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En Colombia, “llegó la hora de vivir en paz”: Garzón

Con miles de civiles asesinados y millones desplazados como telón de fondo, el vicepresidente Angelino Garzón ratifica en Suiza la decisión del nuevo gobierno colombiano de afinar la puntería en la defensa de los ciudadanos y de sus derechos humanos.

Para lograrlo: diálogo social, agilización de la justicia, lucha contra la impunidad y la corrupción, y sendos proyectos de ley sobre reparación de víctimas y restitución de tierras.

“El Estado tiene que ser más humano, más solidario, más sensible frente a las víctimas y más duro frente a los victimarios”, sentenció el dirigente ante la prensa.

Durante su estancia en Suiza (13 al 15.10), Angelino Garzón se reunió con la ministra helvética de Exteriores, Micheline Calmy-Rey, con representantes de organismos de la ONU, de ONG suizas con programas en Colombia, y de diversos medios locales de comunicación, incluido swissinfo.ch.

Ante una y otros, el vicepresidente colombiano habló de las prioridades de la nueva administración colombiana con respecto a los derechos fundamentales:

“Tenemos una decisión política a nivel del Gobierno que encabeza el presidente Juan Manuel Santos Calderón de consolidar una política integral de respeto a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario como parte del esfuerzo para consolidar a Colombia como un Estado Moderno”, sentenció el ex ministro del Trabajo ante la prensa.

Nuevas amenazas

Más allá de las expectativas o el escepticismo que pueda generar, la determinación supondrá un esfuerzo enorme. El domingo 10 de octubre, diversas ONG y personalidades civiles recibieron una amenaza de muerte del grupo neoparamilitar ‘Águilas Negras’, una nueva expresión de una violencia añeja.

“Estamos actuando contra todos los grupos armados ilegales, llámense guerrilla, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes. Cada día son mayores los avances de la lucha del Estado y cada día es menor la capacidad de esos grupos de hacer daño a la sociedad colombiana, pero no queremos caminar por una política triunfalista”, advirtió el vicepresidente colombiano para reconocer:

“Somos conscientes de que estos grupos tienen todavía capacidad de hacer daño a la población”.

En efecto, el mensaje enviado por las Águilas Negras a movimientos sociales mientras sesionaban en el Congreso de los Pueblos es un ejemplo entre muchos otros. Son miles los casos de amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos. De campesinos, indígenas y afrodescendientes cuyas comunidades sufren también el reclutamiento forzado de sus jóvenes y el despojo de sus tierras.

El problema del agro

“Si no se resuelve el complejo problema de la tierra, (unos cuatro millones de desplazados reclaman la restitución de 5.5 millones de hectáreas), cualquier apuesta por una solución política del conflicto en Colombia es difícilmente imaginable”, advirtió Rafael Figueroa, del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, SUIPPCOL. (En más sobre el tema: La tierra, semilla de paz en Colombia).

A ese respecto, informó el vicepresidente, el Gobierno presentó dos proyectos de ley el primero para la reparación de las víctimas de la violencia, incluyendo a la población desplazada, a desarrollarse en 15 años con un presupuesto inicial de 27 millones de dólares y la atención anual de unas 250 mil familias.

“Los procesos de reparación no son fáciles. En el mundo entero son mayores los fracasos que los éxitos y no hay antecedentes de un país que sin estar totalmente en un escenario de paz, haya emprendido un proceso de reparación, ni haya efectuado un proceso de reparación para 3 millones 600 mil personas”, indicó.

La segunda iniciativa gubernamental concierne la restitución de tierras. “”Hay muchas tierras que hemos confiscado a los grupos ilegales (500 mil hectáreas) y tenemos detectadas otras 600 mil que están en manos de testaferros de grupos ilegales. Vamos a seguir en esa línea. El proceso no tiene reversa”.

La apuesta económica

Con una amplia mayoría (69% de los votos) el binomio Juan Manuel Santos-Angelino Garzón se impuso en las elecciones presidenciales del pasado 20 de junio y se instaló en la Casa del Nariño el 7 de agosto siguiente.

“No puede esperarse mucho en tan poco tiempo”, comentó Stephan Suhner, de la coordinación de ONG suizas que se reunieron con el dirigente. Empero, agregó, “el vicepresidente nos dijo que Colombia quiere cumplir con todas las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos y que el Gobierno quiere trabajar duro y rápido porque sólo tiene cuatro años”.

A las entidades helvéticas, entre otros muchos temas, les inquieta el impacto social y ecológico de la explotación minera en Colombia, una de las áreas a las que las autoridades han apostado el desarrollo económico del país y que, según la ley, sólo puede desarrollarse con la aprobación de las comunidades afectadas.

Sin embargo, desde la misma exploración se generan afectaciones importantes. “Las búsquedas se realizan con presencia armada, hay daños a los bienes de las comunidades, confusión, violaciones de derechos humanos y hasta desplazamientos”, explica a swissinfo.ch el responsable del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia , ask!

Lucha contra toda ilegalidad

Amén de ese tipo de agresiones, la ONG ha denunciado en reiteradas ocasiones las embestidas de que también son víctimas los sindicalistas (unos 3.000 han sido asesinados en la última década) por parte de empresas trasnacionales y con el apoyo de grupos paramilitares.

“Entre los sectores más afectados por esta violencia irracional en Colombia, y sobre todo por los grupos armados ilegales, están la población indígena, afrodescendiente, campesina y también los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, empresarios, jueces, periodistas…” reconoció el dirigente.

Sindicalista él mismo en otros tiempos, Angelino Garzón , subrayó ante la prensa que “no es posible, en el mundo de hoy, que haya gobiernos que permanezcan pasivos frente a la actividad de grupos armados ilegales que afectan los derechos de la población”.

Enfatizó asimismo la determinación de Bogotá de luchar contra todos los grupos armados ilegales: paramilitares, narcotraficantes, guerrilla, bandas criminales.

“El 99% de la población está de acuerdo con esta decisión del Gobierno y del Estado colombiano porque ya existe plena consciencia en la población de que llegó la hora de que tenemos que vivir tranquilamente y en paz”, concluyó.

Nació en Buga, Valle del Cauca, el 29.10.46.

Comunicador Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, con Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

Estudios sobre Relaciones Laborales Comparadas de Italia, España, Austria y América Latina, en el Centro de Formación de la OIT, en Turín.

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 2000 y 2002, Gobernador del Valle del Cauca en 2004 y Embajador de Colombia ante el Sistema de Naciones Unidas en Ginebra.

Inició su carrera política como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano y luego como Vicepresidente de la Unión Patriótica.

Activo sindicalista, fue Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El Gobierno exige a las FARC:

Poner en libertad a todos los secuestrados sin ningún tipo de condiciones
Cesar la práctica del terrorismo y el secuestro
Cesar la práctica de minas antipersona
Poner en libertad a niños que han reclutado de manera forzosa
Tomar la decisión publica de decir que esta violencia no va más

Parapolítica: “No podemos permitir que alguien, a nivel del Estado, crea que para combatir a un grupo armado ilegal, tenemos que aliarnos con otro grupo armado ilegal”.

Falsos positivos: “Estamos convencidos de que seguiremos avanzando y ganaremos la lucha contra los grupos armados ilegales si al mismo tiempo respetamos los Derechos Humanos y las normas del Derecho Humanitario Internacional”.
Fuente: Angelino Garzón

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