Berna es el primer cantón con inspectores sociales
Después de que lo hicieran Zúrich, Basilea y Emmen, los cuatro municipios de Berna (ciudad), Biel, Köniz e Ittigen apuestan ahora por inspectores sociales.
Su tarea consistirá en combatir de modo eficaz los abusos. Se trata de un proyecto piloto que financiará el cantón.
Los cuatro municipios implicados contratarán a inspectores sociales durante medio año para que investiguen los abusos y los prevengan, explicó esta semana el socialdemócrata Philippe Perrenoud, actual director de Sanidad del Gobierno cantonal de Berna. Al mismo tiempo se pretende fomentar la confianza pública en los servicios sociales.
Según el consejero del Gobierno municipal de Biel, Pierre-Yves Moeschler, la credibilidad de la entera administración pública está en juego. “Los caudales públicos no se pueden ni se deben derrochar”, señaló el director de Sanidad de la metrópoli relojera. Fue su departamento que tomó la iniciativa para una colaboración del cantón con los municipios de Berna.
El proyecto, que finaliza en octubre de 2008, prevé que las cuatro comunas emplacen a inspectores sociales siempre y cuando se presente un indicio de abuso social. “El trabajo de los inspectores sociales consiste en confirmar o eliminar la sospecha”, expuso Walter Haag de la Dirección de Sanidad del Ayuntamiento de Köniz.
Atemperar la polémica
Por su parte, el cantón espera de la colaboración con otros municipios que se obtengan respuestas a las preguntas siguientes: ¿Qué formas de abusos existen?; ¿Pueden los servicios sociales optimizar los controles?; ¿Aportan las inspecciones beneficios adicionales?
Al cantón le interesa conocer las respuestas porque alimentará la mitad del presupuesto destinado a la asistencia social en los municipios. La otra mitad llega a las arcas municipales a través de la compensación financiera intercantonal.
Los resultados del proyecto se avanzarán como más tarde a principios del 2009. Perrenoud espera beneficios para el cantón de Berna. De los datos conclusivos del proyecto también se espera que contribuyan a la objetivación del debate.
Sólo una minoría abusa de las prestaciones sociales, subrayó Perrenoud. “La gran mayoría de los beneficiarios se encuentra en estado de penuria y depende urgentemente del apoyo financiero.”
Discusiones sobre pesquisas secretas
El objetivo que el cantón impone a las comunas es combatir los abusos. A partir de ahí, los municipios tienen la libertad de elegir los conceptos que más les convengan. Esto posibilitará una comparación de las distintas aproximaciones, alegó Perrenoud.
En Biel, los inspectores sociales sólo pueden intervenir si tienen un mandato de los servicios sociales o de terceros. Realizan, por ejemplo, un análisis de las condiciones de la vivienda de los beneficiarios y abren una investigación en el caso de sospecha de que un imputado no haya declarado todos sus ingresos. Sin embargo, permanecen prohibidas las pesquisas secretas.
Así también es en Ittigen. A falta de una base legal, los inspectores sociales del municipio suburbano de Berna no podrán abrir investigaciones encubiertas contra personas que presuntamente han abusado de la ayuda social. Por este motivo, las autoridades informaron de forma “abierta y transparente” a todos de los casi 400 beneficiarios sobre la posibilidad de que sean sometidos a inspecciones. Se espera que esta medida produzca un efecto intimidador.
Las autoridades del concejo de Köniz, sin embargo, no creen que las visitas a domicilio serán suficientes. Por eso permiten a los inspectores que también observen y vigilan a las personas sospechosas. Estas indagaciones, sin embargo, sólo se podrán llevar a cabo en el espacio público, concretiza el representante del Ayuntamiento de Köniz, Walter Haag.
Cambio en las autoridades de la ciudad de Berna
La ciudad de Berna, que también participa en el proyecto piloto, presentó sus planes ya en marzo. La capital federal quiere crear 1,5 plazas para inspectores sociales y un puesto a tiempo completo para un revisor social.
La investigación secreta también está prohibida en Berna. El revisor apoya a los asistentes sociales en casos que son complejos desde el punto de vista financiero.
La directora de Sanidad de la ciudad de Berna, Edith Olibet, fue durante mucho tiempo una oponente declarada del sistema de los inspectores sociales. Pero un caso que se hizo público el verano pasado, la empujó a cambiar de opinión: se trataba de un ciudadano iraní que conducía un BMW mientras se beneficiaba de la asistencia social.
Presión de la derecha
Varios casos de esta u otra índole de los que se hizo eco la prensa sirvieron a la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha nacionalista) de munición idónea en su campaña agresiva contra los “gorrones sociales”.
Los beneficiarios de la ayuda social —sobre todo si se trata de extranjeros— llevan cada vez más el estigma de aprovechadores que viven a costa de los contribuyentes. Pero la crítica del UDC también se dirige al trabajo de las direcciones de sanidad cantonales y comunales.
swissinfo, Renat Künzi
(Traducción del alemán: Antonio Suárez Varela)
La asistencia social es competencia de las comunas.
El presupuesto para la asistencia social es sufragado en partes iguales por el cantón y el fondo de compensación intercantonal.
Este modelo de financiación ha impedido hasta ahora que las comunas tomaran la iniciativa en la lucha contra los abusos en la asistencia social.
No se sabe todavía cuánto costará al cantón el proyecto piloto que finalizará a fin de año.
En Biel, el escrutinio externo de unos 15 a 20 casos sospechosos causará gastos de aproximadamente 20.000 francos.
Con la misma suma se cuenta en la comuna de Ittigen para financiar el trabajo de un inspector.
En el marco de este proyecto piloto se crearán en la ciudad de Berna un total de 2,5 empleos nuevos (con un porcentaje de ocupación del 150% reservados a inspectores sociales, y un 100% al revisor social). Los gastos se elevan a 220.000 francos.
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