Guantánamo se invita a la arena política suiza
Suiza, que condena Guantánamo como una violación de las Convenciones de Ginebra, ¿puede pedir a los estadounidenses interrogar a sus prisioneros por encargo suyo?
Pues lo ha hecho y desencadenado esta semana una polémica que seguramente reaparecerá en la próxima sesión del Parlamento, a partir del próximo 5 de marzo.
El asunto que desde el lunes agita al mundo político suizo pudo haber detonado hace varios meses. Fue el 24 de marzo de 2006 cuando el diputado Alexander Baumann se refirió -durante un interpelación al gobierno-, a tentativas del Ministerio Público de la Confederación (MPC) para “acceder a informaciones de Guantánamo”, empleando métodos “no muy compatibles con el derecho suizo”.
Entonces, el parlamentario de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha nacionalista) hizo alusión sobre todo al fiscal general Valentin Roschacher, cuya acción es condenada en términos generales y que terminará renunciando a su cargo.
Emitida el 29 de septiembre pasado, la respuesta del gobierno confirma que la policía judical federal pidió un pequeño servicio a los policías estadounidenses encargados de los interrogatorios en Guantánamo.
Berna solicita al FBI
En efecto, Berna transmitió al FBI listas con nombres y fotos para ver si algunos prisioneros daban informaciones sobre presuntos islamistas detenidos en Suiza.
En esa época el Parlamento deliberaba en la estación alpina de Flims (cantón Grisones) y nadie se inmutó. Pero el asunto no pasó desapercibido a la Comisión de gestión de las cámaras federales, cuyo informe 2006 consagra una página a esa colaboración entre el MPC y el FBI.
En sus líneas se puede leer que esa actitud es consecuente con la “vía de cooperación policial internacional” y que la Comisión -“satisfecha con las respuestas del MPC”-, “consideraba que no había lugar para adoptar medidas más amplias”. Punto seguido.
El “escándalo de la tortura”
Pero no era el punto final. El reciente lunes, 29 de enero, el diario sensacionalista de habla alemana “Blick” aborda el asunto y denuncia “el escándalo de la tortura, disimulado en la página 109 del informe de la Comisión”.
La airada reacción de los defensores de los derechos humanos, el mundo político y los medios de comunicación no se dejó esperar.
Suiza -que no deja pasar ninguna ocasión para recordar a Estados Unidos su preocupación con respecto a las Convenciones de Ginebra-, ¿cómo puede encargar interrogatorios en Guantánamo sabiendo que quienes los hacen se preocupan muy poco de los derechos humanos?
“Así, no”
“Es totalmente inaceptable, afirma Daniel Bolomey, secretario general de la sección de Amnistía Internacional. De un lado, se critica los métodos estadounidenses en Guantánamo, y, de otro, se está dispuesto a utilizar ese sitio carente de derecho para tratar de reunir pruebas contra personas que son sospechosas en Suiza”.
Amnistía nada tiene contra una policía empeñada en desmantelar las redes terroristas, pero no admite que lo haga de esta manera. Más aún dado que las eventuales pruebas obtenidas en Guantánamo “no podrán ser usadas en los tribunales”, precisa.
Daniel Bolomey no es el primero en remarcar esta contradicción. Al día siguiente de la publicación en el rotativo Blick, el senador Dick Marty -que investiga los vuelos secretos de la CIA por encargo del Consejo de Europa-, recordó que “ningún tribunal puede aceptar pruebas recogidas de personas arrestadas fuera de toda protección jurídica”.
El antiguo fiscal aprovechó la oportunidad para denunciar una Suiza “que en sus discursos dominicales habla de la importancia de los derechos humanos y paralelamente emprende acciones que expresan un apoyo a su violación”.
La Comisión en tela de juicio
Más mesurado, Jacques-Simon Eggly prefiere hablar de “hiato entre la posición que defendemos y sus prácticas”. Si bien es partidario de la colaboración y el intercambio de informaciones en la lucha contra el terrorismo, el diputado liberal (derecha) considera que “el fin no siempre justifica los medios”.
“Nosotros debemos respetar el marco de nuestros valores”, añade Jacques-Simon Eggli, quien preferiría que Suiza “no meta el dedo en Guantánamo porque sabe que es una zona carente de derecho. Ella (Suiza) lo ha denunciado”.
Al igual que Daniel Bolomey, el dipurado liberal cree que la Comisión parlamentaria de gestión “deberá explicarse”. A juicio del secretario general de Amnistía, el hecho de que ésta “haya aceptado las explicaciones sin ir más lejos” es “inaceptable”.
Cita en el parlamento
Se anuncian acaloradas discusiones en la sesión parlamentaria que comienza el 5 de marzo. Más aún dado que la Cámara Baja debe tratar la respuesta a la interpelación Baumann, el diputado que se dijo insatisfecho.
Además, el Parlamento tiene también que ratificar un nuevo acuerdo de cooperación sobre la prosecución penal y las actividades terroristas, con Washington.
El diputado socialista Carlo Sommaruga, miembro de la Comisión de asuntos jurídicos, ya ha señalado que exigirá el bloqueo de ese texto “mientras Estados Unidos no respete las Convenciones de Ginebra y la Convención contra la Tortura”.
swissinfo, Marc-André Miserez
La acción del Ministerio Público de la Confederación (MPC) en Guantánamo se inscribe en el marco de una investigación a cinco yemenitas, un somalí y un iraquî juzgados actualmente por el Tribunal Penal Federal en Lugano.
Ellos están acusados de probables “nexos con organizaciones terroristas”.
El miércoles (31.01), el ministro de Justicia y Policía, Christoph Blocher se refirió a la polémica sobre Guantánamo durante la reunión semanal del Consejo Federal (Gobierno).
A juicio de su portavoz, el Ejecutivo constató que los órganos de vigilancia del Ministerio Público de la Confederación (entre ellos la Comisión de gestión) no encontraron violación de la ley.
El gobierno subraya asimismo que en vista de las críticas contra las condiciones de detención en el campo, el MPC jamás ha estado en contacto directo con Guantánamo y ha elegido el procedimiento de colaboración simple, es decir la ayuda policial.
Además, esas acciones en Guantánamo no dieron resultado. La difusión de fotos no ha permitido recoger indicios susceptibles de ser explotados por el MPC, afirmó el portavoz del gobierno.
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