinar el origen de la contaminación. El Ministerio de Medioambiente no ha respondido a los múltiples correos electrónicos y mensajes de WhatsApp enviados para hablar sobre su investigación y otros estudios recientes. En el pasado, los funcionarios del ministerio, así como los de las administraciones de salud pública y agricultura, han esgrimido sistemáticamente el mismo argumento de la empresa minera de que se trata de una contaminación “natural”.

Se espera que los resultados del estudio del Ministerio de Medioambiente sirvan de base para un plan de reparación y compensación, como lo exigió el tribunal de Cusco, para las comunidades afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Serrano, responsable de la investigación de Amnistía, ya había investigado previamente la contaminación tóxica en el Cerro de Pasco, otro pueblo minero peruano considerado uno de los lugares más contaminados del mundo. La explotación minera allí ahora es parcialmente propiedad de Glencore, tras haber sido gestionada por varias empresas durante sus más de 100 años de historia. Serrano cree que las discusiones sobre las reparaciones podrían cambiar las cosas.

“La idea de las reparaciones es nueva, y ahora la tenemos en un marco legal, en el contexto de la decisión de Cusco. Esto brinda la esperanza de que, si las comunidades siguen presionando, podamos ver algún cambio, y eso sería realmente bueno”.

Pero de vuelta en la región de Espinar, los residentes están cada vez más impacientes y les gustaría poder vivir una vida más saludable.

“[Glencore] debería venir y verlo con sus propios ojos”, dice Kana Magaño, parada junto a la valla de malla del complejo de la multinacional, a pocos metros de su casa familiar. “Veo cómo se comercian [los metales] dentro del país, argumentando que esto genera desarrollo. Pero creo que al menos deberíamos tener agua potable. Si todo el mundo tuviera agua, la gente como yo no tendría que irse”, dice.

Glencore se ha limitado a responder vía correo electrónico: “Antapaccay alienta los esfuerzos para mejorar el acceso al agua para las comunidades rurales y urbanas de Espinar a través de iniciativas de apoyo que abordan problemas de cantidad y calidad del agua”.

La empresa añade que ha invertido en un sistema de riego para la producción agrícola e infraestructura hidráulica para colectar agua de lluvia en una presa. “Se prevé que las actividades agrícolas y ganaderas de 10 comunidades diferentes se verán beneficiadas con esta presa”, puntualiza Glencore.

Traducción del inglés: Andrea Ornelas