Excluir a los solicitantes de asilo del mercado laboral es contraproducente para su integración a largo plazo y genera mayores costos sociales, de acuerdo con un estudio realizado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) y la Universidad de Stanford (EE UU).
En muchos países europeos, los solicitantes de asilo no pueden trabajar de inmediato. Investigadores del Laboratorio de Política de Inmigración de la EPFZEnlace externo y de la Universidad de Stanford examinaron el caso alemán.
En ese país, el período de espera se redujo de 13-24 meses a 12 meses desde el año 2000. Por lo tanto, los investigadores compararon dos grupos homogéneos de solicitantes procedentes de la otrora Yugoslavia: para poder trabajar, los que llegaron en 1999 tuvieron que esperar en promedio siete meses más que aquellos que llegaron en 2000.
Como resultado, cinco años después de la expiración del período de espera, la tasa de ocupación del grupo que llegó en 2000 fue del 49%, en comparación con el 29% del grupo de 1999. Hubo que esperar hasta 2010 para que el segundo grupo pudiera recuperar el retardo, de acuerdo con la investigación, publicada en la revista ‘Science Advances’.
Los autores calcularon que si las 40 500 personas de la antigua Yugoslavia llegadas a Alemania en 1999 hubieran podido beneficiarse del período reducido y hubieran alcanzado una tasa de empleo similar al grupo del 2000, el Estado alemán habría ahorrado 40 millones de euros anuales en cargas sociales y pérdidas fiscales.
Según los investigadores, los tiempos de espera tienen un efecto desmotivador, que no ha desaparecido por completo a pesar de la adaptación realizada en 2000. “Las prohibiciones para trabajar son miopes”, explica el investigador postdoctoral Moritz Marbach, coautor del estudio.
“En lugar de hacer que los solicitantes dependan del Estado durante años, países como Alemania deberían usar su motivación inicial para integrarlos rápidamente al mercado laboral”, subraya el especialista.
Estudios anteriores han demostrado que los solicitantes de asilo no constituyen una presión sobre los trabajadores nativos ni los salarios, anota la Universidad de Stanford.
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