Urgen acelerar proceso contra ex presidente Álvaro Uribe
“Es esencial que las autoridades judiciales aceleren el proceso para evitar una eventual prescripción de los hechos”, señaló a swissinfo.ch el abogado Franklin Castañeda en referencia a las investigaciones sobre la presunta participación de Uribe Vélez en la creación y financiamiento de grupos paramilitares.
Asimismo, el dirigente del Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) subrayó la importancia del acompañamiento internacional en la consecución de la justicia, así como en la protección del proceso y las víctimas.
En enero pasado, la Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra Álvaro Uribe Vélez, presidente del país entre 2002 y 2010, por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
De acuerdo con testimonios de ex paramilitares recogidos por el congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, Uribe habría participado en la formación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su gestión como gobernador de Antioquia (1995-1997).
Castañeda, también presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) viajó a Suiza por invitación de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
En entrevista con swissinfo.ch, reiteró que para “blindar y proteger” la iniciativa jurídica de investigar al ex mandatario es fundamental que la sociedad civil y la clase política suizas – y europeas, en general- se involucren activamente a fin de garantizar que el proceso siga adelante.
“Además, el acompañamiento internacional servirá también para garantizar la seguridad de los juristas que participamos en esta causa, la de los funcionarios que llevan adelante el proceso y, evidentemente, la de los testigos. La mayoría hemos sido amenazados de muerte”, enfatiza.
Castañeda, en su condición de dirigente del MOVICE, representa en este proceso contra Uribe Vélez a algunos de los afectados de las acciones paramilitares.
Poder político y paramilitarismo
Los hechos que las autoridades judiciales del país sudamericano investigan se remontan a mediados de la década de los noventa, cuando Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de la Provincia de Antioquía, antes de ser electo presidente de Colombia.
Según declaraciones documentadas de dos testigos y otras pruebas en proceso de verificación, el entonces mandatario regional habría colaborado en la creación del Bloque Metro de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización responsable de crímenes, atentados y masacres.
Los testigos, Juan Guillermo Monsalve- que trabajó en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, epicentro del grupo armado- y Pablo Hernán Sierra, acusaron en septiembre del 2011, desde sus respectivos lugares detención, al ex mandatario en declaraciones hechas al abogado y parlamentario nacional Iván Cepeda, principal promotor del proceso en marcha.
Reconocieron también el apoyo de las AUC a la campaña presidencial de Uribe.
En repetidas ocasiones la defensa de Uribe, en particular su abogado Jaime Granados, desestimó el valor de las acusaciones calificándolas públicamente de “imprecisas y mentirosas”.
Las autoridades investigan un grupo de 21 pruebas que podrían ser esenciales para dilucidar los hechos. Sin embargo, debido a presiones políticas y a riesgos de seguridad de los fiscales encargados “son de difícil y lento análisis”, explica Franklin Castañeda.
“Corremos graves riesgos y hemos recibido amenazas contras nuestras vidas por participar en este proceso” subraya el abogado quien, como los otros acusadores, vive con protección permanente del Estado. “24 horas sobre 24 debo estar escoltado por guarda espaldas o bien acompañado por miembros de las PBI suizas que participan en nuestra protección como defensor de derechos humanos”, precisa.
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes.
El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
Fuente: Web MOVICE
Rol de la comunidad internacional
La movilización y la presión de la comunidad internacional “fueron determinantes para que se reabriera el proceso al ex presidente Uribe”, subraya Castañeada en referencia a las cartas de apoyo enviadas a mediados del año pasado por 21 parlamentarios suizos y 24 diputados del Parlamento Europeo.
Empero, es imprescindible que esa labor de apoyo continúe. “Pensamos que es importante continuar con esa presión solidaria para que el proceso jurídico no solamente no se detenga sino que avance de manera acelerada”.
De otra manera, advierte, se corre el riesgo de que los hechos imputados, 20 años después de acaecidos –según lo establece la ley colombiana- prescriban en 2016 si el proceso no avanza a ritmo sostenido.
Anuncia el joven abogado colombiano que en una etapa posterior “pensamos recurrir también a reconocidas asociaciones de juristas de diversos países, entre ellos Suiza, para que, como observadores independientes, se expresen sobre la naturaleza del proceso”.
La idea de recurrir al Tribunal Penal Internacional de La Haya como último recurso no está excluida. “Se trata de crímenes de lesa humanidad y esa sería una instancia adecuada”.
En diciembre del 2012, Iván Cepeda presentó ante el Fiscal General de ese organismo una primer denuncia contra Uribe Vélez, en relación con los hechos ilegales (incluidas las escuchas) durante su presidencia por parte del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) contra políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Juristas helvéticos
“No es fácil para nosotros apoyar un proceso jurídico que se desarrolla a 10 mil kilómetros de distancia”, explica a swissinfo.ch el abogado suizo Gerhard Hauser, miembro de la directiva de la Asociación de Juristas Democráticos, en Berna.
Sin embargo, “espero que esta información en Europa sobre el proceso a Álvaro Uribe ayude especialmente a proteger a los abogados de las víctimas, les testigos y los jueces de la represión de aquéllos a los que no les interesa que la causa avance”, subraya luego de un encuentro con Castañeda.
“Me impresiona comprobar el coraje y el compromiso de jóvenes juristas, como es el caso de nuestro interlocutor, a favor del Estado de Derecho y la democracia”, concluye Hauser.
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