La política de información del gobierno en tela de juicio
En Suiza, el gobierno opina sobre los temas que se someten al voto popular. Un comité considera que se trata de propaganda y lanzó una iniciativa para limitar la política de información de las autoridades.
El electorado decide en las urnas el 1° de junio si apoya esta iniciativa. Desde hace varios años, la derecha extrema critica la política de información de las autoridades. Le reprocha que utilice el dinero de los contribuyentes para presentar los temas sometidos a voto de modo unilateral. En suma: de hacer propaganda.
Ante este malestar, un comité denominado ‘Ciudadanos para los ciudadanos’ lanzó la iniciativa ‘soberanía del pueblo sin propaganda gubernamental’ para poner fin a esa forma de información por parte del gobierno. Sus adversarios la han bautizado con el evocador adjetivo de ‘iniciativa de bozal’.
Información breve y única
La iniciativa solicita que tanto el gobierno federal como sus oficinas se abstengan de toda actividad de información y de propaganda. No deberán intervenir en los medios ni participar en manifestaciones relacionadas con un escrutinio.
En opinión de los autores de la iniciativa, el ministro a cargo del tema discutido en las urnas debe limitarse a una información breve y única sobre la materia. Por lo demás, el gobierno debe abstenerse de financiar, organizar y apoyar campañas de información y de propaganda.
Lo único aceptable, si la iniciativa se aceptará el 1° de junio, sería el folleto explicativo del gobierno sobre los temas que se someten a escrutinio. Cabe decir que el gobierno envía a cada ciudadano suizo una semanas antes de la cita a las urnas, un sobre con la boleta para el sufragio y documentación impresa explicando la iniciativa que se vota, los argumentos de sus precursores y del gobierno mismo.
Contraproyecto indirecto
Durante el debate sobre esta iniciativa en el seno del legislativo, la Unión Democrática de Centro (UDC/ultraderecha) fue el único de los cuatro mayoritarios en el Parlamento en apoyarla. Por lo que el texto fue rechazado de tajo. Pero los parlamentarios aceptaron una iniciativa parlamentaria del radical Didier Burckhalter sobre el tema.
Ésta difiere radicalmente de la iniciativa popular en un punto: el contraproyecto inscribe en la ley la obligación del gobierno de informar a la población.
Debe informarse “exhaustiva, continua, transparente y objetivamente”. Nada nuevo, por cierto, visto que esas reglas ya figuran en las directivas administrativas.
El contraproyecto contiene, sin embargo, una innovación. El gobierno no podría ya defender durante una campaña de votaciones una posición distinta a la de la mayoría parlamentaria, si fuera aprobado por la ciudadanía.
El mismo argumento
Decepcionado por ese contraproyecto, el comité ‘Ciudadanos para los ciudadanos’ decidió mantener su iniciativa. El gobierno y prácticamente todos los partidos se inclinan por rechazarla en las urnas, pues consideran esencial que el gobierno conserve su libertad de expresión. “La iniciativa es incluso peligrosa, puesto que, si fuera aceptada, las autoridades no podría reaccionar durante las campañas ante las votaciones, en el caso de que hubiera lugar a rectificaciones”, declara Didier Burckhalter.
A juicio del senador radical, la voz del gobierno aporta un esclarecimiento particular en el debate político, puesto que su voz es neutra, colegial y por encima de los partidos. “El gobierno tiene una visión que no es aquella de los clanes partidistas”, juzga Didier Burkhalter.
No obstante, ese mismo argumento –la independencia del gobierno con relación a los partidos- lo emplean los partidarios de la iniciativa. “El gobierno debe estar más arriba de los partidos y su papel no es el de figurar entre los componentes de la formación de la opinión pública”, declara Oskar Freysinger.
Este diputado de la UDC precisa su razonamiento: “A partir del momento en el que hace campaña, el gobierno se convierte en una de las partes del debate político. Utiliza el dinero de los contribuyentes para finalmente oponerse a la opinión de una parte de ellos. No solicitamos que el gobierno calle, sino que tenga el derecho de abstenerse.”
swissinfo, Olivier Pauchard
(Traducido del francés por Patricia Islas Züttel)
Uno de los puntos contenidos en la iniciativa parlamentaria de Burckhalter ya ha sido aplicado.
Se trata de aquel que subraya que el Ejecutivo no puede defender un punto de vista distinto al del Legislativo.
Durante la presentación de las recomendaciones del gobierno sobre los temas sometidos a voto el 1° de junio, el ministro del Interior, Pascal Couchepin, encargado de la cartera de salud, entre otras, defendió el ‘sí institucional’ al artículo constitucional sobre la salud. Inicialmente, el gobierno no se mostró favorable a ese artículo, aceptado por el Parlamento.
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