Extranjeros en Suiza: de luz y de sombras
Ginebra solicita al Gobierno suizo la regularización de unos 5.000 trabajadores ‘sin papeles’, en su mayoría mujeres, procedentes de Colombia, Brasil y Filipinas.
En paralelo, Vaud confirma que 378 solicitantes de asilo deberán dejar el país. Sin embargo, ofrece un respiro de tres meses, lapso que para las Iglesias constituye una luz de esperanza.
“El Consejo de Estado (de Ginebra) intervino hoy (19.01) ante el Consejo Federal para solicitar una regularización excepcional y única, según criterios uniformes, de los trabajadores clandestinos del sector de la economía doméstica”, informaron las autoridades cantonales en un comunicado.
De esa manera, Ginebra busca poner coto a irregularidades administrativas y a la explotación de las personas concernidas, en su mayoría mujeres, según explicó a swissinfo el responsable del Mercado del Trabajo del Gobierno ginebrino, Yves Perrin. (En más sobre el tema: Buscan regularizar a empleadas latinoamericanas).
La medida se anunció un día después de que las autoridades vecinas, las del cantón de Vaud, confirmaran su decisión de repatriar a cerca de 400 solicitantes de asilo:
“Llegamos al final del procedimiento. Ya no hay más solución para esas 378 personas que la de abandonar el territorio helvético”, enfatizó el consejero del Estado de Vaud, Jean-Claude Mermoud, en conferencia de prensa, el pasado martes 18 de enero.
No al uso de la fuerza
El representante del gobierno cantonal dio cuenta de la decisión de evitar las medidas de fuerza con las personas más vulnerables… “El Consejo suspende las medidas coercitivas para las familias con hijos, las mujeres kosovares solas o procedentes de Sebrebnica”.
… y de un nuevo respiro: “el Gobierno evaluará el caso en tres meses a fin de medir los efectos de sus decisiones”.
Asimismo, exhortó a las organizaciones y personas comprometidas con la causa de los solicitantes de asilo a participar en el proceso de acompañamiento al retorno, para el que lanzó una novedosa propuesta de “apadrinamiento”.
El llamado fue acogido de distintas maneras. Para el diputado Christiane Jaquet-Berger, el Gobierno cantonal sólo busca el aval de otros sectores para proceder a la expulsión. Empero, representantes eclesiásticos estimaron que es inminente tomar parte en el proceso.
Fe, esperanza y… solidaridad
Las Iglesias Católica y Protestante lamentaron que sus propuestas no hubieran sido atendidas en su totalidad, pero reconocieron “los avances en dirección del tratamiento digno y humano de esas situaciones y la consideración –aunque fuese de manera parcial- de las exigencias del Evangelio”.
Las entidades cristianas respondieron favorablemente al llamado de las autoridades. “Las Iglesias están dispuestas a utilizar todos sus medios, en Suiza y en los países de origen de los solicitantes de asilo, para aportar toda la asistencia requerida a aquellos que deberán volver”, destacaron en un comunicado.
En entrevista con swissinfo, representantes de ambas instituciones coincidieron en que el plazo de tres meses podría abrir nuevas posibilidades e instaron a todos los interlocutores pertinentes a participar en las discusiones propuestas por las autoridades. (En más sobre el tema: Mientras haya diálogo habrá esperanza).
Una muestra masiva de adhesión
El movimiento de las personas que intentan establecerse definitivamente en Suiza por la vía del asilo ha generado una gran solidaridad entre la población suiza. En forma previa a la decisión del Consejo cantonal, las Iglesias Cristianas exhortaron a su feligresía a participar en un ayuno de tres días en favor de la causa de sus hermanos extranjeros.
Más de 200 personas respondieron al llamado solidario y más de medio millar se congregaron en la Catedral de Lausana el domingo 16 de enero para poner fin al movimiento con una celebración ecuménica en la que los parroquianos unieron sus oraciones por una respuesta positiva de parte de las autoridades. Una respuesta que no ha llegado:
El martes siguiente, entre la consternación y el desencanto, los afectados recibieron la noticia.
Se trata, en su mayor parte, de ciudadanos de la otrora Yugoslavia que la guerra obligó a expatriarse. Muchos de ellos han pasado más de una década en Suiza, donde hallaron la paz que les escamoteó el destino. Aquí han visto crecer a sus hijos, aquí laboran, aquí forjaron las ilusiones para el mañana…
“El Consejo de Estado les invita encarecidamente a inscribirse en los programas de ayuda al retorno voluntario”.
Pese a las advertencias
La medida se produce a despecho de las advertencias de diversos organismos internacionales, incluidos Amnistía Internacional y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) sobre los riesgos que persisten en algunas de las regiones de procedencia de los expatriados.
“La situación en Kosovo es extremadamente frágil, sobre todo para las minorías. Esa fragilidad quedó ampliamente demostrada con la erupción de violencias interétnicas en marzo del 2004. Implica mucha prudencia en el marco de las repatriaciones”, aseguró el responsable del ACNUR para Suiza y Liechtenstein, Olivier Delarue, en entrevista publicada por el diario ’24 Heures’ el sábado 15 de enero.
Por su parte, la sección suiza de Amnistía Internacional dio cuenta de su satisfacción con respecto a las medidas acordadas para las personas de mayor vulnerabilidad, pero lamentó que su aplicación no fuera generalizada y ratifico su temor por los riesgos que pudieran correr las personas repatriadas.
“Más allá de la decepción”
Yves Sancey, de la Coordinación de Asilo, considera que la decisión de las autoridades “es una enorme decepción” y el plazo de tres meses no representa sino un breve respiro.
Para él, sólo hay una solución: que los solicitantes puedan quedarse en Suiza “Su vida está aquí. No podemos regresarlos. Su vida está en juego”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Christiane Jaquet-Berger: “Mi sentimiento va más allá de la decepción. El Gobierno no tiene la conciencia tranquila, busca la caución de las Iglesias y de los partidos políticos para aplicar las repatriaciones”.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
En virtud de los regresos voluntarios y las recientes regularizaciones, el grupo de los solicitantes de asilo rechazados, que era de 523 personas, se redujo a 378.
Ese total incluye a 60 solteros, la mitad de los cuales podrían ser obligados a volver a su país en las próximas semanas.
El Consejo del Estado de Vaud suspende la expulsión forzada de los sectores más vulnerables de los solicitantes de asilo: familias con niños, mujeres kosovares solas o precedentes de Srebrenica.
Otorga asimismo un plazo de tres meses para reevaluar la situación de los refugiados.
Confirma sin embargo su decisión de repatriar al total de solicitantes de asilo y de abandonar su postura de “excepción” (mayor apertura) con respecto al resto del país.
La decisión de las autoridades es recibida con una gran decepción por parte de sectores de la izquierda y entre los movimientos de solidaridad con los refugiados.
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