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‘Impunity’ o el naufragio de Justicia y Paz en Colombia



Por Marcela Águila Rubín




En Colombia, otros ponen la guerra, los pobres ponen los muertos. ()

En Colombia, otros ponen la guerra, los pobres ponen los muertos.

...al niño le cortaron totalmente la cabeza … yo levanté el cuerpo y mi mamá llevó la cabeza... por muchos tratamientos psicológicos, uno no es capaz de reponerse… ¿Con qué se puede reparar eso? ¡No hay con qué repararlo!

Crónica del horror que aún vive Colombia. Testimonio que inicia 'Impunity', un documental ajeno a la "versión oficial" y que se estrena este viernes en Ginebra.

En el filme -cuyo rodaje constituye una trama en paralelo con sus dosis de violencia, de amenazas y de miedo-  Juan José Lozano y Hollman Morris recogen versiones de paramilitares amnistiados por una ley que acabó por convertirse en tragicomedia… 

“Para mí es claro que esta Ley de Justicia y Paz es la más grande operación de Marketing que hizo el gobierno pasado para cambiar la imagen del país internamente y al exterior”, señala Juan José Lozano a swissinfo.ch.

En 2005, el Gobierno de Alvaro Uribe decreta la Ley de Justicia y Paz mediante la cual los paramilitares que se desarmen y confiesen sus crímenes, podrán ser amnistiados luego de condenas que van de 5 a 8 años de prisión. 32 mil paramilitares entregan las armas. Unos 100 se presentan a la comisión judicial.  

El documental reproduce versiones libres de los que se entregaron. Las víctimas escuchan desde otro sala. “El crimen por un lado, el sufrimiento por el otro”, ubica el guión.

Las confesiones son un compendio de degradación humana: “la práctica utilizada era decapitar y desmembrar para causar terror”… “Nos dijeron: ‘hay muchos muertos, eso nos va perjudicar’, por eso empezamos a quemar los cadáveres o a echarlos al río”… “Murieron muchos inocentes, lo lamento, pero ya están muertos y por mucho que discutamos no los vamos a resucitar” .

Victimizadas nuevamente

“Las personas que están en la sala, que vieron morir a sus familiares, que fueron víctimas en ese momento, son víctimas una segunda vez a través de este proceso en el que las instrumentalizan para vender una idea de que el país va mejor, que ya no hay conflicto y se está juzgando a los criminales”, subraya  J.J. Lozano.

En entrevista previa a la proyección de ‘Impunity’ en el marco del Festival del Filme y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos en Ginebra, el cineasta suizo-colombiano añade: “Es muy perverso, porque toda esa gran obra que se llamó la Ley de Justicia y Paz, estaba sirviendo, digo yo en pasado, para escribir otra historia del país, para tergiversar los hechos”.

Con Impunity, más que una denuncia de lo que está pasando, Hollman Morriy y Juan José Lozano buscan “aportar una pieza más para la escritura de la historia, para el futuro, para que quede como memoria”.

Los desafíos del filme

“Teníamos autorizaciones para grabar ciertas audiencias de versiones libres, para acompañar algunas diligencias de exhumación y para entrevistar a algunos prisioneros en cárceles de máxima seguridad, pero cuando empiezan los problemas de la parapolítica con los miembros del Congreso. Es decir, cuando  empieza a aparecer la verdad más importante, se nos empiezan a complicar las cosas. Nos retiran los permisos y las cosas se degradan hasta febrero de 2009, cuando nos llega la amenaza de muerte que nos obliga a parar todo”.

Los cineastas sufrían detrás de las cámaras, lo que ocurría delante de ellas. Juan José había recibido una primera “advertencia” por medio de una carta colocada en el buzón de su casa en Ginebra. Esta segunda amenaza, de muerte, recibida por correo electrónico, era contra todo el equipo y se produjo un día antes de una última entrevista prevista con el ex jefe paramilitar Ever Veloz, alias HH, antes de su extradición a Estados Unidos.

El equipo de realización pensó entonces que su proyecto estaba liquidado. Pero luego de reconsiderar las posibilidades, decidió centrarse en las diligencias de versión libre, grabadas en permanencia por los fiscales y que merced al concurso  de asociaciones de víctimas y fiscales honestos, llegaron a sus manos. Empezó entonces un “trabajo de arqueología” con la transcripción de casi 600 horas de video.

