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La responsabilidad de las empresas suizas en el extranjero se decide en las urnas

Los ciudadanos suizos votan el 29 de noviembre sobre dos temas de alcance internacional. La iniciativa “por empresas responsables” quiere que las multinacionales suizas respondan por las violaciones de los derechos humanos o de las normas medioambientales que cometen en el extranjero. La iniciativa “contra el comercio de guerra” pide que se prohíba al banco central y a las cajas de pensiones invertir en la industria del armamento.

Responsabilidad de las empresas

El contenido: La iniciativa popular propone incluir un artículo en la Constitución que obligue a las empresas a comprometerse más en el respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente. La iniciativa pide que las empresas suizas respeten también en el extranjero los derechos humanos reconocidos internacionalmente y las normas medioambientales internacionales.

Información oficial

Documentos Enlace externode la Confederación sobre la votación

Texto completoEnlace externo de la iniciativa 

Texto completoEnlace externo del contraproyecto indirecto

DosierEnlace externo de la Oficina Federal de Justicia con comparaciones entre la iniciativa y el contraproyecto

Partidarios de la iniciativa

Comité de la initiativaEnlace externo a favor de multinacionales responsables

Comité burguésEnlace externo a favor de multinacionales responsables

Adversarios de la iniciativa

Comité contraEnlace externo la inciativa de responsabilidad empresarial

Comité económicoEnlace externo « NO a la iniciativa multinacionales»

Esta obligación afecta a las empresas que tienen su sede estatuaria, su administración central o principal centro de actividad en Suiza. Estas compañías tendrían que demostrar una diligencia razonable para prevenir eventuales daños en materia medioambiental o de derechos humanos, y asegurar que las empresas que controlan en el extranjero respeten estas nuevas exigencias.

Esto significa que cualquier persona u organización que considere que una empresa suiza ha causado perjuicios en su país podría emprender una acción civil por daños y perjuicios en Suiza, donde tiene sede la empresa.

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Los partidarios: A favor de la iniciativa se han pronunciado varios sindicatos, los partidos de izquierda, así como un centenar de oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Transparencia Internacional, Unicef y Terre des Hommes. Las dos principales iglesias del país, católicos y protestantes, también hacen campaña a favor del sí, al igual que cientos de empresarios suizos y un comité burgués compuesto por parlamentarios de varios partidos de derecha y centro. El copresidente del comité de la iniciativa es el exsenador liberal radial (derecha liberal) Dick Marty, quien adquirió notoriedad internacional con sus investigaciones sobre las prisiones secretas de la CIA y al denunciar el tráfico de órganos en Kosovo.

Para los partidarios de la iniciativa, muchas multinacionales suizas se aprovechan de la situación de países que no disponen de una justicia funcional y causan perjuicios a la población o al medioambiente sin temor a represalias. A su juicio, cualquiera que recurra al trabajo infantil o destruya el medioambiente tiene que rendir cuentas.

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Los adversarios: El Gobierno suizo y la mayoría del Parlamento recomiendan a los votantes el rechazo de la iniciativa, en favor del contraproyecto indirecto que ha elaborado el Legislativo. El contraproyecto obligaría a las empresas a rendir regularmente cuentas de sus actividades respecto al medioambiente, los derechos humanos y la corrupción. Asimismo impone la obligación de diligencia en el ámbito del trabajo infantil y de los minerales extraídos en zonas de conflicto. En cambio, no se prevén nuevas reglas sobre la responsabilidad empresarial. Si los votantes rechazan la iniciativa popular el 29 de noviembre entrará en vigor el contraproyecto.

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El comité que se opone a la iniciativa está integrado por varias organizaciones paraguas del mundo empresarial, como economiesuisse, SwissMEM o SwissBanking, así como numerosos políticos de todos los partidos de derecha y de centro. En su opinión, las intenciones de la iniciativa son buenas, pero esta no logra su objetivo y sería perjudicial para la economía suiza. El comité teme que las empresas suizas puedan ser objeto de denuncias sin haber cometido violación alguna. Se verían por tanto en una posición de desventaja competitiva a nivel internacional y expuestas al riesgo de chantaje.

