Paul Perraudin: Raúl Salinas tiene derecho a expresarse
El juez declina responder a las acusaciones del ex funcionario mexicano salvo en un punto: fue Salinas quien rechazó declarar.
“El (Raúl Salinas) tiene derecho a expresar sus opiniones. En lo que a mí respecta, no entro en materia”, enfatiza el magistrado ginebrino al ser inquirido sobre las imputaciones que le hace el hermano del ex presidente mexicano (1988-1994), Carlos Salinas de Gortari.
En una carta fechada el 10 de mayo del 2002 y redactada en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, Estado de México, Raúl Salinas reprocha a Paul Perraudin que en el texto en que da por concluidas sus pesquisas, omita las declaraciones -de funcionarios e inclusive de narcotraficantes- que lo desvinculan de ese ilícito comercio, amén de otras irregularidades.
En entrevista con swissinfo, Paul Perraudin, rechaza, sin embargo, el señalamiento del llamado ‘hermano incómodo’ en el sentido de que, durante una visita a México, en julio del 2001, el juez le negó audiencia. Por el contrario, el magistrado asegura que fue él quien pidió, infructuosamente, a Salinas, que le prestara declaraciones.
Los temores de Salinas
“Raúl Salinas se negó a hablar conmigo en Almoloya (donde purga una condena de 27 años por homicidio) porque tenía miedo de que las autoridades mexicanas grabaran sus palabras y las usaran en su contra”, puntualiza el juez.
El magistrado afirma que con el objetivo de proporcionar al acusado el derecho a expresarse, le planteó también la posibilidad de una video conferencia que también rechazó, con el mismo argumento.
Paul Perraudin propuso entonces a las autoridades mexicanas que permitieran a la justicia ginebrina trasladar a Salinas a Suiza para ser interrogado. Esa solicitud encontró también una respuesta negativa.
“Por lo tanto, no fue posible entrevistarlo fuera de México, con las debidas garantías de que su información sería usada exclusivamente por Suiza”, indica el juez de instrucción.
Justicia ginebrina cierra el caso
Para el responsable de las indagaciones sobre el origen de los 130 millones de dólares depositados por los Salinas en Suiza y bloqueados desde 1995, esos obstáculos impidieron continuar las pesquisas. Esa circunstancia contribuyó a que, el pasado mes de abril, las autoridades judiciales de Ginebra decidieran dar por concluidas sus investigaciones y solicitaran a Berna remitir las investigaciones a México.
“Nos encontramos en una situación ante la cual los funcionarios mexicanos tienen que actuar. Son ellos los que van a decidir cuál es el origen del dinero, si es del narcotráfico como originalmente se había dicho, o si los fondos tienen otro origen”, expresa Perraudin.
Añade que más de 100 personas involucradas en el caso se encuentran en territorio mexicano, con las consiguientes dificultades para convocarlas e interrogarlas en territorio helvético. A ello se suma que los testigos se muestran reacios a declarar luego de que uno de ellos fuera asesinado cuando se disponía a viajar a Suiza.
“Por eso, creo que la transferencia de la investigación a la Procuraduría General de la República (fiscalía mexicana) es una decisión equilibrada y la defiendo conforme a derecho”, subraya el magistrado.
Cronología del caso
El 3 de noviembre de 1995, Suiza abrió una investigación en contra de la familia Salinas por los delitos de lavado de dinero, en violación del artículo 305 bis del Código Penal helvético, y actividades ligadas con el narcotráfico, penalizadas por el artículo 19 de la Ley federal contra Estupefacientes.
Desde esa fecha, y hasta el 14 de septiembre de 1999, la investigación en contra de Raúl Salinas y su esposa, Paulina Castañón, fue dirigida por la entonces procuradora suiza Carla del Ponte. Las conclusiones fueron que el dinero procedía del narcotráfico.
La segunda etapa de las pesquisas, a cargo del juez de instrucción, Paul Perraudin, comenzó el 15 de septiembre de 1999 y culminó en abril pasado con la propuesta a Berna de que México continúe las investigaciones.
Los trabajos de investigación del magistrado confirmaron las hipótesis de que los fondos de Salinas procedían de los pagos que narcotraficantes habrían hecho al hermano del ex presidente por la protección de sus cargamentos.
Futuro incierto
Mientras las autoridades mexicanas establecen el origen de los 130 millones de dólares, el capital seguirá bloqueado en Suiza.
En caso de que el gobierno de México demuestre que los fondos fueron sustraídos de las arcas públicas, podrá solicitar la devolución de los mismos.
“O si, en su defecto, el tribunal dictamina que el dinero proviene del narcotráfico, entonces Suiza y los otros países que participaron en esta investigación, se quedarían con él”, concluye Perraudin.
Enrique Dietiker, Ginebra
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