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Entre temores y esperanzas, avanza la paz en Colombia

Manifestación en pro de la paz, en 2014, luego de que las negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia quedaran suspendidas. En noviembre de 2016 se firmó finalmente el acuerdo que puso fin a más de 50 años de enfrentamiento entre esa guerrilla y el ejército. John Vizcaino / Reuters


La última ronda de 2014 del diálogo Bogotá-FARC inició este miércoles con los  objetivos de reducir la intensidad en la confrontación e implementar mecanismos para evitar nuevos escollos. Desde Berna, entidades sociales ratifican su respaldo al proceso sin ocultar el miedo al “estallido de la paz”.

Este contenido fue publicado el 11 diciembre 2014 - 11:00
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

“La ofensiva nunca fue tan fuerte como después del proceso de ‘desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La comunidad internacional salió de Córdoba porque ‘ya había paz’ y comenzaron los asesinatos selectivos: más de un millar de muertos en el espacio de tres años”, subraya el sacerdote Javier Márquez Acosta.

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El director de la Oficina Social de la Diócesis de MontelíbanoEnlace externo viajó a Suiza, junto con otros representantes de la sociedad colombiana, en el marco de una gira por Europa organizada por CAFODEnlace externo (agencia de ayuda de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales) para divulgar la situación de los defensores de derechos humanos (DDHH) y definir mecanismos para su protección.

La visita se produjo en vísperas de la celebración del Día Mundial de los DDHHEnlace externo y del reinicio de las negociaciones para la pazEnlace externo (ambos el 10. 12). En ese contexto, los integrantes de la delegación hablaron a swissinfo.ch de los desafíos para la paz y la justicia en Colombia.

El riesgo de ser visibilizados

“Creemos en el proceso de paz. Estamos en él y seguiremos, pero tenemos miedo”, confiesa Carmenza Álvarez Herrera, de la ONG ‘Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz’Enlace externo. Explica que si bien han sido abiertos espacios para la participación ciudadana, no existen las garantías necesarias para su protección.

“Nos hacemos visibles en La Habana y somos víctimas de amenazas en Colombia”, deplora. Y es que, a decir del padre Javier, “todo lo que sea defensa de los derechos humanos suena a guerrilla y se convierte en objetivo militar de grupos ilegales”.

Los delegados colombianos destacaron la pertinencia de las líneas directrices para la protección de defensores de DDHH, emitidas por Berna.

“Nosotros tenemos mucha confianza en el blindaje que nos proporciona la participación internacional y en diversos puntos de las directivas suizas coincidimos de tal manera que parece que las hubiéramos elaborado juntos”: Israel Aguilar Solórzano, de la Reserva Zenú (Córdoba).

La Confederación HelvéticaEnlace externo ha desplegado o sostenido en Colombia diversas iniciativas tendientes a coadyuvar en la búsqueda de la paz y la reconciliación, el empoderamiento de la sociedad civil, el apoyo a la población desplazada, el mejoramiento de la infraestructura pública y la elaboración de un registro catastral en el proceso de restitución de tierras.   


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Dicho de otro modo, son estigmatizados, perseguidos y asesinados los sindicalistas que reivindican condiciones laborales dignas; las mujeres que denuncian la violación de sus congéneres; los indígenas que exigen respeto a sus costumbres; los campesinos que defienden sus tierras; las madres que se oponen al reclutamiento forzado de los suyos….

“Me metí al campamento de las FARC para ir a buscar a mi muchacho. Me le planteé a la comandante y le dije ‘¡Yo no parí hijos para que ustedes me los quiten!’ Salimos sin volver la mirada y estuvimos escondidos tres días antes de poder marcharnos del pueblo…”

Narra Carmenza que algunas personas le dijeron luego ‘tuviste mucha valentía’. “Pero lo que realmente tuve fue mucho miedo. Miedo a que se llevaran a mi hijo”. El chico tenía apenas 10 años y escapó a la suerte que corren miles de menores enrolados contra su voluntad por los diferentes grupos armados.