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La situación actual: Las multinacionales son un pilar importante de la economía suiza. Según la Oficina Federal de Estadística, en 2018 había cerca de 29 000 multinacionales que empleaban a cerca de 1,4 millones de personas. Algunas de ellas son actores importantes a escala internacional en el ámbito de las materias primas, como Glencore, Vitol, Gunvor o Trafigura. Está también el líder mundial de la alimentación Nestlé, o los gigantes farmacéuticos Roche y Novartis.

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A nivel internacional, las Naciones Unidas han emitido los Principios RectoresEnlace externo sobre las empresas y los derechos humanos. Suiza se dotó en 2016 de un plan de acción nacionalEnlace externo sobre la puesta en práctica de esos principios rectores, pero no están previstas medidas vinculantes para las empresas.

Financiación de los productores de armas

El contenido: La iniciativa popular pide que se incluya en la Constitución la prohibición de financiar a la industria de armas. Esto significa que el Banco Nacional Suizo (banco central), los fondos de pensiones y fondos privados de previsión ya no podrían conceder créditos o invertir en empresas que generan más del 5% de su facturación anual con la producción de material de guerra.

Información oficial

Documentos Enlace externo de la Confederación sobre la votación

Texto completEnlace externoo de la iniciativa

Ley actualEnlace externo sobre la financiación de material de guerra de

Partidarios de la iniciativa

Comité de la iniciativaEnlace externo contra el comercio de guerra

Adversarios de la iniciativa

Comité «NOEnlace externo a la iniciativa radical del Grupo por una Suiza sin  Ejército»

Suiza también debería comprometerse a nivel nacional e internacional para que esta prohibición se extendiera a los bancos y las compañías de seguros.

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Los partidarios: La iniciativa fue lanzada por el Grupo por una Suiza sin Ejercito y los Jóvenes Verdes. Cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda y oenegés activas en la promoción de la paz.

Los partidarios quieren reducir la industria armamentística mundial y fomentar un mundo más pacífico. En su opinión, los miles de millones de francos que las instituciones suizas pagan cada año a los fabricantes de material de guerra hacen que estos puedan suministrar armas en zonas de conflicto. Un comercio que es incompatible con la neutralidad de Suiza y sus esfuerzos en favor de la paz.

Los adversarios: Para combatir la iniciativa, se ha creado un comité compuesto por parlamentarios de todos los partidos de derecha y de centro, así como de asociaciones profesionales.

La Unión Patronal Suiza, economiesuisse o la Asociación suiza de Instituciones de Previsión consideran que esta propuesta sería muy perjudicial para las empresas y el empleo. A su juicio, muchas pymes suizas que fabrican piezas sueltas para la industria de armamento se verían afectadas y tendrían dificultades para encontrar financiación. Además, según el comité, la iniciativa  pondría en entredicho el principio de independencia del banco central y reduciría los réditos de las inversiones en los fondos de pensiones.

La situación actual: Suiza dispone ya de una ley sobre material de guerra que prohíbe la financiación directa de material bélico prohibido, como las armas nucleares, biológicas y químicas, minas antipersonal y municiones de racimo. También está prohibida la financiación indirecta de estos productos, pero únicamente si el objetivo es esquivar la interdicción de la financiación directa.

Sin embargo, según el informeEnlace externo “Don’t Bank on the Bomb” de la oenegé holandesa PAX, el Banco Nacional Suizo, Credit Suisse, UBS y Fisch Asset Management habrían invertido en 2019 cerca de 9 000 millones de dólares en productores de material bélico prohibido, por ejemplo Aecom, Airbus, Boeing, Honeywell o Lockheed Martin.

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