Una larga batalla judicial y una esperanza
La modificación de la ley de la nacionalidad es una buena noticia para miles descendientes que no se sentirán más discriminados.
Pero la espera ha sido larga para muchas organizaciones, que estiman que finalmente se ha hecho justicia.
La ley de la nacionalidad de 1952 (LN 141 y aplicada desde 1954) dejó sin su pasaporte helvético al menos al 80% de los hijos de la tercera generación de los emigrantes, y para muchos recuperarla significó un verdadero calvario judicial.
Al entrar en vigor esa ley en 1954, muchos ni se enteraron de su existencia. Otros – bien integrados en sus nuevos países de adopción – perdieron interés en mantener contacto con la patria de sus padres. De modo que transcurrieron varios años antes de que se comenzaran a sentir sus efectos.
Años más tarde, en la medida en que la Confederación intensificó los acercamientos con las “colonias suizas” de América Latina, resurgió el interés de los descendientes por la patria de los ancestros. Un interés unido también al cambio de situación económica de Suiza, que de país pobre en el siglo XIX pasó a ser una de las naciones más prósperas en la época de la postguerra.
Injusticia y reparaciones
Hoy en día muchos descendientes de la casi ya tercera generación se encuentran perfectamente integrados en clubes y asociaciones que promueven acercamientos y contribuyen a realzar la presencia suiza en el extranjero. Pero a pesar de sus helvéticos apellidos y del orgullo por sus orígenes, no tienen la nacionalidad suiza.
El no poseer la nacionalidad es considerado por ellos como una injusticia. Enrique Luchsinger, desde Lautaro, en Chile, lleva más de 30 años litigando con los funcionarios del Registro Civil del cantón de Uri, que no le reconoce sus derechos “por culpa del cónsul suizo de la época, que no anunció su inscripción a las autoridades cantonales”, alega.
Los jueces del Tribunal Federal, máxima instancia judicial del país con sede en Lausana, han debido pronunciarse sobre cientos de recursos presentados por descendientes, cuyas comunas de origen no les reconocen el derecho a la nacionalidad. Pocos han ganado la causa, pero “se avanza en jurisprudencia”, admite el jurista Rudolph Schaller.
Rudolph Schaller presentó, en efecto, varios recursos en el pasado, muchos de ellos contribuyeron a crear jurisprudencia y consiguieron con el tiempo nuevas modificaciones a la ley de la nacionalidad.
“A partir de la década de los años 90, son cada vez más las organizaciones que reclaman el derecho a la nacionalidad. Un sentimiento de injusticia es visible en todas partes y se multiplican las demandas jurídicas”, explica el abogado Charles Martin, de Ginebra, que gestionó varios recursos ante los tribunales competentes.
Petición federal
En 1996, con ocasión de la vista a Chile y Argentina de los presidentes de las cámaras federales Claude Frey y Niklaus Küchler, la Asociación de Descendientes Suizos de la Araucanía (Chile) presentó una petición con más de 1.500 firmas donde los descendientes solicitaron que se les diera una nueva posibilidad para recuperar la nacionalidad.
Esta petición no fue ajena al hecho de que en 1997 se introdujeran modificaciones al artículo relacionado con la reintegración.
Los legisladores aceptaron, en efecto, que fuera posible la presentación de una demanda de reintegración fuera de los plazos. Pero se fijaron tres condiciones, que el interesado resida en Suiza un mínimo de 3 años, que domine uno de los idiomas nacionales y que se encuentre vinculado a la sociedad helvética.
El círculo vicioso
La exigencia de la residencia provocó un problema jurídico de proporciones, pues los candidatos que desean cumplir con ese requerimiento se ven a menudo rechazar un permiso de estadía, pues al entrar al país se les sigue considerando como extranjeros.
Una contradicción que ha sido resuelta según los criterios cantonales, dada la falta de una jurisprudencia nacional.
Para los consulados esta contradicción es un rompecabezas sin solución, pues a pesar de los orígenes helvéticos de los que desean acogerse a esa posibilidad, se les aplica la ley de extranjería, es decir, que para residir se les exige un trabajo, y para tener el trabajo se les exige un permiso. Un círculo vicioso.
Barreras burocráticas
Para complicar más las aspiraciones de los descendientes, los funcionarios de las embajadas, al menos en Latinoamérica, practican la disuasión, es decir, aplicar con el máximo recelo las exigencias de idioma y de vínculos con Suiza.
“Hay funcionarios que nos han dicho en nuestras propias caras que lo único que nos interesa es beneficiar de la pensión, de algún subsidio, o la ayuda social en Suiza”, dice Enrique Luchsinger, al quejarse sobre los obstáculos en sus intentos de pedir la ciudadanía perdida de sus orígenes.
Por eso que al informarle del próximo cambio de ley dejó estallar su júbilo: “¡Al fin se hizo justicia!”, exclamó consciente de que este logro no es más que un triunfo simbólico para él, “debido a la edad”, dice. “Pero el legado quedará para mis nietos y descendientes.”
swissinfo, Alberto Dufey
Organizaciones de suizos satisfechas por modificación.
Probar vínculos estrechos con Suiza será la mayor exigencia para recuperar la nacionalidad.
A los candidatos se les exigirá dominio de un idioma nacional.
Los descendientes de la Araucanía chilena lanzaron en 1996 una petifición al Consejo Federal.
En Argentina 90 mil descendientes podrían beneficiar de la nueva ley.
En Chile hay al menos 9 mil descendientes sin pasaporte.
La ley de 1952 dejó sin nacionalidad suiza a miles de emigrantes.
El Tribunal Federal de Lausana se pronuncia sobre demandas rechazadas.
La reintegración permite recuperar nacionalidad, pero hay que residir 3 años en Suiza.
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