Cómo debería reconciliarse Biden con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La decisión del Gobierno de los Estados Unidos de “volver a reconciliarse” con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, es un gran paso hacia el apoyo multilateral a los derechos humanos, que el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido. Sin embargo, todavía falta resolver algunos detalles clave, escribe Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
El expresidente Donald Trump renunció al puesto que Estados Unidos tenía en el Consejo, en especial por las reiteradas críticas al Gobierno de Israel y porque entre sus miembros están “algunos de los infractores más graves del mundoEnlace externo”. El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, ha indicado que el Gobierno de su país va a reconciliarse con el Consejo “inmediata y enérgicamente”. Algo que, por ejemplo, ya ha comenzado para la sesión especial de este mes sobre el golpe de Estado militar en Birmania (Myanmar). Estados Unidos, de momento, es un mero observador. Pero Linda Thomas-Greenfield (la candidata de Biden como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Nueva York) diceEnlace externo que el Gobierno estadounidense “se presentará” como candidato para volver a formar parte del Consejo, presumiblemente en la próxima oportunidad, en octubre.
Thomas-Greenfield, sin embargo, añade dos reservas. En primer lugar, describe la determinación de su Administración de “rechazar a quienes violan los derechos humanos de la ONU que quieren ser legitimados” con motivo de su adhesión al Consejo. Y en segundo lugar, indica que el Gobierno buscaría “menos resoluciones contra Israel”.
La Administración señala con acierto que el Consejo, entre sus 47 miembros, incluye a algunos gobiernos muy abusivos, como China y Rusia. Que parece que se han unido al Consejo solo con el objetivo de minar su trabajo y desviar las críticas de sí mismos. Aunque el problema no debería exagerarse: incluso con sus actuales miembros, el Consejo vota de manera regular para investigar y condenar en lugares como Birmania, Siria, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Burundi, Venezuela, Libia y Corea del Norte. Aun así, librar al Consejo de sus miembros más abusivos es un objetivo loable.
Se celebra entre el 22 de febrero y el 23 de marzo en la sede de la ONU en Ginebra. El ministro de Asuntos Exteriores suizo Ignazio Cassis se unirá al secretario general de la ONU, António Guterres, y a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para dirigirse a la asamblea el día de la inauguración.
Representantes de más de 130 países debatirán, durante la primera semana, los esperados informes sobre Bielorrusia, Yemen y Sri Lanka. En Bielorrusia, el Gobierno ha reprimido a los manifestantes tras las elecciones (denunciadas como fraudulentas) del año pasado, mientras que Yemen se encuentra inmersa en una guerra civil. En Sri Lanka, los funcionarios de derechos humanos de la ONU están cada vez más frustrados por la aparente falta de voluntad del Gobierno para abordar las atrocidades cometidas durante la guerra civil.
En el período de sesiones, los Estados miembros recibirán informes sobre varios países, entre ellos Birmania, Venezuela y Corea del Norte, y decidirán si adoptar o no medidas al respecto.
El Consejo se creó en 2006 fundamentalmente para resolver el problema de los miembros abusivos, que había asolado a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La solución fue celebrar elecciones competitivas para permitir la oposición a aquellos candidatos que no hubieran “mantenido los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Durante algunos años este planteamiento ha permitido avances con el rechazo de los candidatos abusivos a través de una votación (Bielorrusia, Azerbaiyán, Sri Lanka, Rusia) o retirado su candidatura antes de sufrir una derrota humillante (Siria, Irak). Pero las agrupaciones regionales de las que se seleccionan los candidatos ahora juegan a menudo con el sistema presentando “listas cerradas” (es decir, el mismo número de candidatos como vacantes), lo que en la práctica niega la elección a otros gobiernos. El Grupo Occidental es uno de los principales infractores, porque a sus gobiernos no les gustan las campañas que, de otro modo, serían necesarias para asegurarse un puesto en el Consejo.
Cuando hay una lista competitiva, los Estados abusivos pueden ser rechazados, como ocurrió en octubre, cuando Arabia Saudí perdió su candidatura a un puesto en el Consejo al recibir el menor número de votos de entre los cinco candidatos de la región de Asia-Pacífico para los cuatro puestos disponibles para esa región. China quedó en penúltimo lugar, lo que significa que también se le podría haber negado un puesto si se hubiera presentado un candidato más de esa región.
Lo mejor que el Gobierno de Biden podría hacer para resolver el problema de los miembros es presionar a todas las regiones, incluidas las occidentales, para que presenten candidaturas competitivas como una cuestión de principios. También podría proporcionar ayuda económica a los Estados más pequeños con un buen historial en materia de derechos humanos para apoyar a su personal en Ginebra lo suficiente como para que puedan ofrecerse como candidatos.
Una vez elegidos, todos los Estados deberían tener un nivel adecuado. Cuando los aliados votan de forma incorrecta (India, por ejemplo, se opone a la mayoría de las iniciativas de derechos humanos en el Consejo) los gobiernos que defienden los derechos deberían hacer de ello una cuestión bilateral.
En cuanto a las críticas a la conducta gubernamental israelí, el Gobierno [estadounidense] tendrá que demostrar que su objetivo no es evitar cualquier crítica, sino únicamente la crítica excesiva. Una de las quejas de los Estados Unidos a largo plazo ha sido que la Palestina ocupada es la única situación que tiene su propio lugar especial en la agenda del ConsejoEnlace externo (el punto 7). Biden podría demostrar que su preocupación es de principios al prometer votar a favor de las resoluciones sobre la política israelí que se propongan a través de otros puntos de la agenda del Consejo, como el punto 4 sobre “situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”, o el punto 2 sobre los informes que presenta el comisionado de la ONU para los derechos humanos.
En cuanto al número de resoluciones sobre Israel, si la Administración estadounidense quiere menos, podría apoyar una resolución única y consolidada sobre las políticas israelíes en lugar del actual enfoque fragmentario (por ejemplo, combinando cuestiones como los asentamientos ilegales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza letal y el bloqueo de Gaza) siempre que presione para que se adopte una resolución adecuadamente dura en lugar de una diluida. Biden también debería poner fin a la práctica del Gobierno estadounidense de vetar la mayoría de las resoluciones sobre el Gobierno de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU: una de las razones que otros gobiernos citan para tener que dirigirse al Consejo de Derechos Humanos, donde no hay veto. (El presidente Barack Obama, al final de su mandato, permitió que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución que exigía el fin de los asentamientos israelíes en territorio palestino).
Si el Gobierno de Biden adopta estas posiciones de principios, es probable que encuentre partidarios y tendría una buena oportunidad de cambiar el enfoque del Consejo. Pero si se considera que la Administración [de Estados Unidos] persigue otro esfuerzo para proteger los abusos israelíes, es poco probable que llegue a ninguna parte.
Al buscar estos cambios, el Gobierno de Biden no debería perseguir un proceso de “reforma” abierto, como hizo Trump sin un compromiso claro de una mayoría sólida de Estados para una reforma genuina. De lo contrario, se arriesgaría a minar el Consejo –que podría haber sido el propósito de Trump– al revivir propuestas anteriores contrarias a los derechos, como exigir una mayoría de dos tercios en lugar de una mayoría simple para condenar a un gobierno abusivo, limitar la independencia de los expertos designados por el Consejo y restringir la participación de los grupos no gubernamentales de derechos humanos en los debates del Consejo.
La legislación sobre derechos humanos es poderosa precisamente porque se aplica a todos los gobiernos: fuertes y débiles; amigos y enemigos. Biden lo sabe. La única cuestión es si la cumplirá.
Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch.
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Traducción del inglés: Lupe Calvo
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