¿El resultado?  Mejor de lo esperado. Pasado el primer momento de desconcierto, las amenazas contribuyeron a fortalecer la consciencia en el equipo de filmación. “Si  me están ladrando es porque estamos haciendo bien las cosas y porque aquí hay algo más..” 

Y, lejos de arredrase,  los productores respondieron con más fuerza.“Nos metimos con todo y pienso  que lo que quedó en la película es una mirada muy distanciada, muy clara, de un pedazo de la historia del país. No son frases de nosotros, son hechos de la realidad que están ahí y en ese sentido a mi me parece que sí, que hicimos la tarea”.

De miedo y de soledad

Sí, una tarea que muestra al espectador la realidad. Una realidad terrible que recogen estas frases: “si hablamos de los campesinos decapitados, no dicen nada. Si hablamos de figuras políticas, somos unos mentirosos” (Ever Veloz). “Es necesario reconocer que persiste el fenómeno paramilitar” (Comisión Colombiana de Juristas) “¡Hay que dejar el miedo, por eso el país está como está!” (una víctima). “La búsqueda de la verdad: un pozo sin fondo” (guión).

En efecto, los hechos son muchos y las denuncias interminables. Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de base luchan con denuedo y existen las condiciones suficientes para una investigación internacional.

Sin embargo, deplora nuestro interlocutor, el grueso de la sociedad colombiana “no ha abrazado a sus víctimas ni las ha acompañado en su dolor” y la Corte Penal Internacional, pese a las reiteradas solicitudes, se ha negado a intervenir.

Y es que, concluye: “En Colombia estamos solos”.

Proceso de Justicia y Paz

(2005-2006): Se decide amnistiar a paramilitares que depongan las armas, confiesen sus crímenes y cumplan condenas de entre 5 y 8 años.

(2007-2008) Académicos e investigadores independientes denuncian "parapolítica". Los fiscales interrogan sobre el tema a los paramilitares auditados. Las denuncias involucran a parlamentarios y a políticos, incluido un primo de Álvaro Uribe.

Estalla el escándalo del espionaje por el servicio estatal de Inteligencia.

4(2009) Extradición de jefes paramilitares (poseedores de información clave) y amenazas  contra fiscales, periodistas y el equipo de 'Impunity'.  

La Ley 975

O Ley de Justicia y Paz sigue vigente. Entre 100 y 200 paramilitares de mandos inferiores son procesados.

Proporcionan datos sobre algunos asesinatos, pero carecen de información clave: con quién se hizo pactos, a quien se benefició, de dónde venía el dinero.

Por ello, el proceso el proceso de Justicia y Paz en la teoría sigue vigente pero en la práctica no hay nada que hacer: no se tiene a los victimarios y las víctimas no van a saber la verdad.

Podrán saber quién disparó y por donde entró la bala, pero no más.

La verdad integral, es decir: que lo mataron porque aquí se iba a construir un proyecto de tal cosa, porque la plata venía de tal multinacional.. eso no se sabrá.

Con Santos, el cambio

Entre el Gobierno del actual presidente, Juan Manuel Santos, y el de su predecesor, Álvaro Uribe, Juan José Lozano advierte un “cambio grande”:

Una interlocución más respetuosa con las diferentes ONG, con los periodistas.

Propuestas muy interesantes como la nueva ley de víctimas y tierras.

El gobierno anterior no admitía  que hubiera víctimas del ejército y la policía, y eso hacía que hubiera una discriminación de las víctimas: “Usted es más víctima que éste porque a usted lo mató la guerrilla y si a usted le hizo algo el ejército, usted no es considerado como víctima”.

Este gobierno cambió totalmente el discurso. Dijo “víctimas son todas. El que dispara es un victimario y el que recibe la bala es una víctima”.

Puso en el mismo plano a los policías y soldados corruptos o criminales, a paramilitares, a  narcotraficantes, a guerrilleros, y eso ha sido un mensaje muy fuerte y un cambio muy grande.

 

Sin embargo, eso es en Bogotá. En las regiones, donde están los grandes caciques que controlan las tierras, es otra cosa.

Ahí siguen matando a líderes

que reivindican la tierra y a opositores.

swissinfo.ch



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