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Tortura sistemática en prisiones brasileñas

La sobrepoblación afecta también a la prisión de Guarulhos, Sao Paulo (2006) RDB

El Comité contra la tortura acaba de recordarlo: ese flagelo es sistemático en las prisiones brasileñas. Una realidad documentada por un informe del órgano de la ONU que Brasil quiso asfixiar.

Este contenido fue publicado el 27 noviembre 2007 - 21:19

Mientras que intensifica sus relaciones económicas con Brasil, Suiza apenas abordó este problema, a pesar de los llamados de Amnistía Internacional.

"Hacinamiento endémico, condiciones espantosas de reclusión, calor sofocante, falta de luz, violencia y confinamiento permanentes".

Tal es el clima de las prisiones de Brasil, según un informe del Comité de la ONU contra la tortura. Una situación siempre actual, según Manon Schick, portavoz de la rama helvética de Amnistía Internacional.

"La tortura y los malos tratos son todavía generalizados y sistemáticos", afirma el documento, redactado por dos de diez expertos del Comité, el español Fernando Mariño Menéndez, y el chileno Claudio Grossman.

Los 2 expertos visitaron las prisiones y las comisarías de 5 Estados de Brasil entre el 13 y el 29 de julio de 2005. Una visita solicitada en 2002 por diversas ONG.

Política de espera brasileña

La falta de respuesta del gobierno brasileño mantuvo en secreto las conclusiones de la misión de investigación del comité de la ONU.

Una respuesta fue entregada finalmente la semana pasada en Ginebra, durante una sesión del Comité contra la tortura, que no discute los hechos denunciados por el informe (un documento todavía confidencial del que Infosud obtuvo copia).

De hecho, ambos expertos de la ONU están particularmente sorprendidos por la lentitud de Brasil para mejorar su sistema carcelario. Una política de espera también denunciada por Amnistía Internacional. Hace ya más de 20 años que el país salió de la dictadura (1965-1985). Dispone de una constitución democrática desde 1988 y ratificó el Convenio contra la tortura el 28 de septiembre de 1989.

Los expertos de la ONU indicaron a Brasil que "hay práctica sistemática de la tortura cuando los casos notificados no son fortuitos, cuando no se producen en un solo lugar en un momento preciso y cuando se observan elementos de hábito, una generalización, por lo menos en una parte importante del territorio del país".

Admiten que "la tortura puede tener un carácter sistemático sin que esto sea debido a la voluntad directa del gobierno". Reconocen que otros factores pueden entrar en consideración, como la falta de coordinación de las políticas a los diferentes niveles del Estado y las lagunas de la legislación.

Pero los expertos subrayan que nada justifica lo que constataron en Brasil, incluido el aspecto discriminatorio de la tortura que a menudo golpea a los detenidos de la población de origen africano y la impunidad de los autores de estas sevicias.

Después de haber hecho todo para que el informe de la misión investigadora no fuera publicado, los diplomáticos del gobierno del presidente Lula da Silva acaban de aceptarlo, como lo anunció el viernes pasado el presidente del Comité, Andreas Mavrommatis.

Una Suiza reservada

Falta saber si Suiza, que colocó a los derechos humanos en el centro de su política exterior, evocó esas graves violaciones ante Brasil. Y esto, al tiempo que decidió reforzar sus relaciones económicas con la gran potencia de América del Sur.

Doris Leuthard, ministra suizo de Economía, viajó a Brasil en febrero pasado, con una delegación de empresarios. El tema de los derechos humanos no figuró en la agenda a pesar de las interpelaciones de Amnistía Internacional.

"Enviamos a la ministra un expediente subrayando las principales violaciones en materia de derechos humanos pidiéndole que abordara ese tema con las autoridades brasileñas. Pero sus servicios nos respondieron que se trataba de una visita económica y no de una visita oficial, es decir, que esas cuestiones no podían figurar en las discusiones", precisa Manon Schick.

El Ministerio suizo de Exteriores no ignora el asunto, según Lars Knuchel, su portavoz. Pero lo aborda en el marco de los órganos de la ONU concernidos, como el Consejo de los Derechos Humanos.

Además, el Parlamento suizo se apresta a ratificar un tratado de cooperación judicial con Brasil. Todo ello, mientras que las fuerzas de policía brasileñas están lejos de ofrecer todas las garantías en materia de respeto de los derechos humanos.

swissinfo Juan Gasparini (InfoSud) y Frédéric Burnand
(Traducción, Marcela Águila Rubín)

Contexto

Las relaciones Suiza-Brasil

Brasil es el socio comercial más importante de Suiza en América Latina. Las empresas suizas emplean a cerca de 90 000 personas. Las relaciones económicas entre ambos países están regidas por tratados multilaterales. Deberán ser facilitadas aún más con la conclusión de acuerdos bilaterales.

Suiza y Brasil reforzaron su colaboración en la lucha contra la corrupción, el tráfico de droga y la trata de seres humanos. También se esfuerzan por intensificar sus intercambios en el campo científico.

En su estrategia en materia de política económica exterior del año 2007, el Ministerio suizo de Economía concede una atención particular al mejoramiento del acceso a los mercados y a la protección de las inversiones para las empresas suizas en cuatro países emergentes: Brasil, Rusia, la India y China.

Estos cuatro países registran violaciones graves de los derechos humanos, según Amnistía Internacional.

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Las recomendaciones de la ONU

Tras el informe de sus expertos en Brasil, el Comité contra la tortura recomienda particularmente que toda queja que denuncie un acto imputable de tortura a un agente del Estado sea objeto de una investigación rápida, imparcial y a profundidad y que los responsables sean perseguidos en aplicación de la ley de 1997 sobre la tortura, y debidamente sancionados.

Recomienda además que en cada estado brasileño, los servicios del fiscal tengan facultad de iniciar y desarrollar investigaciones sobre cualquier queja por tortura.

También recomienda que la libertad bajo caución no sea concedida a las personas inculpadas de crímenes de tortura y que los agentes del Estado acusados sean suspendidos de sus funciones desde el inicio de cualquier investigación y hasta el fin del procedimiento judicial o disciplinario que pueda seguir.

El Comité recomienda además que sólo las declaraciones o las confesiones hechas en presencia de un juez sean aceptadas como prueba en un procedimiento penal.

En los casos de alegaciones de violaciones de los derechos humanos imputados a la policía militar y en los que las víctimas sean civiles, las investigaciones y los procesos deberán ser efectuados por las jurisdicciones penales generales y no por las jurisdicciones militares.

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