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Denuncian “farsa democrática” con la compra de aviones de combate a EE UU

Avión F-35A
Suiza firmó un pedido a Estados Unidos de 36 aviones de combate F-35A. © Keystone / Urs Flueeler

Una iniciativa popular que impugnaba la compra de aviones de combate F-35A fue retirada después de que el Gobierno suizo firmara el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Los partidarios de la iniciativa ‘Stop F-35A’ declararon que una votación a nivel nacional ya no tendría sentido puesto que no podría cambiar el curso del acuerdo.

“Retiramos la iniciativa con gran pesar. No queremos ofrecer un pseudo voto en el que los votantes no puedan tener una voz real en la decisión de compra real”, señaló la diputada socialista Priska Seiler Graf a la emisora ​​pública suiza SRF.

El comité ‘Stop F-35A’ también expresó su malestar porque el Gobierno había vetado efectivamente la votación al firmar un contrato final de compra con EE UU.

Funcionarios suizos firmaron el lunes un acuerdo con Estados Unidos para comprar una flota de 36 aviones de combate F-35A, tras años de debate nacional sobre el tema.

El Gobierno había prometido retrasar el acuerdo hasta que se pudiera realizar la votación, pero cambió de opinión cuando Rusia invadió Ucrania, arguyendo que la guerra hacía imperativo mejorar las defensas aéreas de Suiza.

Esta decisión redujo la tradición suiza de democracia directa a una “farsa democrática”, indicaron los partidarios de la iniciativa.

En 2020, los votantes suizos aprobaron la decisión del Gobierno de invertir 6 000 millones de francos en la sustitución de su flota de aviones de combate.

Pero la iniciativa de seguimiento ‘Stop F-35’ cuestionó el tipo de avión elegido y afirmó que el costo real del acuerdo podría salirse de control. La iniciativa había reunido suficiente apoyo para llevar a cabo otra votación a nivel nacional.

La adquisición de 36 aviones de combate F-35A del fabricante estadounidense Lockheed Martin ha estado plagada de acusaciones incluida la retención de información a la población.

Pero la oficina de auditoría federal y los comités parlamentarios han concluido que, si bien el procedimiento de adquisición fue defectuoso, no violó ninguna ley.


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