Desplazamiento y apego a la tierra

Pero la proeza tuvo un costo. Carmenza debió abandonar su hogar, sus pertenencias y su empleo para sumarse a la lista de más de cinco millones de desplazados que el conflicto armado ha causado en el país. Defensora de los derechos de las mujeres, ha debido desterrarse dos veces más, por seguridad.  

“Nosotros no nos moveremos. Somos los más vulnerables y estamos lejos, pero un indígena sin tierra es un indígena huérfano”, declara Israel Aguilar Solórzano, de la Reserva Zenú (Córdoba). Como la de otras comunidades étnicas, la suya es una resistencia pacífica y ha conformado una Guardia Indígena, armada únicamente con la fuerza de la unión para protegerse y proteger su territorio.

El reconocimiento de su derecho a 1 050 hectáreas de tierra ha permitido una  mayor armonía con el Gobierno, dice, pero la comunidad sigue expuesta a las veleidades de los grupos armados.

El contexto de conflicto ha sido proclive al despojo y a toda suerte de violaciones de los derechos humanos, pero la paz, coinciden nuestros interlocutores, solo será posible con justicia.

La batalla postconflicto

“La terminación del conflicto no representa el fin de nuestros esfuerzos”, advirtió recientemente el presidente Juan Manuel SantosEnlace externo.

Sin seguridad no habrá paz, añadió. “Seguridad para las comunidades en aquellas zonas que han sido afectadas por el conflicto, en esas regiones donde ha sido desplazada la gente, en esas regiones donde agricultores y ganaderos han sido víctimas del conflicto; los campesinos que han sufrido tanto con esta guerra”.

Se refirió igualmente a la seguridad en las zonas urbanas y a la situación de los desmovilizados: “Seguridad también para quienes dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, porque de eso se trata este proceso de paz, que quienes han estado buscando sus objetivos a través de las armas las dejen y encuentren un ambiente seguro”.

Ese es uno de los aspectos que inquieta particularmente a los defensores de derechos humanos: “Muchos de los AUC se unieron a otros grupos armados y muchos otros que quisieron reintegrarse a la vida social no lo lograron porque nadie les daba empleo”, refiere Carmenza afincada en la región de Urabá, otrora bastión de ese grupo armado.

Sin justicia no hay paz

Coincide con el prelado en cuanto a que el proceso de desmovilización tuvo serias fallas. “Fue diseñado para beneficio de los capos que luego fueron enviados a Estados Unidos sin aclararnos qué había pasado con nuestra gente”.

Evoca igualmente a las personas que acudieron a declarar como testigos en los juicios y que viven bajo el temor de que se cumplan los ocho años decretados para que salgan libres los paramilitares confesos.

 “Eso pasó con los AUC, refieren los defensores de DDHH. ¿Qué pasará con los miembros de las FARC que dejen las armas? Y ¿qué con aquellos que no lo hagan…?”

Las FARC y el Gobierno de Colombia reanudaron negociaciones (10.12)  tras superar la mayor crisis del proceso de paz por  la captura de un general por parte de los rebeldes.

La captura del general Rubén Alzate llevó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a suspender el 16.11 las negociaciones con las FARC.

A fines de noviembre los rebeldes liberaron al general y a otros cuatro cautivos, lo que despejó la vía para retomar las conversaciones, que estuvieron suspendidas casi cinco semanas (incluido un receso programado).

Este XXXI ciclo de pláticas, que se prolongará hasta el 17.12 buscará el “desescalamiento del conflicto” armado, según dijeron las partes el 3.12. 

Además, las partes deben avanzar en el tema de la reparación de las víctimas.

Una quinta y última delegación de doce víctimas rendirá testimonio el 16.12, para que sus demandas se plasmen en un eventual acuerdo que ponga fin al último conflicto armado en América.

Las anteriores delegaciones de víctimas han formulado fervientes llamados a la paz pero con conocimiento de la verdad, en las jornadas más emotivas de estas negociaciones, iniciadas el 19.11.12.

Hasta ahora ambas partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda de paz: reforma rural (5.13), participación política (11.13) y drogas ilícitas (5.14). Quedan pendientes, además de la reparación de las víctimas, el desarme y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz.

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