Protegerse contra el tránsito descontrolado de los OMG
El gobierno suizo quiere asegurar la protección de la salud y del medio ambiente frente a las amenazas del paso transfronterizo de organismos genéticamente modificados (OMG). En consecuencia, ha propuesto este miércoles al Parlamento la ratificación del Protocolo de Cartagena, firmado por Suiza en mayo de 2000.
Rubricado por más de 90 países en el marco de la Convención sobre la diversidad biológica, este protocolo es el primer instrumento legal internacional que pretende garantizar que los OMG susceptibles de presentar un peligro serán transferidos, manipulados y utilizados con toda seguridad.
El Protocolo entrará en vigor cuando lo ratifiquen 50 Estados. En el mes de mayo, solamente dos lo habían hecho.
El elemento esencial del protocolo es el procedimiento de acuerdo previo. Todos los países tendrán el derecho de no permitir la importación de semillas o de productos agro-alimenticios como la soja, el maíz o los tomates transgénicos. Podrá fundamentar su decisión en las informaciones necesarias para la evaluación de los riesgos que el país exportador habría debido ofrecerle.
Los países importadores que no disponen de una legislación nacional que limite el uso de los OMG podrán incluso rechazar la entrada en su territorio de algunos productos, según los criterios definidos en el protocolo. Esta posibilidad es particularmente importante para los países en vías de desarrollo.
Intercambio de informaciones
El Protocolo de Cartagena debe permitir también la cooperación científica y técnica entre el Norte y el Sur. Otro elemento importante del protocolo es la creación de un centro de intercambio de informaciones sobre la prevención de los riesgos biotecnológicos. Cada país tendrá además un corresponsal nacional encargado de la aplicación de las disposiciones.
El Protocolo reglamenta no sólo las exportaciones declaradas sino también los movimientos transfronterizos no previstos y las medidas de urgencia. Atribuye la responsabilidad al país de procedencia, que tiene el deber de informar al respecto lo antes posible.
El Protocolo prevé igualmente la elaboración, después de cuatro años de su entrada en vigor, de reglas y procedimientos internacionales en materia de reparación de daños. En caso de movimiento transfronterizo ilícito, el país afectado puede pedir el país de origen que pague los gastos para la eliminación de los OMG concernidos.
swissinfo y agencias
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