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Acceso prohibido para los ‘indeseables’

Control de identidad en Berna. Keystone

Son cada vez más los cantones suizos que decretan medidas para mantener alejados del centro de las ciudades a los solicitantes de asilo con antecedentes delictivos.

La utilidad de las disposiciones es, ante todo, de índole preventiva.

La policía tiene competencia para prohibir el acceso a determinadas zonas de individuos que carecen de un permiso anual de estancia o domicilio, si son sospechosos de estar implicados en el tráfico de estupefacientes.

Desde comienzos de diciembre, por ejemplo, el centro de Zúrich es prácticamente una zona prohibida para los solicitantes de asilo.

“Las medidas están en vigor solamente desde el inicio del mes. Es todavía prematuro trazar un balance”, señala a swissinfo Marco Cortesi, portavoz de la policía municipal.

Pero varias investigaciones revelan que los solicitantes de asilo constituyen una minoría entre los traficantes de droga.

Efecto preventivo

Desde mediados de octubre se han decretado 60 zonas de exclusión en el cantón: 30 en la ciudad de Winterthur, 11 en Zúrich y otras tantas en el resto del cantón.

Según Cortesi, las medidas están destinadas a retirar de las calles a individuos que destacan por un comportamiento negativo: gente desamparada, los ‘sin techo’ o personas que han sido objeto de quejas.

Para la policía de extranjeros, el objetivo de esas zonas de exclusión es, ante todo, de índole preventiva. En la mayoría de los casos, la amenaza de exclusión es suficiente.

El caso Meilen

La comuna zuriquesa de Meilen quería incluso negar a todo un grupo de solicitantes de asilo el acceso al centro de la ciudad y a las instalaciones deportivas. Un proyecto que generó una fuerte polémica.

“Excluir a un grupo entero viola la Constitución y es una medida desproporcionada”, puntualiza Marc Spescha, abogado y especialista en derecho de extranjería.

También la Oficina Federal para los Refugiados y las autoridades cantonales de Zúrich han manifestado sus reservas.

La policía cantonal de Zúrich y la comuna de Meilen discuten actualmente la legalidad de la medida.

Una ‘vieja’ ley

La base legal de las zonas de exclusión es el artículo 13 de la Ley federal, en vigor desde 1995, relativa a la estancia y residencia de los extranjeros.

Según el texto, “las autoridades cantonales competentes pueden ordenar a determinadas personas no abandonar o no acceder a ciertos territorios”, como medida para luchar contra el tráfico de estupefacientes. En caso de incumplimiento, la ley prevé penas de hasta un año de prisión.

Hasta ahora, los cantones fueron reticentes en la aplicación de esta disposición. Hoy todo parece indicar que esta tendencia se invierte.

El caso de Berna…

Desde 1997, Berna es el único de los 26 cantones suizos que dispone de una ley que contempla también la exclusión de ciudadanos suizos “no deseados” y extranjeros con residencia.

Desde comienzos de año se han decretado cerca de 300 prohibiciones: en las ciudades de Berna, Biel y Thun.

… y otros cantones

También los cantones de Basilea, Ginebra, Solothurn y Vaud conocen el sistema de la zona de exclusión. Ginebra, por ejemplo, puede negar el acceso al centro de la ciudad durante seis meses a los solicitantes de asilo sospechosos de tráfico de droga.

En Ginebra viven 5.000 solicitantes de asilo. Unos 440 fueron detenidos por la policía desde marzo pasado. Unos cien tienen prohibido el acceso al centro de la ciudad.

¿Violación de los derechos humanos?

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronunció sobre dos casos registrados en Holanda relativos a la prohibición para acceder o abandonar determinados territorios.

El fallo – adoptado por escasa mayoría – establece que esas normas no violan los derechos humanos, siempre y cuando haya un interés público que las justifique.

Elvira Wiegers, swissinfo

Hay cerca de 95 mil solicitantes de asilo en Suiza

La Oficina Federal para los Refugiados estima que son entre mil y 1.500 los que están vinculado al tráfico de estupefacientes.

Esa proporción corresponde al 1% del total de solicitantes de asilo.

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